Sin financiación, no hay recuperación

He apoyado la práctica totalidad de las decisiones adoptadas por el Gobierno central en esta crisis del Covid-19. Comparto y valoro las medidas destinadas al ámbito económico y social, como los ERTE, las ayudas a la liquidez de las pymes y a los autónomos, el apoyo para evitar desahucios o la actualización de las cantidades a cuenta del Sistema de Financiación Autonómica. Hemos ofrecido desde Canarias una colaboración plena en la gestión de las graves dificultades que conlleva esta crisis con consecuencias sanitarias, económicas y sociales. Y lo hemos hecho porque en esta ocasión las recetas no han sido como las de la crisis anterior, en la que se desatendió a los más vulnerables, a los servicios públicos y a las empresas y trabajadores. Pero eso no supone dejar de ser exigente en la implementación de otras medidas que permitan a la Comunidad Canaria y a las corporaciones locales dar adecuadas respuestas a los grandes retos desde su espacio competencial a la grave situación que vivimos hoy y viviremos en el próximo período.

Eso sí, he discrepado de algunas decisiones que no tenían en cuenta que estamos en un Estado descentralizado, autonómico. Decisiones que han llevado en algunos casos -como el de las compras centralizadas de material sanitario- a innecesarios y evitables errores; cuando la Sanidad la dirigen desde hace décadas las distintas autonomías. O la insuficiente escucha a las comunidades, no solo a Canarias, en la elaboración y aprobación de los planes de desconfinamiento, que deberían ser cogestionados. El Estado no es solo el Gobierno central. El ejercicio de la democracia exige la escucha y el diálogo permanente. Como bien ha señalado Iñaki Gabilondo, el presidente Pedro Sánchez tiene “una idea equivocada del mando único”, añadiendo el prestigioso periodista que la comunidad autónoma es “el instrumento ideal” para cumplir los objetivos centrales en el proceso hacia la nueva normalidad.

Contamos con un modelo de Estado con tres niveles. En los que en el global del gasto público al Estado central le corresponde, con la Seguridad Social, el 50% del global; el otro 50% a comunidades autónomas -sanidad, educación y servicios sociales- y a las corporaciones insulares y locales. Todos los niveles son imprescindibles. Todos tenemos dificultades y necesitamos de adecuada financiación para llevar a cabo las relevantes tareas. Todos deben coordinarse y colaborar por el bien de la ciudadanía.

Considero acertada la suspensión de las reglas fiscales por la Unión Europea -en aplicación de la cláusula de salvaguarda incluida en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento-, aprobada el pasado 23 de marzo por el Consejo. Resulta imprescindible para compensar la pérdida de ingreso por la paralización de la economía y para afrontar los gastos añadidos que esta crisis conlleva. En nuestro caso, estamos muy afectados por el cierre del sector turístico, que supone el 35% del PIB y el 40% del empleo, triplicando los datos estatales. Un sector que, por sus características, no se recuperará de forma automática una vez se supere el estado de alarma y se empiecen a retomar progresiva y escalonadamente algunas actividades. Un sector que, ante su problemática específica, precisará de conocimiento de nuestra realidad y de respuestas diferenciales, planes propios.

Es exigible y muy razonable que el Gobierno central traslade ya la suspensión de las reglas fiscales a los distintos ámbitos institucionales y dispongamos de unos nuevos objetivos de estabilidad presupuestaria para 2020, adaptados a las necesidades que plantea esta profunda crisis y haciendo partícipes al conjunto de las administraciones. Para que estas puedan cumplir con sus competencias y responsabilidades en beneficio de los ciudadanos y las ciudadanas. Una parte del déficit (10,3%) y del crecimiento de la deuda hasta el 115% con relación al PIB, planteados por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Plan de Estabilidad remitido a Bruselas, tiene que ser compartida con las administraciones que ejecutamos el 50% del gasto público.

Consejo de Política Fiscal

Por eso, hace ya más de dos semanas solicité por carta a la ministra de Hacienda, la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPPF). Entendiendo que en el mismo debe posibilitarse que comunidades, como Canarias, que han cumplido con las reglas fiscales pueda acceder al superávit y a la deuda pública. Concretando, asimismo, la distribución del déficit y de la deuda entre las distintas administraciones públicas. Para poder definir la ficha financiera para abordar los programas de reactivación social y económica. Sin financiación, no habrá recuperación.

Hasta ahora no ha habido respuesta a la solicitud de convocatoria del CPFF. Lo que me preocupa. Como también me parecen preocupantes las respuestas de la ministra Montero en el Congreso a las preguntas del diputado Pedro Quevedo en torno a la participación de las comunidades y entes locales en esa flexibilización autorizada por la UE. Expresó que entendía la inquietud de las comunidades por poder dar cumplimiento a las necesidades del Estado de Bienestar que les corresponden en su ámbito competencial, pero no mostró ninguna voluntad de garantizar el reparto de la deuda y el déficit con las comunidades autónomas. Y, tampoco, de liberar los remanentes de Tesorería y el superávit de las corporaciones locales canarias, que disponen de miles de millones en los bancos.

Movilización de recursos

La ingente tarea de reactivación social y económica que tenemos por delante exige una enorme movilización de recursos, una gran coordinación entre administraciones y la implementación de políticas dirigidas a garantizar las mejores condiciones sanitarias y la recuperación del tejido empresarial y del empleo, así como el combate contra la pobreza y la exclusión social. Exige, asimismo, un elevado consenso en todos los ámbitos institucionales, políticos, económicos y sociales. Pero sin recursos económicos es imposible abordarla.

No se pueden repetir los errores de la anterior crisis económica. Ni en la aplicación de políticas de recortes que causaron un enorme daño social y a los servicios públicos, del que aún no nos hemos recuperado, ni en la apropiación por el Estado de los márgenes de déficit y deuda como si no existieran las comunidades autónomas y las corporaciones locales que, conjuntamente, soportan el 50% del gasto público. Hay que pactar unas nuevas reglas fiscales para que cada Administración pueda ejercer sus competencias con la capacidad financiera suficiente. Lo exige la democracia. Lo exige el respeto al Estado autonómico. Lo exige la eficiencia en las respuestas que demanda una sociedad que atraviesa un momento dramático que tiene que superar sin que nadie se quede atrás. Ahora, más que nunca, resulta esencial el cumplimiento del Estatuto, del REF y de nuestra condición de región ultraperiférica, que ofrecen respuestas diferencias a realidades que también lo son. Y esto ha de entenderlo un Gobierno central que no puede seguir de espaldas a las nacionalidades y regiones, tomando decisiones que nos comunica a posteriori y prometiendo “acompañarnos” para ayudarnos en el camino a la reconstrucción, como si nos tutelara. Ofrecemos lealtad y cooperación, reclamamos respeto al autogobierno y a nuestros fueros y derechos.