En el caso de la planta a instalar en Arinaga, una vez más el Gobierno canario actúa al margen del Cabildo insular de Gran Canaria, de los municipios afectados y de los hombres y mujeres que habitan en la zona, imponiendo un proyecto que suscita el rechazo de instituciones y ciudadanía, expresado en numerosas ocasiones. Al respecto, hay que recordar el acuerdo del pleno del Cabildo insular, que en junio de 2006 se posicionó, por mayoría absoluta, en contra de su instalación en Arinaga, y a favor de una planta en alta mar (off-shore). Así como el acuerdo del pasado mes de enero en el que se instaba al Gobierno de Canarias a buscar una solución negociada junto al Cabildo y los ayuntamientos en la entrada del gas.No se cuenta con la Corporación insular, que es la responsable del Plan territorial del que carece la posible planta, que tampoco dispone de la imprescindible declaración de impacto medioambiental. Por tanto, la convocatoria realizada por la empresa pública Gascan para la fabricación de una planta de regasificación en Arinaga genera inseguridad jurídica e indefensión entre los ciudadanos de la comarca y entre los propios inversores.Tras la publicación del referido concurso, la Mancomunidad del Sureste, integrada por los municipios de Agüimes, Ingenio y Santa Lucía, reafirmó su rechazo a la construcción de la planta de regasificación de gas natural licuado en Arinaga. Lo hacen, como han venido haciéndolo durante todo el proceso, de forma argumentada y desde la defensa de la seguridad de las personas y la protección del territorio y el medio ambiente. Estamos hablando de una comarca con más de 120.000 habitantes, con relevante crecimiento económico y poblacional, en la que se instalaría esta central energética a escasos metros de núcleos habitados. Lo que introduce evidentes riesgos que es preciso evitar. Porque lo primero es la seguridad y el bienestar de las personas.La Mancomunidad ha venido expresando reiteradamente su convicción de que existen otras alternativas para diversificar y hacer más sostenible nuestro modelo energético, del que esos municipios son vivo ejemplo del avance consecuente hacia un modelo energético sostenible. Y, asimismo, ha señalado que en el caso de que el gas fuera considerado imprescindible, hay condiciones para la instalación de la planta regasificadora en el mar, como ya ocurre en distintas partes del mundo. Pero el nuevo Gobierno de Canarias parece repetir los errores del anterior, desoyendo el parecer de los ciudadanos y de sus representantes, al tiempo que siendo incapaces de reflexionar y plantear un modelo energético con presente y futuro. El sistema energético canario tiene en estos momentos graves problemas, que hemos venido denunciando, entre ellos la ineficiencia y nuestra dependencia exterior, el galopante aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero (más de un 70% de aumento de CO2 en la última década) provocando el incumplimiento del Protocolo de Kyoto; y nuestro importante déficit en el aprovechamiento de las fuentes de energías renovables, a pesar de nuestras condiciones climáticas favorables.Estos días manifestamos nuestra preocupación por la sorprendente decisión del Gobierno central de modificar el Real Decreto 661/2007, reduciendo de 12 a 6 meses el plazo para la construcción de las plantas fotovoltaicas proyectadas, lo que podría dejar a Canarias a la cola de las comunidades en la producción de energía limpia. Reclamamos al Ejecutivo central el mantenimiento de los plazos establecidos en el citado Real Decreto, e incluso su ampliación. Al final, el Gobierno estatal rectificó, afortunadamente, su pretensión de acortar los plazos. Mediante el sustento del periodo de 12 meses, Canarias puede garantizarse la instalación de 200 kilowatios, lo que contribuirá a una necesaria diversificación energética que reduzca la dependencia de los combustibles fósiles para la producción de electricidad.Expresamos en nuestro programa electoral nuestro compromiso con el inaplazable cambio de modelo energético. Sus ejes deben ser el ahorro y la eficiencia, así como una apuesta por las energías renovables, que solucionan los problemas de las emisiones contaminantes y de la dependencia exterior, fomentando la descentralización del sistema energético. En el programa incluimos medidas para avanzar hacia un sistema energético sostenible, entre ellas la mejora del Plan Energético de Canarias, estableciendo un plan de choque de ahorro y eficiencia energética, así como otras destinadas a superar el actual estancamiento de la potencia instalada en energías renovables. Y planteamos la necesidad de crear un sistema de beneficios fiscales para las empresas que utilicen energías renovables; apostando de manera decidida en favor de las mismas, con el fin de acercarnos al objetivo establecido por la UE de un 12% de consumo de energías renovables en el 2010. Igualmente, proponemos la elaboración de una Ley Canaria de Energías Renovables, que garantice el control público de las mismas. Se trata de modificar el actual modelo, insistiendo en la apuesta por el incremento de la eficiencia, reduciendo el consumo superfluo y aumentando el peso relativo de las energías renovables, para las que tan buenas condiciones tiene Canarias. Impulsando, en definitiva, una nueva cultura energética que nos permita afrontar los numerosos retos que el siglo XXI nos ofrece en este ámbito.(*) Román Rodríguez es presidente de Nueva Canarias. Román Rodríguez (*)