¿La justicia es igual para todos?

En el último barómetro publicado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (diciembre de 2015) los tres primeros problemas para los ciudadanos españoles son: el paro (para el 79,8%), la corrupción y el fraude (38,8%) y los problemas de índole económica (para el 24,4%). Simplemente por respeto a esos ciudadanos y ciudadanas y a sus preocupaciones, lo mínimo que deben hacer los representantes de las instituciones públicas es ponerse del lado de los que cumplen la ley y exigir que la cumpla todo el mundo. Por utilizar las palabras del discurso del entonces Jefe del Estado, Juan Carlos de Borbón, en la Navidad de 2011: “Afortunadamente vivimos en un Estado de Derecho, y cualquier actuación censurable debe ser juzgada y sancionada con arreglo a la ley. La justicia es igual para todos”.

Está claro que Dolores Ripoll, la representante de la Abogacía del Estado en el juicio del Caso Noos que comenzó el pasado lunes, no conoce las encuestas del CIS y no se cree los mensajes navideños del jefe del Estado. Ripoll se alineó con las tesis de la defensa de la Infanta Cristina y defendió que la hermana del rey Felipe VI no debe ser juzgada, pide que se le aplique la doctrina Botín. En contra de los argumentos del juez José Castro que considera que Cristina de Borbón sí ha cometido varios delitos muy graves, Dolores Ripoll entiende que la Infanta se benefició de las trapisondas cometidas por su marido, pero no fue colaboradora necesaria. Una opinión, la de Dolores Ripoll, tan respetable como la del juez Castro que cree lo contrario. Lo que no nos parece respetable y creemos que supone un insulto para los ciudadanos que consideran que la corrupción y el fraude es uno de los principales problemas, es que Ripoll diga que el lema “Hacienda somos todos” debe circunscribirse exclusivamente al ámbito para el que fue creado: el de la publicidad, como forma de concienciación del país.

La apertura de la vista oral del Caso Noos vuelve a poner en primer plano la preocupante situación de la justicia española. Son muchos los problemas de la justicia: la politización del Consejo General del Poder Judicial, la falta de medios, la propia Ley de Enjuiciamiento Criminal, el control gubernamental de la Fiscalía del Estado, los arbitrarios indultos aprobados por los diferentes gobiernos…

“La Ley de Enjuiciamiento Criminal de España (que se basa en un texto del año 1882) está pensada para perseguir al robagallinas no al gran defraudador”. Esta frase no está sacada de una pancarta de una manifestación de esos que llaman “antisistema”, ni está dicha por un “peligroso” político independentista, esta frase la dijo el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial Carlos Lesmes. El máximo representante del órgano de gobierno de los jueces reconoció que “los delitos propios de la corrupción son complejos de investigar”, según Lesmes la principal carencia es que el sistema procesal español “no es adecuado, porque es muy antiguo”.

Partimos de un sistema procesal con esas limitaciones, además arrastramos hace décadas una falta de recursos técnicos y humanos que es denunciada continuamente por los operadores judiciales y reconocida por los máximos responsables de la judicatura y a todo eso se añade que durante la pasada legislatura el Gobierno del Partido Popular, que ante el independentismo catalán se erige en el garante del “cumplimiento de la Ley” en lugar de aumentar los presupuestos destinados para la justicia, lo que hizo fue aprobar una ley de tasas judiciales que supuso profundizar más en esa dualidad: justicia para ricos y justicia para pobres.

La desigualdad económica que tantas veces hemos denunciado también supone un castigo para los mismos cuando se topan con la justicia porque el copago judicial que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy significa profundizar en esa dualidad social: justicia para el robagallinas, de mano dura, y justicia para defraudadores que cuentan con fiscales que hacen de abogados defensores y, como acabamos de ver en el caso Noos, también cuentan con la Abogacía del Estado que, para sacar del banquillo a una miembro de la familia real, es capaz de echar por tierra una campaña de concienciación en la que el Estado había invertido mucho dinero: “Hacienda somos todos”. Ahora, cuando los ciudadanos vuelvan a ver la campaña dirán que si el Estado dice que eso solo es publicidad, pues solo es publicidad.

En Canarias tuvimos recientemente un ejemplo claro de esto que estamos contando cuando Josefa Hernández, conocida como la abuela de Fuerteventura, pasó varios días en la prisión de Tahiche por un delito contra la ordenación del territorio. Josefa fue condenada a seis meses de prisión por unas obras de ampliación que hizo en su casa situada en el Parque Rural de Betancuria. Lo curioso es que esas obras contaron con una con la ayuda del propio Cabildo de Fuerteventura. La movilización social logró que la Fiscalía cambiara su posición de dureza durante la instrucción y pidiera la suspensión de la orden de ingreso en prisión. La Audiencia de Las Palmas ratificó la propuesta de la Fiscalía y Josefa salió de la cárcel unos días antes de que el Gobierno de Mariano Rajoy aprobara su indulto. El mismo Gobierno que sí llegó muy temprano para indultar a un conocido empresario canario por un delito contra el territorio o a condenados en casos de corrupción urbanística llegó tarde para conceder el perdón a Josefa. Los mismos aparatos del Estado que permiten la existencia de hoteles ilegales donde veranea hasta algún ministro se mostraron especialmente eficientes con Josefa. La misma justicia que dice que no se debe juzgar en periodos electorales a cargos del PP absuelve en las mismas circunstancias a candidatos del mismo partido o investiga a una candidata de otra opción política…

Me gustaría ser más optimista, pero tengo que decir que poco o nada ha cambiado en la justicia en la última década. En 2006 escribí un artículo titulado “Necios y canallas” en el que me hacía eco de diferentes denuncias sobre corrupción que aparecían en los medios de comunicación de Canarias y que, sin embargo, desde la justicia no se movía ni un dedo para investigarla. Hablaba de una rueda de prensa del entonces portavoz de Coalición Canaria José Carlos Mauricio, que acusaba a una serie de empresarios del sur de Gran Canaria de financiar una moción de censura contra el alcalde José Juan Santana. Mauricio hablaba de la “mafia”. Algunos empresarios anunciaron querellas. Pero no hubo ni querellas ni investigación judicial en ningún sentido. También me hacía eco de la denuncia de la compra de las instalaciones de La Favorita por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, un periódico hablaba de un pelotazo y aportaba los datos de una cuenta corriente en Suiza como posible destino de parte del dinero de la operación. En este caso sí trabajó la Justicia, pero no para investigar la cuenta de Suiza ni el desorbitado precio que se puso a unos almacenes que un exportavoz del PP había estado intentando vender a un precio más barato. No, la justicia se movió para condenar al periodista que contó esa operación.

En aquel artículo hacíamos referencia a la Declaración de París, “Una llamada a la acción contra la corrupción a gran escala” del 19 de junio de 2003. Un texto firmado por personalidades como Eva Joly, Bernard Bertossa, Antio Di Pietro o Baltazar Garzón (sabemos cómo acabó este juez mientras siguen sin ser juzgados los golfos de la Gurtell). En esa declaración se plantean una serie de medidas para facilitar la investigación del crimen organizado y la gran corrupción. Entre esas medidas (que trascienden las fronteras de los Estados) se puede leer: “La suspensión de las inmunidades diplomáticas, parlamentarias y judiciales durante el tiempo de una investigación financiera (con reenvío ante un tribunal especial, quedando sometido a decisión, en cada caso la suspensión de la inmunidad).  La supresión de la posibilidad de recursos dilatorios contra la obtención y transmisión de pruebas por parte de jurisdicciones extranjeras.”

Sin embargo, en esta última legislatura en la que hemos sufrido recortes de los servicios sociales y también de derechos sociales y laborales, el mismo Gobierno y el mismo presidente que estos días se nos muestra como el “garante del cumplimiento de la ley”, promovió (con el único apoyo de los diputados del PP) una reforma legislativa para suprimir la justicia universal que va en la línea opuesta a la declaración de París de 2003. Tras la entrada en vigor de esa reforma hemos visto como se tuvo que poner en libertad a narcotraficantes extranjeros. Una reforma, por cierto, que se hizo por presiones del Gobierno chino (que debe ser una democracia modélica para el PP). La declaración de París finalizaba señalando que: “Combatir la gran corrupción es un prerrequisito para cualquier acción política auténtica. Se debe restaurar la confianza en las elites políticas y económicas. A la hora de la globalización, la responsabilidad de los que nos dirigen es inmensa y por ello, debe estar a salvo de cualquier sospecha, para permitir la esperanza de todos”. Precisamente no hay mayor golpe a esa llamada a “la responsabilidad de los que nos dirigen” y a ese “permitir la esperanza de todos” que ver los mensajes que han dado un Fiscal Anticorrupción y una representante de la Abogacía del Estado en un juicio contra 18 acusados de quedarse con más de 6,2 millones de euros de los presupuestos públicos de forma fraudulenta (lo que se conoce como robar). Es increíble leer en la portada de un periódico de un país democrático (El Mundo) que “el Estado se moviliza para salvar a la Infanta del juicio”. La institucionalización de la desigualdad.