Firmeza ante la financiación autonómica

Tras el amplio acuerdo alcanzado en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022, que Nueva Canarias apoyó con el voto de su diputado en el Congreso por ser positivos para las Islas, respetando sustancialmente la Agenda Canaria acordada en la investidura de Pedro Sánchez, y por su apuesta por la recuperación económica y social, quedan algunos grandes retos para lo que resta de legislatura. Entre ellos, la reforma laboral, el acuerdo para la sostenibilidad del sistema de pensiones y la reforma de la financiación autonómica o la concreción de las ayudas estatales para el plan de reconstrucción de La Palma; así como algunos asuntos vinculados al REF, referidos a la ZEC y a la Reserva de Inversiones. Me referiré aquí a la financiación autonómica. 

La financiación de las comunidades debió comenzar a revisarse en 2014, pero distintas circunstancias económicas y políticas, entre ellas el conflicto catalán, han hecho que se llegue hasta hoy, hasta finales de 2021, sin modificarse el modelo. Incluso gobiernos con mayoría absoluta, como los de Rajoy, fueron incapaces de encauzarla, por falta de acuerdo sobre las cantidades y su distribución. Con evidente retraso, corresponde hacerlo ahora; y no parece que resulte sencillo, dado que la relevante diversidad de posiciones e intereses entre las comunidades autónomas va a dificultar la posibilidad de alcanzar el consenso. Además, para hacerlo viable se necesitaría inyectar más recursos al sistema, que algunos estudios estiman en 16.000 millones de euros anuales adicionales.

Estoy haciendo referencia a la financiación de las denominadas comunidades autónomas de régimen común, de la que están excluidas Euskadi y Navarra, que disponen de modelos históricos propios, reconocidos en la disposición adicional primera de la Carta Magna y en sus respectivos estatutos de autonomía. Canarias sí forma parte de la misma, pese a sus importantes diferencias con el resto, y la mejor solución sería quedarse fuera del régimen común, pero parece muy difícil lograrlo con la actual legislación y la crónica incomprensión de nuestras singularidades por parte de los partidos estatales. Tenemos identidad propia, la que dan nuestras especificidades fiscales y económicas, nuestro Régimen Económico y Fiscal (REF), así como nuestro Estatuto de Autonomía y el estatus de región ultraperiférica (RUP) en la Unión Europea. Lo cierto es que no somos ni sistema foral ni régimen común; y debemos combinar las relaciones multilaterales, a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera con las relaciones bilaterales con el Estado.

Suficiencia de recursos

La financiación autonómica es un elemento clave en la estructura del modelo descentralizado de Estado que establece el título VIIIº de la Constitución del 78. Se rige por la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), por los respectivos estatutos de autonomía y por los acuerdos que se alcanzan (o debieran alcanzarse) cada cinco años y que se publican como ley; el último, como señalaba anteriormente, el del año 2009. La LOFCA señala que se pretende garantizar “un nivel base equivalente de financiación de los servicios públicos fundamentales” y la corresponsabilidad estatal y de las Comunidades respecto a ingresos y gastos públicos. Así como la solidaridad entre las nacionalidades y regiones, y la suficiencia de recursos para el ejercicio de sus competencias.

Recientemente, ocho comunidades de lo que se está denominando como ‘España despoblada´ se reunieron en Santiago de Compostela con la finalidad de redactar y aprobar un documento en el que se explicítan sus reivindicaciones para el nuevo modelo de financiación. Que giran, esencialmente, hacia un mayor reconocimiento en el mismo de factores como la dispersión poblacional y el envejecimiento, que, aseguran impactan en un mayor coste de los servicios públicos en sus respectivos territorios. Se trata de cinco comunidades gobernadas por el PSOE (Asturias, Aragón, Castilla La Mancha, Extremadura y La Rioja), dos del PP, Galicia y Castilla y León, y la cántabra presidida por el PRC de Revilla.

Otras nacionalidades y regiones, también de distinto signo político, como la Comunidad Valenciana (la peor financiada de todas, según reflejan los distintos estudios), Andalucía y Murcia, reclaman que se tenga mucho más en cuenta la población a la hora del reparto de las partidas para el funcionamiento de la sanidad, la educación o los servicios sociales. Cataluña, por su parte, viene exigiendo que el asunto se solvente en el marco de la relación bilateral con el Estado, a lo que el Ejecutivo de Pedro Sánchez se niega sistemáticamente.

El modelo todavía vigente, aprobado hace doce años, con un gobierno estatal del PSOE y uno canario de CC-PP, castigó duramente a Canarias, que perdió una media de más de 600 millones de euros anuales durante casi una década. Con el consiguiente impacto negativo sobre los servicios públicos del Archipiélago. Coalición Canaria permitió entonces que se contabilizaran los recursos del REF en el sistema de financiación. Canarias lo pagó con creces. En aquel momento, desde NC fuimos los únicos que denunciamos de forma argumentada los déficits del modelo, sus errores e insuficiencias, mientras que desde CC se hizo una valoración tan optimista como equivocada a la vista de unos datos irrebatibles.

Separación de recursos del REF

La situación comenzó a ser corregida gracias a la negociación de los Presupuestos Generales del Estado de 2017. Entonces, los dos partidos nacionalistas canarios en el Congreso planteamos al Gobierno estatal que era imprescindible la separación de los recursos del REF de los correspondientes a la financiación autonómica. Lo que posibilitó su progresiva corrección y que en 2019 Canarias ya contara con 600 millones de euros adicionales para sanidad, educación y dependencia.

Esta separación fue recogida en el Estatuto de Autonomía de 2018 que, en su artículo 166.3 señala que “los recursos del Régimen Económico y Fiscal son adicionales a los contemplados en la política y normativa vigente en cada momento para la financiación de la Comunidad Autónoma de Canarias y de sus Entidades Locales. En los términos que determine la Ley Orgánica 8/1980, de Financiación de las Comunidades Autónomas y sus normas de desarrollo, estos recursos tributarios no se integrarán, ni computarán, en el Sistema de Financiación Autonómica para respetar el espacio fiscal propio canario y para que su desarrollo no penalice la autonomía financiera de la Comunidad Autónoma de Canarias.” Igual texto que el que se incluye en el artículo 3.4 del nuevo REF.

En la nueva financiación reclamamos que se mantenga esa separación de los recursos del REF de los de la financiación autonómica, como establece nuestro Estatuto, así como la consolidación de la suspensión definitiva de la devolución del IGTE y que, dentro de los parámetros de la población ajustada, que defendemos, se mantenga, como mínimo, el actual peso de la insularidad; ponderando también factores como la tasa de desempleo, la pobreza o la lejanía, por elementales razones de justicia y equidad.

Para entender su importancia cuantitativa, basta con señalar que, del total de ingresos de nuestra Comunidad en el Presupuesto inicial del año 2022, 9.000 millones de euros, más de 5.000 millones provienen de la financiación autonómica.

Canarias debe mantener posiciones firmes en el debate sobre la financiación autonómica que vuelve a reabrirse, reclamando la bilateralidad a pesar de las dificultades. Exigiendo una distribución de los recursos justa, solidaria y suficiente entre las comunidades. Desde el convencimiento de que la más alejada del continente europeo precisa de un reconocimiento específico para que sus ciudadanos y ciudadanas accedan a los servicios públicos esenciales en condiciones similares a los del resto de las nacionalidades y regiones. Para que tengamos las mismas oportunidades y derechos. Ni más ni menos.