Evaluación tru(n)cada

La anunciada evaluación de la Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias por parte del Gobierno de Canarias sólo puede calificarse de un fiasco y una burla al Parlamento y a la ciudadanía. Por el inaceptable procedimiento utilizado, que impide el debate, y por los contenidos de un documento especulativo y poco sustentado en datos contrastables. Y que roza casi la ciencia ficción en temas como inversiones y creación de empleo.

Comencemos por el procedimiento elegido: una comparecencia del Gobierno de Canarias en el Parlamento. Dificultando el debate de fondo, sin disponer del tiempo necesario para abordar un asunto de tanto calado para la sociedad de las Islas e impidiendo el posicionamiento de la Cámara. En Nueva Canarias entendemos que debió hacerse mediante una comunicación del Ejecutivo; con el correspondiente informe y la posibilidad de realizar un debate riguroso y en profundidad, así como de presentar resoluciones por parte de los distintos grupos parlamentarios.

Pero otro tanto sucede con los contenidos del documento. El texto no hace la menor referencia a la propuesta de reforma de la ley turística que el Cabildo de Gran Canaria, con el apoyo de una significativa mayoría política y social, intentó llevar al Parlamento de Canarias y cuya tramitación impidieron los votos de los grupos de CC y PSOE.

Ni atendieron entonces ni atienden hoy las razonables exigencias de Gran Canaria. Era y es posible un marco legislativo que respete el modelo turístico insular (planificado y aprobado por unanimidad en Gran Canaria y en Canarias) y que permita un crecimiento sostenible, con límites cuantitativos y cualitativos; y sin consumir nuevo suelo. Compatible con la renovación de los complejos alojativos y de los espacios públicos obsoletos.

La realidad del sector y la influencia en el mismo de la ley de Medidas Urgentes y de la ley de renovación turística dista mucho de lo que pregona el Ejecutivo de CC y PSOE.

Su primer objetivo, la renovación y cualificación de la oferta mediante incentivos edificatorios (premios cama) vinculados con la calidad, no ha funcionado. Sólo 427 camas adicionales autorizadas entre 2009 y 2014, de las que se han ejecutado sólo 145.

Igual sucede con la construcción de hoteles de cuatro estrellas como resultado de la sustitución o del traspaso de derechos del banco de camas. Ni un solo hotel de esta categoría se ha construido por transformación de una instalación obsoleta. Lo que nos lleva a un enorme déficit en la franja en la que prevé crecer el plan insular y en la que genera más demanda entre quienes nos visitan.

Con el ritmo experimentado en la renovación de la planta alojativa obsoleta y con el fracaso de los incentivos edificatorios se precisarán muchas décadas para alcanzar unos mínimos objetivos de cualificar y equilibrar la oferta turística de la isla. Situación similar se produce en el resto del Archipiélago.

Al tiempo, en estos últimos cinco años, en Gran Canaria 8.778 plazas alojativas obsoletas quedaban fuera del mercado por su ínfima calidad; una parte de ellas han pasado a formar parte del alquiler vacacional, sin regulación, sin seguridad para los clientes y con significativa pérdida de empleo; con lo que al final se reduce la cualificación.

La evaluación que el Gobierno realiza tras el primer año de funcionamiento de la Ley de Renovación y Modernización Turística es completamente sesgada y autocomplaciente, cuando los datos apuntan en sentido contrario: no ha funcionado, no ha cumplido sus objetivos. Casi todo es considerado positivo, en un ejercicio escasamente autocrítico, y en lo que puede resultar problemático o no estar resuelto endosa la responsabilidad a las corporaciones locales.

Ni la ley de medidas urgentes ni la ley de renovación han impactado en la transformación del sector. Lo que ha habido de renovación ha partido en gran medida de las propias empresas y su necesidad de adaptarse a las exigencias de los clientes. En Gran Canaria no se ha creado ni un solo hotel escuela-gran lujo, como posibilitaba la ley de medidas urgentes. Tampoco, como señalábamos anteriormente, se ha generado ningún hotel de cuatro estrellas en los últimos cinco años como resultado de sustitución o del traspaso de derechos del banco de camas.

Ausencia de rigor

Por otra parte, el texto está trufado de conjeturas. Carece de rigor e incluye afirmaciones completamente gratuitas. Desde los 1.400 millones de euros en inversión pública en los planes de modernización y mejora, de los cuales 800 son para carreteras –cuando son incapaces de sacar adelante las carreteras de interés general en marcha-, a los 300 en la implantación de sistemas verdes. Superándose hasta alcanzar la estratosfera en la creación de empleo: una estimación de más de 135.000 nuevos puestos de trabajo.

Ninguno de esos datos es creíble. Ninguno tiene la menor sustentación.

Asimismo, resulta paradójica esa inviabilidad real de las inversiones públicas y que, al tiempo, rechacen nuestra propuesta de implantación de una tasa turística, como la existente en Cataluña, Francia, Italia, Estados Unidos o, más recientemente, Marruecos. De carácter finalista y que posibilitaría afrontar la renovación de las ciudades turísticas.

Además, la primera condición para hacer una evaluación correcta es disponer de un sistema de información. Las Directrices de Ordenación del Turismo, aprobadas unánimemente por el Parlamento canario en el año 2003, establecían como mandato el establecimiento de ese sistema, señalando que “para poder evaluar el proceso de implantación de formas más sostenibles de desarrollo turístico es necesario disponer de un sistema de información eficaz que aporte los datos y, en base al mismo, de un sistema de indicadores”. Once años después, los sucesivos Gobiernos han sido incapaces de ponerlo en marcha.

En definitiva, resulta del todo frustrante la evaluación de la Ley de Renovación y Modernización Turística llevada a cabo por el Gobierno de Canarias. En el fondo y en la forma. Una evaluación trucada y truncada de una norma que afecta a nuestro principal motor económico, al que supone un tercio de nuestro PIB y una parte esencial del empleo. Y, por lo tanto, una oportunidad pérdida para diagnosticar los efectos de la aplicación de las leyes vigentes y para corregir sus disfunciones. Y para contribuir, de verdad, a la mejora del sector, insistiendo en la sostenibilidad, en el crecimiento moderado, planificado y sobre suelo turístico. Incrementando la calidad. Apostando por la renovación de la planta y de la ciudad turística, así como por la diversificación.