Una estrategia insular de vivienda

La Constitución española proclama en su artículo 47 el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. A nivel internacional, la Declaración Universal de Derechos Humanos, de las Naciones Unidas, sitúa a la vivienda como objeto de un derecho fundamental de las personas, tan básico como el vestir o la asistencia sanitaria. Sin embargo, por diversos factores, el acceso a este derecho fundamental se sitúa hoy como una de las principales preocupaciones para gran parte de la ciudadanía. Es por esto que la política pública de vivienda debe tener un lugar prioritario en la agenda de cualquier Gobierno; sobre todo de uno que ponga el foco en las personas.

Por esta razón, el Cabildo de Gran Canaria se ha planteado impulsar con fuerza en los últimos años el Consorcio de Viviendas insular, como instrumento que contribuya -junto con el resto de poderes públicos competentes- a revertir, de manera efectiva, la problemática que presenta el sector de la vivienda en nuestra isla. En estos últimos tres años y medio se han invertido 11,3 millones de euros en la conservación, el mantenimiento y la rehabilitación del parque público de vivienda. Se han destinado 9,7 millones de euros para rehabilitar 3.325 viviendas mediante 16 proyectos de rehabilitación en El Lasso, Cruce de Sardina, Barrial de Gáldar, Becerril de Guía, La Aldea, Santa Brígida, Valsequillo, Tres Palmas, Jinámar y Moya. Igualmente, se ha apoyado, con 2,5 millones de euros a 427 familias en situación de vulnerabilidad social con subvenciones destinadas a la reparación y accesibilidad en sus viviendas. Al mismo tiempo, se trabaja en políticas de coordinación para dar respuesta a las realidades municipales en esta materia y se colabora con las plataformas ciudadanas antidesahucios mediante subvenciones con el fin de apoyar a las familias que se encuentran en situación o riesgo de desahucio. También se han aumentado los presupuestos de este ente en más de un 90% pasando de los 1.401. 027 euros con que estaba dotado en 2015 cuando llegamos a los 6.458.133 euros actuales.

Pero entendíamos, fruto de la experiencia y del conocimiento de la realidad, que teníamos que ir más allá y encargamos entonces la redacción del I Plan Estratégico de Vivienda de Gran Canaria que presentamos públicamente hace unos días.

El elevado impacto de las medidas de austeridad adoptadas en nuestro país durante la crisis ha tenido un efecto muy perjudicial para el disfrute de este derecho, particularmente en las personas y grupos más vulnerables. Es absolutamente necesario incrementar el gasto público en vivienda, algo en lo que España está a la cola de Europa. Si sumamos en España el gasto público que destinan las administraciones que, por razón de sus competencias, tienen el protagonismo en la materia -la Administración del Estado y las de las Comunidades Autónomas- comprobamos que este se sitúa en torno al 0,04 % del PIB a diferencia de otros países de nuestro entorno, como el Reino Unido que destina el 1,41 por ciento del PIB, Francia que lo hace con un 0,8 % o Alemania que le dedica un 5,9 por ciento.

Las proyecciones demográficas apuntan a que Canarias estará entre las Comunidades Autónomas con uno de los mayores aumentos de población de España en los próximos 15 años (16,7 %) debido al saldo migratorio, lo que incrementará la presión de la demanda de viviendas.

Asimismo, existe un importante déficit de viviendas protegidas para el alquiler (solo el 2,6 % de la población en España disfruta de dicho régimen de tenencia, una cifra que contrasta con los porcentajes superiores al 15% que disfrutan países europeos como Francia, Reino Unido, Suecia, Países Bajos, Austria o Dinamarca). Esta escasez de viviendas protegidas es especialmente grave ante el incremento de precios que vuelve a experimentar la vivienda. Muchas familias están teniendo importantes dificultades para poder hacer frente al pago de los alquileres. Según datos de la última Encuesta de Condiciones de Vida correspondiente a 2017, una media del 9,8 % de los hogares españoles destina, al menos, el 40 % de su renta disponible a los gastos de la vivienda. En Canarias este porcentaje sube al 12,1 %, solo superada por las Islas Baleares y la Comunidad de Madrid.

Este sobrecoste está originando que muchas familias se encuentren en procesos de ejecución hipotecaria o de lanzamiento judicial de sus viviendas, por no poder hacer frente al pago de las cuotas del préstamo hipotecario o del alquiler. No podemos obviar que Canarias es la Comunidad Autónoma con mayor riesgo de pobreza y exclusión residencial, con una tasa del 44,6 % de la población según el VII informe “El Estado de la Pobreza. Seguimiento del indicador de pobreza y exclusión social en España 2008-2016” de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES). La vivienda es un factor esencial de integración social y las carencias en este ámbito pueden convertirse en el desencadenante del proceso de exclusión. Según la Federación Europea de Organizaciones Nacionales, en España los hogares pobres gastan un 37,7 % de sus ingresos en vivienda, un 13,6 sufre retrasos en el pago del alquiler o la hipoteca, un 38% padece hacinamiento, un 23,2 % tiene dificultades para calentar sus hogares… Además, Canarias es la Comunidad Autónoma en la que más hogares tienen deficiencias estructurales en sus viviendas (humedades en paredes o techos, podredumbre de ventanas o puertas, etc.). Así, mientras que la media nacional de población que vive en hogares con esta problemática es del 11,5 %, en Canarias este porcentaje sube al 32,1 %.

En el diagnóstico efectuado, lanzamos la hipótesis de que se precisan cerca de 6 mil viviendas protegidas en Gran Canaria para hacer frente a las necesidades reales. Es increíble que el Gobierno de Canarias, que es a quien corresponde la planificación de la política de vivienda en la Comunidad Autónoma y el protagonismo en la promoción de vivienda protegida, no haya hecho absolutamente nada en los últimos años en este campo, que no haya construido una sola vivienda pública en Canarias (el último Plan Canario de Vivienda aprobado correspondía al período 2009-2012). Conviene resaltar que, según los últimos datos publicados por el ISTAC, en Gran Canaria existen más de 57 mil viviendas desocupadas, por lo que la respuesta al déficit de viviendas protegidas no tiene por qué significar necesariamente consumo de suelo.

De otro lado, la necesidad de mejorar la eficiencia energética y sostenibilidad de las edificaciones la vislumbramos como una enorme oportunidad para planificar y desarrollar acciones que redunden en una mejora del parque de viviendas existente en Gran Canaria y contribuir al esfuerzo por instaurar una economía basada en bajas emisiones de carbono, de acuerdo con los objetivos, previsiones y políticas de la Unión Europea.

El análisis de estos datos, así como de diversos fenómenos que están coadyuvando a un incremento de los precios de la vivienda y a importantes restricciones de la oferta de viviendas accesibles para aquella parte de la sociedad más vulnerable económicamente (el alquiler vacacional, el desembarco de grandes fondos de inversión internacionales y Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria en el sector, etc.), debe obligar a la administraciones públicas a diseñar, planificar y ejecutar acciones que traten de revertir la problemática actual.

El Plan Estratégico del Consorcio de Vivienda de Gran Canaria que acabamos de presentar intenta contribuir a dar respuesta a estos retos, para lo que hemos definido 18 objetivos y más de 84 proyectos concretos. Se trata de proteger a los más débiles, colaborar con las plataformas que defienden sus derechos, exigir la construcción de nuevos parques públicos de vivienda, impulsar la rehabilitación, regeneración y renovación urbana y rural, reducir la morosidad de los usuarios de las viviendas protegidas, potenciar el Consorcio y promover la innovación en los parques públicos de vivienda.