Naciones Unidas y el negacionismo del lobby taurino
A finales de este mes de enero ha tenido lugar en Ginebra el examen de España por parte del Comité de los Derechos del Niño (CDN) de Naciones Unidas, enmarcado en el séptimo ciclo de revisión y como mecanismo de seguimiento de aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño en el país. Hay que recordar que la ratificación de los llamados “tratados internacionales” se enmarca dentro de la propia normativa española, tal y como resalta la Constitución y una norma específica promulgada en 2014.
Esto viene a significar que la Convención Internacional de los Derechos del Niño (CIDN), firmada por España en la década de los 90, debe incorporarse como base en cualquier norma que pueda tener afectación sobre los y las habitantes hasta los 18 años de edad. Así, es habitual ver como la CIDN o el CDN se mencionan en preámbulos de normas sobre infancia y adolescencia de carácter estatal, como la LOPIVI, o en leyes autonómicas, como en Aragón o Castilla y León.
Siguiendo el procedimiento fijado por la ONU, que establece el formato y las fechas de registro, Fundación Franz Weber fue una de las organizaciones de la sociedad civil que presentó al Comité informes sobre la materia que comentamos. Un total de tres documentos donde se relatan acciones muy diversas: Promociones de entrada de niñas y niños a corridas de toros, participación directa en escuelas taurinas o incluso contextos de especial gravedad, desde cogidas a menores en encierros al acoso sucedido en alguna escuela taurina, de carácter escolar y sexual.
Estas sesiones del Comité de los Derechos del Niño con los países parte de la Convención se constituyen como un “diálogo interactivo”. Esto implica no un examen unidireccional, sino una fórmula donde los 18 miembros pueden preguntar sobre aspectos genéricos o situaciones concretas, y aquí quiero destacar la amplísima delegación del Gobierno español, con representantes de la práctica totalidad de ministerios y la Abogacía del Estado, que muestra la preocupación por el examen y la revisión de España ante este organismo de Naciones Unidas.
Las preguntas se sucedieron y la tauromaquia fue mencionada hasta en cuatro ocasiones por parte del grupo de trabajo. El miembro Bragi Gudbrandsson recordó la existencia de una recomendación específica sobre la presencia de menores en la tauromaquia, publicada en 2018, en la anterior revisión de España. Sí, es evidente que desde ese año no se ha cumplido. Más bien al revés, la promoción por parte de gobiernos autonómicos de la presencia y participación de menores ha sido casi sistemática y pone sobre la mesa el “negacionismo” que comparten con el lobby taurino.
Otra de las intervenciones destacadas fue de Rinchen Chophel, quien advirtió de la existencia de abundante trabajo científico que relaciona estas violencias con posteriores impactos negativos sobre los y las menores. Suzanne Aho, que llegó a ser ministra de Salud en su país, señaló la paradoja de que existan en España normas sobre contenidos audiovisuales y menores, pero que estos mismos puedan acceder a los llamados “centros de formación de la tauromaquia”, es decir, las escuelas taurinas.
La intervención más extensa sobre la materia fue de Timothy P. T. Ekesa, que repreguntó a la delegación española sobre las escuelas taurinas, y sobre si dichas participaciones se producen sin presiones culturales o económicas, entre otros aspectos.
Esto es muy importante. La participación de niñas, niños y adolescentes se produce en contextos de acompañamiento estricto de personas adultas: desde su círculo familiar, que ayuda a banalizar la violencia, hasta los poderes públicos, que intentan ofrecer una cobertura económica y legal para las escuelas de tauromaquia. Los menores aprenden, en privado, a utilizar elementos cortopunzantes y después “testan” en público sus habilidades en las denominadas “clases prácticas”.
Se trata de un acceso temprano a la violencia, que algunos justifican como libertad de educación o cultural, aunque nada más lejos de la realidad. El Comité de los Derechos del Niño recordó que la protección de estos grupos vulnerables se produce por encima de cualquier política pública de patrimonio cultural, esto es, que el interés superior del menor prevalece sobre una norma que considere la tauromaquia “cultura”, “costumbre” o “tradición”.
Ahora estamos leyendo y escuchando a próceres del lobby taurino. Los empresarios claman; un grupúsculo de Francia vomita resoluciones internacionales, sin tener en cuenta la posición original de Naciones Unidas; otros mezclan violencias o incluso se atreven a decir que los miembros del CDN “no conocen la tauromaquia”. Un argumento bien absurdo, atendiendo al formato de diseño de todos los Comités de Naciones Unidas y al sistema de elección particular en forma de representación continental.