Más allá de las responsabilidades políticas indiscutibles, se trata de procesar al delincuente. Los promotores del Manifiesto contra la impunidad estiman que hay base legal para llevar a Aznar ante los tribunales y confían que con la ayuda de profesionales encontrarán los caminos que ahora parecen infranqueables. Así lo creen también las primeras adhesiones al texto como las correspondientes a José Luis Sanpedro, Carlos Taibo, Noam Chomsky, Julio Anguita, Carlos Jiménez Villarejo, Martín Medem, Pascual Serrano, José Luis Pitarch, Pilar del Río, Jaime Pastor, Javier Sádaba, Francisco Frutos, Felipe Alcaraz, Carmen Lamarca, Kalvellido, Decio Machado, Ramón Fernández Durán... Los juristas encargados del caso aseguran que Aznar podría verse procesado tanto por la vía nacional como por la internacional. Noviembre será el mes clave para la movilización ciudadana y la iniciativa judicial.El Manifiesto contra la impunidad parte del momento en que los famosos tres protagonistas de las Azores (George Walker Bush, Tony Blair, José María Aznar) lanzaron el ultimátum a Irak. El presidente Sadam Husein debía dimitir en el plazo de 24 horas y entregar las inexistentes armas de destrucción masiva, o el país sería atacado militarmente tal y como sucedió el 1 de mayo de 2003. “Al no contar con la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU, esta guerra fue ilegal (...). Esto significa que, según el Derecho Internacional, los efectos de esta agresión son crímenes de guerra y los ejecutores e inductores de crímenes de guerra son criminales de guerra”. Además, “la participación española en la misma se realizó sin la aprobación del Congreso de los Diputados de nuestro país”. Cuatro años después hay perspectiva suficiente para entender que los protagonistas activos de aquella invasión deben someterse a un examen que determine sus “posible responsabilidades penales y anuncie para el futuro que quienes colaboren en una guerra ilegal no resultarán impunes por el mero hecho de desempeñar un puesto de prominencia política. Entendemos que éstas son las verdaderas acciones preventivas a favor de los derechos humanos”. Me parece bien, porque el hecho de presidir un Gobierno ha constituido hasta ahora una especie de impunidad. Romper ese principio inaceptable según el cual los mandatarios se encuentran al margen de la ley por el simple hecho del cargo que ostentan, impide que organismos nacidos para procesar a los criminales de guerra (como el Tribunal Penal Internacional) incumplan con sus tareas. Y sobrevivan pudriéndose en la impotencia o procesando a algunos supuestos delincuentes políticos que ya perdieron el poder.Creo que debe apoyarse esta iniciativa, imponiendo un precedente a escala internacional que terminará afectando a otros criminales de guerra como el británico Tony Blair y el estadounidense George Walker Bush. Contribuirá de alguna manera a bloquear políticamente los intentos de permanecer en Irak y aportará un factor de riesgo añadido para quienes estén preparando otras aventuras militares. Merece la pena. Rafael Morales