El Congreso de los Diputados inició el pasado jueves el trámite parlamentario del Proyecto de Ley de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, que atribuye al Estado la potestad para declarar los bienes y manifestaciones que forman parte de ese patrimonio en detrimento de las legislaciones autonómicas como la que permitió en Catalunya la abolición de las corridas de toros.
El proyecto prevé la inclusión como bienes del Patrimonio Cultural Inmaterial “los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos, reconozcan como parte integrante de su Patrimonio Cultural” y, en particular: tradiciones y expresiones orales, incluidas las lenguas y las particularidades lingüísticas como vehículo del patrimonio cultural inmaterial; artes del espectáculo; usos sociales, rituales y actos festivos; conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo; técnicas artesanales tradicionales; elaboraciones culinarias y alimentación; y aprovechamientos específicos de los paisajes naturales“.
Establece que corresponde a la Administración General del Estado “garantizar la conservación del patrimonio inmaterial español, así como promover el enriquecimiento del mismo y fomentar y tutelar el acceso de todos los ciudadanos a sus diferentes manifestaciones”. También atribuye al Estado la elevación a la Unesco de las propuestas para incluir esos bienes en la Lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y en la lista de bienes que requieren Medidas Urgentes de Salvaguardia.
La Administración General del Estado, dice el texto, tendrá competencias para declarar la protección y adoptar medidas de salvaguardia respecto de los bienes del patrimonio cultural inmaterial en los que concurra alguna de las siguientes circunstancias: cuando superen el ámbito territorial de una comunidad autónoma y no exista un instrumento jurídico de cooperación entre ellas para la protección integral; cuando lo solicite la comunidad autónoma donde tenga lugar la manifestación, previa petición de la comunidad portadora del bien; cuando la consideración en conjunto del bien objeto de salvaguardia requiera para su específica comprensión una consideración unitaria de esa tradición compartida, más allá de la propia que pueda recibir en una o varias comunidades autónomas; cuando tenga por objeto aquellas manifestaciones culturales inmateriales que, en su caso, puedan aparecer asociadas o vinculadas a los servicios públicos de titularidad estatal o a los bienes adscritos al Patrimonio Nacional; cuando el bien posea una especial relevancia y trascendencia internacional para la comunicación cultural, al ser expresión de la historia compartida con otros países“.
Varias de estas circunstancias podrían alegarse en el caso de las corridas de toros en Catalunya, o en el de festejos basados en la tortura de animales que distintos municipios de España van erradicando. Y en esos supuestos, añade el proyecto, bastaría un Real Decreto para declararlos Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial. Por si quedara alguna duda, la disposición final quinta precisa que lo establecido en la ley “se entiende, en todo caso, sin perjuicio de las previsiones contenidas en la Ley 18/2013, de 12 de noviembre, para la regulación de la Tauromaquia como patrimonio cultural”. Precisamente era una disposición de aquella ley la que emplazaba a legislar sobre el patrimonio cultural inmaterial, y en ello se basa el Gobierno para hacerlo ahora.
El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, defendió en la tribuna el proyecto y expresó su deseo de que sea objeto “de mayor consenso posible”, para lo cual se mostró dispuesto a aceptar enmiendas parciales de los grupos siempre que su contenido sea “compatible con el mantenimiento de los objetivos generales de la ley”.
El Gobierno justifica la necesidad de esta ley por la “extensión” del concepto de bien cultural inmaterial “en los últimos decenios”. Sin embargo, la exposición de motivos la vincula con la ley que regula la tauromaquia como patrimonio cultural, aprobada en noviembre de 2013, y que emplazaba a legislar sobre patrimonio cultural inmaterial.
Wert alegó, además, que las comunidades autónomas han legislado en este ámbito y la Unesco lo hace en el nivel supranacional, mientras que el Estado carece de un instrumento que permita “decidir y operar” esa salvaguardia. A partir de ahora, explicó, el Estado podrá declarar como manifestaciones representativas del patrimonio cultural inmaterial distintos tipos de expresiones de ese patrimonio.
La ley autoriza además al Gobierno para refundir el texto con el de la Ley de Patrimonio Histórico Español, aprobada en 1985 y que no incluye el inmaterial, para dar “coherencia” a su protección y hacerlo de forma “unitaria y armónica”.
A pesar de que la ley atribuye al Estado la declaración de esas manifestaciones como Patrimonio Cultural Inmaterial, Wert reiteró que “en modo alguno” pretende suplir las competencias de las comunidades autónomas, y que el contenido se ha redactado “desde el más escrupuloso respeto” a los preceptos constitucionales.
Contra el proyecto se presentaron cinco enmiendas de totalidad que pedían su devolución al Gobierno, pero todas ellas fueron rechazadas con los votos del PP, UPyD, y el diputado de Foro Asturias.
Una de las enmiendas era del PSOE, y su portavoz, Antonio Meijón, juzgó esta ley “innecesaria” y “prescindible” porque “no responde al sentir mayoritario” de la sociedad española actual. Aunque cree que existen “puntos para posibles acuerdos” y considera procedente legislar sobre la materia, no considera necesaria una ley específica y abogó por una mera reforma de la ley de 1985 sobre Patrimonio Histórico. Meijón expresó sus reservas sobre la supuesta voluntad de consenso del Gobierno ya que, hasta ahora, no ha habido diálogo posible ni siquiera sobre los plazos de presentación de enmiendas.
También CiU presentó enmienda de totalidad, y su portavoz, Montserrat Surroca, denunció la “extralimitación de competencias” con la que el texto vulnera la Constitución y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. “Corresponde a la Generalitat la competencia exclusiva en materia de cultura”, de acuerdo con el Estatut y con jurisprudencia, y la competencia del Estado es únicamente subsidiaria en casos muy determinados.
Surroca se fijó especialmente en los artículos que habilitan la intervención del Estado en detrimento de las comunidades autónomas. Por ejemplo, explicó, una comunidad tendría que aceptar la protección en su territorio de manifestaciones que son ajenas a su idiosincrasia y que no han tenido arraigo. “Sospechamos, y de forma fundamentada, aunque sea negado por el Gobierno, que el proyecto pretende imponer nuevamente la tauromaquia en territorios cuyo parlamento ha decidido excluir claramente dicha práctica”, concluyó.
En nombre de las formaciones que componen el Grupo de La Izquierda Plural (IU, ICV-EUiA, Cha), Ascensión de las Heras tachó el proyecto de “impositivo y centralizador” por ir mucho más allá de lo que hubiera sido comprensible: una ley básica para mejorar las deficiencias normativas generadas por las legislaciones autonómicas a partir de la ley estatal de Patrimonio Histórico de 1985. Lo que no es admisible, dijo, es un “engendro ininteligible” al que faltan las habilidades necesarias en esta materia: “el cuidado, el mimo y el esmero del encaje de bolillos”.
Acusó al Gobierno de intentar imponer una “unidad nacional” a lo que es la diversidad cultural existente en España, “secuestrar para mayor gloria de sus intereses ideológicos” una riqueza que es intangible, “robar y adueñarse de lo que pertenece al mundo de los sentidos y de los sentimientos”, y hacerlo además en un texto que “emana un tufillo de patriotismo mal entendido y un marcado sesgo mercantilista”.
La puesta en escena de celebraciones o manifestaciones colectivas “impuestas por motivos ideológicos y con fines mercantilistas”, advirtió, dejarán de ser patrimonio cultural en el momento en el que se separen del sentimiento de los ciudadanos. No se puede imponer “por la puerta de atrás” una tradición basada en el maltrato animal, dijo Ascensión de las Heras, y que genera polémica en amplios espectros de la sociedad. En España, subrayó, siguen existiendo “tradiciones y espectáculos sangrientos, como es el toreo” que no generan unidad en cuanto a la identificación de los ciudadanos sino “división y enfrentamiento”, y eso hace “imposible” su inclusión en el listado de la Unesco.
Joan Tardà defendió la enmienda de ERC y denunció la “perversidad política” con la que el Gobierno busca solo levantar la prohibición de las corridas de toros. “Qué casualidad”, ironizó, que toda la legislación estatal sobre esta materia llegue después de aquella decisión del Parlament.
Tardà comparó a Wert con el escorpión de la fábula que pica a la rana mientras ésta le lleva a la otra orilla para no morir ahogado. “Va con su ADN”, le dijo, “morir matando, morir españolizando”, y no se da cuenta de que el debate está perdido en España y en la comunidad internacional, donde más de cien organizaciones de 29 países se han pronunciado contra la tauromaquia. Aquella decisión “les provoca urticaria”, dijo a los diputados del PP, pero “se van a fastidiar”, porque se tomó democráticamente “y a la democracia no la van a derrotar”. De hecho, apuntó, lo que une en Catalunya a los independentistas y a buena parte de los que no son es que todos “estamos hartos y asqueados de escorpiones”.
En Galicia también avanza la corriente abolicionista de las corridas de toros, y Rosana Pérez, del BNG, defendió su enmienda a la totalidad contra el intento del Gobierno de “españolizar a todos los ciudadanos” saltándose para ello la Constitución y varias sentencias del Tribunal Constitucional según las cuales el Estado solo puede legislar sobre esta materia “en casos excepcionales”.
Denunció que en el proyecto no se aprecia colaboración, coordinación ni respeto, solo “imposición” a las comunidades autónomas, “exigencia” e incluso “abuso”, para defender la tauromaquia “a toda costa, por encima de decisiones contrarias que ya existen y por encima del arraigo o no que esa barbarie tenga en cada sitio”. Si el objetivo es que la tauromaquia sea “incuestionable patrimonio cultural inmaterial”, sentenció, “dará igual lo que tengan decidido” las comunidades autónomas porque primará la legislación estatal.
Joseba Agirretxea, del PNV, precisó que su grupo no presentó enmienda de totalidad por un problema técnico, pero comparte los argumentos de quienes lo hicieron y se considera por ello “moralmente enmendante”. La prueba de que el objetivo último es proteger la tauromaquia, dijo, es que cuando algún portavoz denunció el intento de que las comunidades autónomas no puedan legislar sobre ello, el presidente de la Comisión de Cultura (Juan Manuel Albendea, del PP) “decía que sí” desde su escaño.
UPyD fue el único grupo parlamentario que rechazó junto al PP las enmiendas de totalidad, y su portavoz, Toni Cantó, se centró en pedir al Gobierno que entre “en serio” en el asunto competencial pero no en “estas cositas pequeñas” sino en las que alteran de verdad la igualdad de los ciudadanos al margen de su lugar de residencia. Criticó las tesis de quienes consideran que lo español es en sí mismo malo y lo catalán, vasco o gallego es bueno, o creen que un Estado centralista es de derechas y uno descentralizado siempre de izquierdas. Pese a rechazar las enmiendas, cree que el proyecto es un “mero ejercicio propagandístico” que no incluye medidas concretas más allá de las ya vigentes, y alertó de que hay otras leyes más urgentes, por ejemplo para preservar el patrimonio artístico.
En nombre del PP, Juan de Dios Ruano celebró el “gran día para la cultura y para todo aquello que tenemos en común”. Un día “triste”, añadió, para quienes desde la izquierda nacionalista se sienten “satisfechos silenciando todo aquello que nos une y magnificando lo que creen que nos separa” o quienes desde el nacionalismo convencional creen que la cultura “se puede limitar y confinar en una parcela territorial de la que, nos cuentan, ya se encargan ellos”. También para los socialistas, a los que reprochó que defiendan ahora una “ligera modificación” de una ley de 1985 que ellos no hicieron.
Una vez superadas las enmiendas de totalidad, el proyecto sigue su curso en el Congreso de los Diputados y en el Senado, donde será sometido al debate y votación de enmiendas parciales al articulado para su posterior aprobación definitiva.
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