Para que la justicia funcione mejor

Arrastra la administración de justicia en su conjunto la mala fama de su lentitud, de ahí que siempre se ponga atención en aquellas medidas que contribuyan a mejorar su funcionamiento, especialmente en lo que concierne a dotacionales e infraestructuras así como a recursos humanos y materiales.

Canarias no ha sido una excepción, por lo que los anuncios hechos recientemente por los responsables de la consejería de Administraciones Públicas y Seguridad del Gobierno de Canarias, referidos a las principales líneas presupuestarias para el año recién estrenado, revistan un interés particular para los operadores jurídicos y para los justiciables.

En efecto, con un presupuesto de 185 millones de euros para el ejercicio recién comenzado, un 15 % más que en 2019, el área de Justicia supone el 45,6 % de todo el departamento que dirige Julio Pérez, quien junto a la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo; y la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Mónica Ceballos, informó sobre las líneas programáticas a los decanos de los colegios de abogados de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, Rafael Massieu y José Manuel Niederleytner, respectivamente. 

Pérez fue claro al respecto: con este presupuesto se pretende ofrecer un servicio público de justicia más accesible y eficiente, y responder al desafío de la tutela judicial efectiva, como derecho fundamental de los canarios y canarias, y de su seguridad jurídica; y a la calidad de los servicios de la Administración de Justicia, a la atención a las víctimas y al acceso a la justicia gratuita. 

Julio Pérez destacó los 28 millones de euros dirigidos a programas de transformación digital, que incluyen, entre otras cosas, el expediente judicial electrónico, que permitirá a los letrados y letradas obtener copias desde la sede judicial electrónica.

El titular de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad también hizo hincapié en los 23 millones de euros con los que se consolida el incremento de la partida destinada al turno de oficio y la asistencia jurídica gratuita, así como en los 28 millones de euros dirigidos a programas de transformación digital, que incluyen el expediente judicial electrónico y permitirá a los letrados y letradas obtener copias desde la sede judicial electrónica. Esta cantidad también engloba las actuaciones que tienen como fin mejorar la ciberseguridad, la interoperabilidad y mejorar los equipamientos informáticos de la Administración de Justicia.

En relación a la estrategia para la transformación digital, el consejero Pérez, según fuentes de su departamento, ha detallado que el programa de modernización de la Administración de Justicia en Canarias abarca, además del expediente judicial electrónico, el proyecto de justicia digital, el equipamiento de los órganos de nueva creación, la gestión inteligente de la cita previa y la accesibilidad a los servicios públicos de justicia.

Una parte de la financiación de esta estrategia se hará a través de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). En concreto, la adquisición de dispositivos informáticos para juzgados y salas de vista, y la implantación de servicios homogéneos digitales en el servicio Atlante web.

Durante la sesión también se abordó el plan de infraestructuras judiciales contemplado en el presupuesto, con la creación de nuevos órganos y la mejora de otros, bien a través del arrendamiento o la compra de inmuebles, para lo que hay previsto casi seis millones de euros; los puntos de encuentro familiar, 920.000 euros ampliables a través del Pacto de Estado contra la Violencia de Género; la mediación extrajudicial y las oficinas de atención a las víctimas del delito, 110.000 euros.

En fin, con más medios se supone que la administración de justicia debe funcionar mejor. La sociedad saldrá ganando.