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Canarias solo explota un tercio de todo su suelo apto para el uso agrario

Parcela sembrada de papa en los altos de La Orotava, en el barrio de Benijos

El Diario Agrícola

Santa Cruz de Tenerife —

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias ha comenzado las reuniones con organizaciones, colegios profesionales, cabildos y municipios para redactar de forma conjunta las directrices de ordenación del suelo agrario (DOSA).

El Gobierno autonómico busca a través de este documento la promoción y protección de las actividades agrarias tradicionales, así como la conservación de los suelos de interés agrario en las islas.

El consejero Narvay Quintero asegura que la intención es que “el sector gane peso en la economía de las islas y genere nuevas oportunidades de negocio y empleo”.

En el archipiélago, de las 140.000 hectáreas de superficie agraria útil, solo se cultivan unas 44.000, por lo que la intención es dar uso agrario al suelo que no se aprovecha. 

Para que todos los agentes que tienen alguna vinculación con el desarrollo del suelo agrario estén representados en las DOSA, la Dirección General de Agricultura ha comenzado esta semana una serie de encuentros para coordinar esa participación “y lograr que sea efectiva”, según ha informado el responsable de esta área, César Martín. 

Se han mantenido encuentros con organizaciones y colegios profesionales del sector, cabildos insulares y la Federación Canaria de Municipios (Fecam) “con el objetivo de establecer mesas de trabajo que permitan afrontar todas las variantes de estas directrices e introducir aquellas opiniones que permitan que el documento definitivo sea fruto del trabajo de todos”, ha indicado Martín. 

Las directrices de ordenación deben definir criterios de clasificación y categorización de los suelos agrarios detectados por el mapa de cultivos de Canarias, así como de proporción y adecuación de usos, actividades y construcciones complementarias.

La redacción de estas directrices y su aprobación, según indica una nota de la Consejería, tiene un plazo de 30 meses e incluye al menos cuatro periodos de consulta pública, además del proceso de debate y colaboración que ya se ha iniciado.

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