Marejada en la Consejería de Pesca del Gobierno canario por subvenciones sin justificar a la Federación de Cofradías
La Consejería de Pesca del Gobierno de Canarias, en manos de Coalición Canaria-Agrupación Herreña Independiente, llega al final de su mandato con las aguas revueltas. Fuentes sindicales aseguran que el jefe de Servicio de Desarrollo Pesquero ha pedido una baja médica de larga duración tras sufrir “presiones” de la dirección del área para que concediera subvenciones a la Federación Regional de las Cofradías de Pescadores, creada en la legislatura 2015-2019, sin que las previamente concedidas a dedo estuvieran justificadas. Ante su ausencia, un funcionario interino, sobrino de un alto cargo de Coalición Canaria, ha asumido sus labores.
Los pagos a la Federación Regional de las Cofradías de Pescadores, presidida entonces por el herreño Fernando Gutiérrez (dimitió de esta función hace pocas semanas), se autorizaron en 2015 en un Consejo de Gobierno. Mediante procedimiento nominativo (subvenciones a dedo), se acordó destinar 100.000 euros anuales a la entidad, de 2015 a 2019. La primera subvención se concedió en 2016, pero en 2017 se justificaron solo 69.000 euros.
Aun así, el Ejecutivo regional le otorgó nuevamente otros 100.000 euros en 2017, sin reclamar el reintegro de los 31.000 restantes. En 2018, el herreño Narvay Quintero, consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, publicó la orden para conceder otros 100.000 euros a la entidad presidida por el también herreño Fernando Gutiérrez, sin que hubiera estado justificado el dinero recibido el año anterior y contradiciendo su propia orden.
La defensa legal de este expediente por parte de la Federación Regional de Confradías corre por cuenta de un bufete del sur de Tenerife Sáenz & Mesa Abogados, una entidad en la que el actual viceconsejero del Sector Primario, Abel Morales (abogado de profesión), ha reconocido que trabajó, aunque afirma que no lo hace desde el año 2005.
El jefe de Servicio de Desarrollo Pesquero, Jesús Sancho, se negó entonces a autorizar una nueva subvención a la federación de cofradías en tanto no estuviera justificada la partida del año anterior. Según las mismas fuentes sindicales, el funcionario acabó pidiendo la baja ante las presiones sufridas por parte de responsables sin especificar del área de Pesca. La consejería ha negado estas afirmaciones, si bien reconoce que ese funcionario sí está de baja de “larga duración” y, aunque no se ha contratado a otra persona para el mismo puesto, ha reconocido que sus labores las está desempeñando un funcionario interino “sin ninguna contraprestación” añadida y “sin tener en su categoría profesional reconocido ese puesto”.
Se trata de Manuel Alejandro Perera Candil, sobrino de Francisco Candil, exviceconsejero de Políticas Sociales y Vivienda y actualmente concejal por Coalición Canaria-Unidos por Gran Canaria en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. El funcionario, además, estuvo inscrito en la lista de CC- Unidos por Gran Canaria al Ayuntamiento de Telde.
Perera Candil “está sacando los expedientes porque hay que seguir haciendo esta labor hasta que vuelva el titular”, dicen desde la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, pero esto no conlleva “ni un aumento de su sueldo ni se le reconoce la categoría de jefe de Desarrollo Pesquero”. “Está haciendo un favor”, manifiestan.
Tanto la consejería como la Federación Regional de las Cofradías de Pescadores han confirmado que Fernando Gutiérrez dimitió de la Presidencia de la entidad en abril; las elecciones de este organismo tendrán lugar después de las provinciales, ya convocadas y que, como máximo, se tendrán que celebrar 50 días naturales después del 10 de agosto de 2019.
Gutiérrez está acusado de un presunto delito continuado contra los recursos naturales y el medio ambiente, por el que la Fiscalía le pide cuatro años de cárcel. En la misma causa están imputados al menos dos ex cargos públicos de AHI-CC en el Cabildo de El Hierro. Además, su nombramiento al frente de la Federación Regional provocó un cisma entre las cofradías provinciales, dado que la de Las Palmas decidió que no quería formar parte de la regional por discrepancias insalvables, tanto con sus estatutos como con su presidente, llegando incluso a pedir su dimisión y la del consejero de Pesca.
