Canarias 2017, luces y sombras

El año 2017 ha sido muy intenso, plagado de luces y sombras, en la política y en la sociedad canaria. Se han producido avances que es preciso reconocer y que hay que seguir consolidando. También, en el lado negativo, se mantienen situaciones injustas que hay que continuar intentando transformar para alcanzar una comunidad canaria con mayores niveles de equidad y de bienestar social, con un modelo económico sostenible, respetuoso con el territorio y el medio ambiente.

En primer lugar, considero positivo el crecimiento económico pero con un mal reparto de la riqueza y en relación a la generación de empleo, aunque presente, todavía con cifras insuficientes y baja calidad. Asimismo, el enorme avance para el Archipiélago que supuso la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017, en lo que Nueva Canarias (NC), a través de su diputado Pedro Quevedo, jugó un papel muy relevante.

Contribuyendo, mediante la aprobación de la disposición final 19 de los PGE 2017, que Canarias acceda al Fondo de Competitividad del sistema de financiación, al eliminar los recursos tributarios del Régimen Económico y Fiscal (REF) del cómputo de la capacidad fiscal de la Comunidad Autónoma (CAC) para acceder a este fondo. Lo que ha supuesto más de 700 millones de euros de aportación a los presupuestos canarios este año y proyecta 633 millones de euros para los próximos años, procedentes del Fondo de Competitividad del sistema de financiación autonómica y de ingresos finalistas del Estado. Constituyen un punto de inflexión, tras años de maltrato a las Islas. No computando, además, a efectos de la limitación de la regla de gasto establecida para 2018 en el 2,4%.

Logrando, asimismo, que salieran adelante las propuestas de Nueva Canarias sobre el incremento al 75% del descuento en los viajes aéreos y marítimos interinsulares para los residentes, el cien por cien de la subvención en el transporte de mercancías y la suspensión del impuesto al sol. Otro logro significativo es la financiación por el Estado del cien por cien del Programa de opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (Posei) adicional, que beneficia al tomate (que también ve como se aumenta la ayuda a la producción, de 11.000 a 15.000 euros por hectárea cultivada), al sector ganadero y al del vino. Así como mejoras respecto al transporte terrestre.

Además, nuestra decisión de contribuir a desbloquear las cuentas públicas estatales, ha posibilitado que Canarias reciba en 2017 una inversión estatal de 127 euros por persona. Situándose por encima de la inversión media estatal y, por tanto, cumpliendo por primera vez con lo estipulado en el artículo 96 del REF.

Desigualdad

Pero junto a esos avances, nuestra tierra presenta numerosos parámetros negativos. Es el caso de la desigualdad social. Esa generación de riqueza, ese crecimiento del PIB, no se redistribuye adecuadamente. El VII informe El Estado de la Pobreza. Seguimiento del Indicador de Pobreza y Exclusión Social en España 2008-2016 de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español, coloca a Canarias como la comunidad con mayor pobreza en la tasa Arope en 2016. Una tasa que tiene en cuenta los ingresos familiares, las carencias materiales, la baja intensidad del empleo y que es utilizada internacionalmente para conocer los niveles de pobreza y exclusión social. Y la tasa de pobreza severa (hogares con ingresos por persona por debajo de los 342 euros al mes), un 12,6%, duplica la estatal.

Canarias se encuentra en el furgón de cola de las comunidades autónomas con relación a los salarios. Por eso es la más beneficiada por la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Según CCOO, de las 533.000 personas que cobran el SMI en España, más de 170.000, casi un tercio, trabajan en la comunidad canaria. Un dato tan preocupante como escandaloso.

Nuestros servicios públicos, esenciales para combatir la desigualdad, no han logrado superar los daños de las políticas de austeridad y recortes. Evidente en el caso de la sanidad, con las elevadas listas de espera por pruebas diagnósticas y quirúrgicas, los colapsos en las urgencias y las fundamentadas quejas de profesionales y usuarios. La educación tampoco establece las bases para dar el salto de calidad y contribuir a acercarnos a los niveles de formación españoles y europeos. Con carencias en la Formación Profesional, en los idiomas o en la educación infantil de cero a tres años.

Los servicios sociales siguen a la cola del Estado español, según el estudio que elabora la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. A pesar de la mejora de algunos de sus indicadores -cobertura de servicios, gasto por habitante…-continúan siendo los segundos peores del Estado español, con una nota de 3,30 sobre 10, que solo supera a la de la Comunidad Valenciana (2,05).

La sostenibilidad continúa siendo una asignatura pendiente. Se hace un escaso esfuerzo en la mejora del transporte público terrestre. Seguimos con un escaso peso de las energías renovables y se pretende imponer el gas, ya no solo para la producción energética sino también para nuestros pueblos y ciudades, lo que supone un nuevo obstáculo a la implantación de las energías limpias. El empeño del Gobierno en negarse a modular el crecimiento y apostar por más cemento y ladrillo (como facilitan con las leyes del suelo y de las islas verdes), y más cantidad que calidad en el sector turístico, tiene graves consecuencias. Desde los atascos permanentes a los crecientes problemas de los vertidos de aguas sin depurar al litoral, así como los que afectan al acceso a la vivienda.

Canarias cierra el año 2017 con algunos avances significativos, especialmente los que la aritmética parlamentaria ha posibilitado arrancar respecto al trato recibido en las cuentas públicas estatales, así como los que determina una favorable coyuntura internacional. Pero continúa manteniendo un panorama económico y social alejado de la media española y europea, con servicios públicos insuficientes, déficits en la formación de su gente, alto desempleo, bajos salarios, reducidas prestaciones por desempleo y pensiones, elevada pobreza y un modelo de desarrollo poco o nada sostenible, contaminante, sin diversificación económica, que comprometen el presente y cuestionan el futuro.