Migratlantes, la ruta a seguir

El fenómeno migratorio exige el desarrollo de políticas que respeten los derechos humanos y que posibiliten establecer flujos ordenados, seguros y legales. Esto señalé esta semana en la inauguración del Encuentro de Migraciones Atlánticas Migratlantes, organizado por la Vicepresidencia del Gobierno de Canarias y el Ejecutivo vasco, a través de su Dirección General de Migraciones y Asilo. Un foro plural e interdisciplinar para analizar la situación migratoria de Canarias, el marco normativo y las realidades sociales de las personas migrantes, escuchando a la ciudadanía implicada. Para aunar esfuerzos y compartir conocimientos y buenas prácticas entre regiones fronterizas, evitando tragedias y generando oportunidades.

Migratlantes se enmarca en las actividades de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, un foro destinado a ofrecer a los ciudadanos y las ciudadanas la oportunidad de dar forma a cómo será la Unión Europea en el futuro próximo. Canarias fue recientemente lugar de celebración de otro foro de la Conferencia, dedicado a analizar el futuro de las regiones ultraperiféricas, organizado también por el Ejecutivo canario, a través de la Dirección General de Asuntos Europeos de la Consejería de Hacienda.

Junto a responsables institucionales participaron en Migratlantes asociaciones y agentes culturales, científicos sociales que investigan la movilidad humana y Organizaciones no Gubernamentales de acogida en Canarias, así como otras ONG que fomentan el desarrollo comunitario en los países de origen. También asambleas de apoyo y plataformas solidarias, personas refugiadas procedentes de distintos estados, asociaciones de personas nacidas en terceros países y residentes en Canarias, abogados o pescadores de Canarias y Senegal. 

De Migratlantes surgieron muchas demandas a analizar. Entre ellas, establecer comunicaciones seguras y oficiales con las familias de las personas que desaparecen o mueren en la ruta migratoria; trabajar con comunidades en los países de origen que impulsan el codesarrollo; investigar y estudiar más los movimientos de personas en los estados próximos a Canarias; evitar recortes en los servicios jurídicos de oficio que trabajan en la protección de las personas que arriban a las Islas; crear vías de integración para personas que proceden de América Latina o Europa y escogen Canarias para vivir temporalmente. 

Crisis Climática

En septiembre de 2016 se celebró la Cumbre de la Organización de Naciones Unidas sobre los Refugiados y Migrantes. En su declaración final, conocida como la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes, se expresa la voluntad política de salvar vidas, proteger derechos y compartir la responsabilidad a escala mundial. Comprometiéndose los estados miembros a proteger la seguridad, la dignidad y los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas migrantes, al margen de su estatus migratorio. Trascurridos cinco años desde la Declaración, son numerosos los ejemplos que confirman que su incumplimiento es más que notorio.

Las razones que llevan a millones de hombres y mujeres a abandonar su tierra, para trasladarse a otros lugares del mundo en los que establecerse y desarrollar sus vidas, son múltiples. Entre ellas las económicas, en un mundo enormemente desigual y con cientos de millones de personas empobrecidas, situación agravada en el periodo reciente por los efectos de la pandemia de la Covid 19, que ha incrementado sustancialmente los niveles de desempleo y de pobreza severa en estados que carecen de sistemas de protección social. Canarias tiene en las migraciones por razones económicas mucha experiencia, con salidas masivas de su población en distintas etapas de su historia. Especialmente hacia América Latina -Argentina, Venezuela, Cuba o Uruguay-, tras profundas crisis que sumieron a las Islas en condiciones de extrema pobreza.

También se producen migraciones motivadas por conflictos bélicos o por la huida de regímenes políticos despóticos. La Crisis Climática es otra causa de los movimientos migratorios que, según señalan los expertos, se incrementará en las próximas décadas por la cada vez mayor presencia de fenómenos meteorológicos extremos -sequías, inundaciones, incendios-, y sus consecuencias en las pérdidas de cosechas.

En muchas ocasiones esos traslados en busca de una vida mejor ponen en grave riesgo la integridad física y la propia vida de hombres, mujeres y menores, como viene ocurriendo en el mar Mediterráneo y, asimismo, en la ruta atlántica hacia Canarias, realizada en embarcaciones -barquillas, cayucos o lanchas neumáticas- muy inseguras. Miles de personas han muerto en los últimos años tratando de llegar a nuestras Islas, que perciben como lugar de paso para alcanzar el continente europeo. Una tragedia repetida a la que las instituciones internacionales deben ofrecer humanitaria respuesta.

Menores

Especial atención, por su mayor desprotección y vulnerabilidad, merece el caso de los menores. Canarias atiende en la actualidad a unos 2.500 niños y niñas que necesitan de un cuidado digno y responsable por parte de todos, que incluya no solo educación y residencia, sino, además, un proyecto vital en el que la educación juega un papel angular. Considero que no es de recibo que Canarias afronte en solitario esa tarea y seguiremos insistiendo en la distribución por el resto del Estado y de la Unión Europea. Somos, por nuestra situación geográfica, frontera sur del Estado español y de la Unión, y es preciso que se entienda este fenómeno desde la responsabilidad compartida que no acaban de entender el Gobierno de España ni la dirigencia comunitaria.

Son muy pocas las comunidades que se han ofrecido a contribuir solidariamente en el tema de los menores, entre ellas Euskadi. Por ello, insistimos en que se hace preciso articular modificaciones legales para que se produzca un reparto entre las diferentes comunidades autónomas de niños y niñas que forman parte de la ciudadanía europea del presente y del futuro y que debemos integrar en las mejores condiciones. Una redistribución justa, equitativa, obligatoria, vinculante y con criterios de reparto asociados a la riqueza, a la población y al desempleo de cada nacionalidad o región, como plantea la propuesta Share impulsada por el País Vasco y su lehendakari.

Reclamamos, por otra parte, activar lo que señala el Estatuto de Autonomía en su artículo 144 respecto a la participación de Canarias en las decisiones trascendentes en materia migratoria que afecten a las Islas, por su especial singularidad geográfica. Exigimos que se cumpla el Estatuto y que Canarias esté presente en los órganos que toman decisiones en materia migratoria cuando estas afecten al Archipiélago.

Canarias es una tierra transfronteriza, con relación histórica con los pueblos vecinos africanos y hay que seguir intensificando esta desde una perspectiva de codesarrollo en lo económico, social y cultural; en ningún caso desde perspectivas neo-colonizadoras. Una apuesta decidida por la cultura transfronteriza en un mundo que mezclará lo digital y lo físico, en donde África Occidental y la Macaronesia emergen como un territorio joven, dinámico, con recursos y materias primas. Y en el que Canarias puede aportar su conocimiento y contribuir a la mejora del bienestar y la convivencia.

Por nuestra situación geográfica, los fenómenos migratorios seguirán afectándonos en las próximas décadas. Y eso obliga a plantear respuestas que contribuyan a garantizar los derechos humanos de los migrantes, así como los derechos de la población local, e impulsar la aplicación de políticas que faciliten una emigración regulada hacia la UE, con cupos u otras fórmulas, de las que se beneficiarían las personas migrantes, pero también los estados receptores. Encuentros como Migratlantes contribuyen a seguir avanzando en esa línea. No hay tiempo que perder.