Un debate decepcionante

Zapatero llegaba al debate en el peor momento de sus seis años de gobierno, tras aprobar el 12 de mayo un conjunto de medidas de reducción radical del gasto. Un recorte que echaba por tierra su programa progresista del que tanto ha alardeado, a lo que se suma el divorcio completo con los sindicatos tras aprobar el decreto sobre la reforma laboral y su total aislamiento desde el punto de vista parlamentario.

El debate se ha centrado en dos grandes asuntos: las implicaciones políticas de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña y la defensa del giro de su política económica frente a la crisis a partir de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea del 7 de mayo. Me voy a referir sólo a este segundo tema.

En esta ocasión, Zapatero no ha presentado ninguna nueva propuesta-sorpresa, como sí ocurrió en el debate del año pasado con el anuncio de la elaboración por el Gobierno de un proyecto de Ley de Economía Sostenible, que ahora duerme el sueño de los justos en las Cortes tras sucesivas ampliaciones del periodo de presentación de enmiendas.

En relación con la crisis económica, el presidente se ha limitado a reiterar sus dos prioridades para lo que queda de legislatura: mantener a rajatabla el ajuste fiscal aprobado en mayo y culminar las reformas estructurales anunciadas, es decir, reforma laboral, reforma del sistema financiero, reforma de las pensiones y otras referidas a “sectores específicos vinculados con la competitividad”.

Estas últimas reformas sectoriales son las que me parecen más interesantes, vinculando la oportunidad que supone la crisis para modificar el modelo productivo español, sustituyendo el hiperdesarrollo del sector de la construcción por actividades que generan más valor. Entre estas reformas Zapatero citó la reforma de la educación a través del pacto; la inversión en I+D, rentabilizando mejor la investigación en aplicaciones para la economía real; la reforma del sector energético y la apuesta por las renovables; el apoyo al sector industrial y especialmente el impulso del coche eléctrico; o el apoyo a la internacionalización de la economía española, apoyando al sector exportador que es ya un pilar importante de la economía española y fundamental para la recuperación de esta crisis.

Da la impresión que Zapatero ha terminado optando por defender como propio el cambio de política acordada en la Cumbre Europea aludida. A pesar de que en realidad el abandono de las políticas de estímulos fiscales de corte keynesiano por un ajuste duro y a corto plazo del gasto, ha sido una imposición de los gobiernos conservadores europeos, sobre todo el alemán, como condición para aprobar el Fondo de 750.000 millones de euros para la defensa de la deuda soberana de los países de la eurozona, especialmente del sur de Europa, frente a los ataques de los mercados financieros.

Ya he manifestado mi rechazo al giro liberal que supone el decreto de ajuste fiscal del gasto aprobado en mayo, que incluso congela las pensiones, rompiendo unilateralmente el consenso establecido en el Pacto de Toledo. En mi opinión la reducción del déficit público debe plantearse no sólo como reducción del gasto -siendo fundamental elegir bien cuáles son los gastos a minorar- sino también como aumento de los ingresos va incremento de la imposición directa para repartir más equitativamente los sacrificios para salir de la crisis. Por el contrario, Zapatero no ha anunciado ninguna medida para incrementar los impuestos en el debate de la nación, remitiendo este asunto a la elaboración de los PGE para 2011 y además´, ha anunciado que probablemente habrá que realizar nuevos ajustes adicionales del gasto, como le ha recomendado la Comisión Europea para llegar al 6 % del déficit público en 2011, “cueste lo que cueste y me cueste lo que me cueste” según expresión utilizada por el propio presidente.

Tampoco comparto la orientación que Zapatero le ha dado a algunas de las reformas que ya se están aplicando, especialmente a la reforma del sistema financiero. Quiero manifestar mi oposición al Real Decreto ley 11/2010 de reforma de las Cajas de Ahorros, que entró en vigor el 14 de julio, porque supone optar por la privatización de estas entidades parapúblicas, caminando hacia su bancarización.

Estamos hablando de privatizar un pastel de nada menos que 1,1 billón de euros que son los activos de estas instituciones. Además, este asunto se ha resuelto por Decreto, con acuerdo de los dos grandes partidos, y sin posibilidad de discusión política y social sobre el futuro de las Cajas, instituciones muy implicadas en sus territorios, que suponen más del 50% de todos los depósitos de ahorro del Estado. Donde, además, se reduce la representación de las instituciones públicas en los Órganos rectores de las Cajas hasta un máximo de un 40%, no se consideran a los cabildos como entidades participes en las Cajas, como actualmente sucede, y se prohíbe que los representantes de las administraciones públicas sean cargos electos y altos cargos políticos, en aras de una supuesta profesionalización.

También considero completamente insuficientes los anuncios realizados por el presidente para Canarias, comunidad con más de 300.000 parados, la tasa de paro más alto de todo el Estado, más de 7 puntos por encima de la media española. Especialmente indignante me parece la referencia realizada sobre la aplicación del Plan Canarias, cuyas acciones, para Zapatero, ya se está¡ desarrollando en un 60% y un 25% están en fase de tramitación, cuando la realidad es que no hay dinero adicional a los programas e inversiones que normalmente contempla los Presupuestos Generales del Estado para el Archipiélago y, por supuesto, nada que signifique la anualidad para este año de los 25.000 millones de euros en 10 años que comprometió Zapatero cuando presentó el Plan Canarias, acompañado de Paulino Rivero, el 9 de octubre del pasado año.

Tampoco comprendo la actitud de los parlamentarios de ATI-CC de aceptar esa interpretación de la aplicación del Plan Canarias, dejando de contestar esta afirmación de Zapatero, siendo Ana Oramas la única portavoz que dejó de utilizar su turno de réplica tras la intervención del presidente del Gobierno. Tampoco nos explicamos como estos diputados ni siquiera defendieron que los Cabildos mantuvieran su representación en los Órganos rectores de la Cajas en el Real-Decreto ley de reforma de estas entidades que ATI-CC apoyó ya en el Parlamento canario el pasado 13 de julio.

El resto de los anuncios de Zapatero para Canarias solo son promesas y la creación de comisiones de trabajos y de estudio. Entre las promesas están que Canarias será la Comunidad donde menos disminuirá la inversión tras el ajuste del gasto que se está realizando, que ojalá fuera cierto. Y el resto es la creación de comisiones de trabajo: sobre la reforma del REF, sobre la reforma del sector energético canario (donde sorprendentemente además de impulsar las energías renovables señala “hacer llegar el gas natural” y sobre la conectividad aérea de Canarias (comité© de rutas de aéreas). Además de comprometerse a estudiar la aplicación de la “quinta libertad” aérea, el mantenimiento de la bonificación de las tasas aeroportuarias o el impacto de la caí¬da de aranceles sobre el mercado del plátano para considerar la puesta en marcha de las ayudas al transporte de esta fruta hasta el mercado peninsular.

Si Zapatero ha reiterado su compromiso de aplicar el giro liberal en su política anticrisis y en la orientación de las reformas, el PP ha sido incapaz de presentar ni una medida alternativa frente a la crisis, entre otras cosas porque Zapatero está aplicando las que el PP ejecutaría aunque probablemente éste con menos contemplaciones a la hora de aplicar tijeras al gasto social, incluyendo la limitación temporal del subsidio del paro.

Rajoy, que ni siquiera esta vez ha sido capaz de ganarle claramente el debate a Zapatero, se ha limitado a utilizar la crisis y el cambio de política económica de Zapatero para exigir elecciones anticipadas, sin arrestos para anunciar una moción de censura. Ha quedado en evidencia que Rajoy, al contrario que la oposición en otros países europeos, no va a apoyar al Gobierno aunque haga la política liberal-conservadora que hoy aplica toda la UE. En definitiva, un debate desafortunadamente poco fructífero, en especial para Canarias.

* Presidente de Nueva Canarias.

Román Rodríguez*