Oramas reclama al Gobierno central medidas urgentes para afrontar la crisis del plátano
La diputada de Coalición Canaria-PNC, Ana Oramas, ha registrado en el Congreso de los Diputados una Proposición No de Ley (PNL) en la que se pide “al Gobierno del Estado que ponga en marcha una batería de medidas para la defensa del plátano canario, entre las que destaca la ayuda al transporte para este sector”.
Según un comunicado de la organización, la iniciativa demanda al Ejecutivo que emprenda las actuaciones necesarias para la persecución del fraude agroalimentario que supone la venta de banana como Plátano de Canarias y que abra negociaciones con el Reino de Marruecos para lograr una exención a la aplicación de aranceles de aduana para la entrada de plátanos de Canarias en ese país.
Oramas recuerda que “España es el país más importante en cuanto a producción europea de plátano, con más del 55 por ciento, y que el Real Decreto 362/2009, de 20 de marzo, sobre compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías no incluidas en el anexo I del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, con origen y destino en las Islas Canarias, abría la puerta a que el Gobierno de España abonara el coste del transporte del plátano desde Canarias hasta la Península en un porcentaje mínimo del 50 por ciento”.
“Sin embargo”, denuncia Oramas, “siete años después sigue sin ponerse en marcha esta medida, a pesar de la difícil situación que vive este cultivo, fundamental para muchas familias de las Islas, como consecuencia del acoso al que está sometido por los Acuerdos de Asociación de la Unión Europea con países de Centro y Sudamérica y dada la fuerte competencia de las bananas de países ACP, que entran en Europa libres de aranceles y que comprometen el futuro de un producto único e identitario, vital en la economía, el empleo y la cultura de Canarias”.
La diputada señala que esta petición está avalada por “numerosos pronunciamientos favorables en instituciones europeas, nacionales y canarias. Iniciativas, proposiciones y propuestas de resolución aprobadas en Bruselas, Madrid y Canarias que, sin embargo no han surtido efecto alguno”.
