Contaminante y dependiente

Nos encontramos ante una cruel paradoja. Canarias reúne las condiciones mejores para disponer de un sistema energético autocentrado y basado en las renovables (eólica, solar, mareomotriz, geotérmica). Y, sin embargo, sufre un modelo caracterizado justo por todo lo contrario: gran dependencia y elevada contaminación. Las decisiones que sigue tomando el Gobierno canario lejos de modificar esa penosa realidad la empeora con la implantación de regasificadoras y de macrocentrales de incineración de biomasa.

El sistema energético es esencial para el sistema productivo y para el bienestar colectivo. Por eso, tiene una gran relevancia determinar, planificar y establecer una política adecuada para esta tierra. Sin improvisaciones. Pensando en el interés general y no en los negocios de las grandes empresas del sector.

Lo que tenemos en estos momentos, es, como se sabe, muy dependiente del exterior, donde adquirimos los combustibles fósiles, y altamente contaminante. Un sistema, asimismo, que no destaca por sus niveles de ahorro y eficiencia.

Además, se trata de un modelo muy caro que, de momento, está sometido a la solidaridad del sistema energético español, que transfiere recursos a nuestra comunidad, calculados entre 1.200 millones de euros y 1.300 millones de euros anuales.

Nuestros distintos planes energéticos (los Pecan de 1986, 1990, 2002 y 2007) han fracasado respecto al avance en el peso de las energías renovables autóctonas.

Su implantación es muy escasa. Regiones europeas, con peores condiciones que Canarias, cuentan con niveles de producción de renovables muy superiores. En el sistema continental español hay momentos en que se produce el 40% de la electricidad con renovables. Mientras, en las Islas, nos movemos entre el 7% y el 8%.

En mi opinión, las actuaciones del Ejecutivo canario van en sentido contrario a lo que precisa esta tierra. Promoviendo, por ejemplo, la implantación de regasificadoras en Gran Canaria y Tenerife.

La provisionalidad, el carácter transitorio que señalan algunos en su defensa, se prolongará indefinidamente en el tiempo por las necesidades de rentabilidad de la inversión prevista para su puesta en marcha. Además, si cubres una buena parte de la producción con el gas no habrá lugar para el despliegue de las renovables, cuyo crecimiento se vería bloqueado.

Incineración de biomasa

Ahora, además, se plantean la instalación de macrocentrales de incineración de biomasa que el Gobierno considera “inversiones estratégicas” a pesar de que incumplen la legislación y los informes del propio Ejecutivo. Parecen deslumbrados por proyectos inversores de más que dudoso interés social.

Una de ellas se ubicaría en el centro de la ciudad más poblada del Archipiélago, Las Palmas de Gran Canaria. Todas con elevados riesgos medioambientales y para la salud de las personas, además de los fitosanitarios. Así como continuar con la dependencia del modelo energético y dificultar también la presencia de las renovables autóctonas.

Resulta todo muy incoherente. Canarias es uno de los lugares de la Unión Europea con menos biomasa. Y se pretende montar tres centrales de 70 megavatios, las más grandes de Europa –en Las Palmas de Gran Canaria, Arinaga y Granadilla- a la que se podría sumar otra, asómbrense, en Fuerteventura.

¿Respuesta a los intereses generales de nuestra tierra? Nada de eso. Todo apunta a puro beneficio de empresas externas. Pues aunque la biomasa habría que importarla de Brasil o de otras zonas, lo que supone dependencia y gasto, la retribución de estas centrales (160-170 euros por megavatio) duplica a la correspondiente a la eólica y resulta muy atractiva. Hay mucho negocio.

Auditoría

Nuestro compromiso con las energías renovables es pleno en todas las instituciones en las que gobernamos. Y, asimismo, en el Parlamento de Canarias. Lo hicimos con nuestras propuestas a lo largo de la pasada legislatura. Oponiéndonos a la implantación del gas y apostando decididamente por las energías limpias. Y continuamos en la misma línea en la actual frente a un Gobierno escasamente interesado en modificar su rumbo.

En el Parlamento, desde NC, hemos planteado al Ejecutivo canario que impulse una auditoría independiente del sistema eléctrico canario. Para conocer fehacientemente cuáles son sus auténticos costes de producción y de retribución. En este sentido, resulta curioso que, tras una revisión llevada a cabo por el Ministerio de Industria y Energía, los costes de producción hayan pasado de los 170-180 euros por megavatio a 140 euros.

Una auditoría del sistema eléctrico que nos debe permitir hacer un plan de transición del actual modelo hacia otro basado en las renovables, con un gran acuerdo social.

Considero que el Gobierno de Canarias no puede subordinar las trascendentales decisiones respecto al sistema eléctrico a los intereses exógenos de las grandes empresas.

Un Ejecutivo preocupado por el presente y el futuro de esta tierra debería volcarse en las energías renovables. Para reducir la dependencia externa. Para generar economía y empleo en el sector. Para reducir los niveles actuales de contaminación. Para afrontar los retos del cambio climático. Para contribuir a un modelo de desarrollo sostenible social y medioambientalmente. Para no continuar profundizando en el actual modelo energético caro, dependiente, contaminante e insostenible.