Una negociación compleja

La negociación entre Nueva Canarias (NC) y el Gobierno central sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017 está siendo, como preveíamos, compleja. Aunque en el primer encuentro de máximo nivel se han producido avances, quedan muchos aspectos por concretar y los próximos días, con el intercambio de documentos y el análisis de los mismos por las partes, serán cruciales para determinar nuestro apoyo o no a las cuentas públicas. El proceso negociador resulta más complicado aún por las grandes diferencias que nos separan del Ejecutivo del PP. Nos hemos opuesto a sus políticas de austeridad y recortes. Rechazamos la reforma laboral, la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) y la ley mordaza. En las dos ocasiones dimos un no a la investidura de Mariano Rajoy y apostamos por establecer un gobierno de progreso, regeneracionista y reformista, que no se forjó por diferencias entre los partidos emergentes.

Diferenciamos esa situación de investidura de nuestra responsabilidad política en el debate y aprobación de las leyes que se discutan en un Congreso de los Diputados sin mayorías absolutas. Nos hemos opuesto al decreto de desmantelamiento de la estiba pero hemos apoyado la subida del 8% del salario mínimo interprofesional, pese a que no satisface nuestras pretensiones, porque impacta positivamente en aquellos que se encuentran en peores condiciones salariales. O a la eliminación de distintas exenciones de impuestos a las grandes empresas -lo que permitirá este año recaudar unos 5.000 millones de euros adicionales- convencidos de que es imprescindible incrementar los recursos públicos para educación, sanidad o dependencia.

Oportunidad

Y ahora discutimos una ley de PGE para 2017, ya en tramitación y sólo para seis meses, con graves dificultades para la ejecución de obras y servicios, como reconoce el propio Gobierno de Canarias.

Por eso, orientamos este proceso hacia partidas ejecutables o gestionables y a la consolidación de derechos que vayan más allá del presupuesto para un semestre. Nos parece de gran importancia nuestra petición de incrementar del actual 50% al 75% la bonificación a los billetes aéreos en trayectos entre las islas. Es una justa reivindicación de un pueblo conectado, fundamentalmente, por el tráfico aéreo, que se convierte en nuestras carreteras. Donde otros pueden elegir trasladarse en tren, guagua y coche, a precios muy asequibles, aquí lo tenemos que hacer en avión y barco, y a costes elevados. Se trataría de una conquista histórica, de la consolidación de un derecho que no es en absoluto un privilegio sino una medida que nos sitúa en mayor igualdad con los ciudadanos y ciudadanas del territorio continental español.

También queremos avanzar en la declaración de obligación de servicio público para los tráficos entre Canarias y el territorio peninsular español, de manera que se puedan imponer tarifas máximas. Para evitar los incrementos abusivos que hacen que sea más caro trasladarnos de Gran Canaria a Madrid (1.800 kilómetros de distancia) que a Londres, que se encuentra a 2.900 kilómetros. Pensando también en la situación de los canarios que residen fuera del Archipiélago, a los que las tarifas de los billetes les dificulta visitar las Islas.

Así como elevar la actual subvención del transporte de mercancías, en la línea de alcanzar el 100%, para que nuestras empresas puedan competir en mejores condiciones. Por otra parte, solicitamos que el Estado pague la totalidad del Posei adicional, como hace Francia con sus RUP. Y ampliar las subvenciones a la potabilización de agua a la extracción y elevación de agua de pozos y galerías para riego agrícola.

La situación social de Canarias, con un desempleo del 25,7% y elevados niveles de pobreza, nos lleva a plantear una serie de enmiendas. Entre ellas, las referidas a dotar más adecuadamente al Plan de Empleo, así como mejorar las partidas dirigidas a la lucha contra la pobreza y otras políticas sociales.

Otras enmiendas van dirigidas a las infraestructuras turísticas y al transporte terrestre de viajeros con la introducción de elementos novedosos, como la metroguagua, así como a aumentar la dotación del convenio de carreteras. Tratamos de lograr, asimismo, el reconocimiento de un sistema singularizado para el desarrollo de las renovables –eliminando los cargos/peajes a todas las instalaciones de autoconsumo- y del sector audiovisual en las islas, en este último caso en el camino de solucionar los problemas para que nuestras productoras puedan acceder con seguridad jurídica a la deducción en el impuesto de sociedades por las inversiones realizadas en esta actividad.

Otros temas que estamos negociando afectan a la extensión de la banda superancha, impulso de la I+D+i, acciones en materia de rehabilitación de vivienda e incremento de la actual cuota canaria de la pesca de atún rojo.

Violencia de género

Junto a nuestras enmiendas dirigidas a mejorar la situación de Canarias, planteamos otras de ámbito estatal. Entre ellas, un incremento en las partidas destinadas a la crucial lucha contra la violencia de género.

Incluimos, además, en la negociación algunos asuntos de orden político y estratégico. Con dos elementos sustanciales. En primer lugar, garantizar que el Estatuto de Autonomía alcance el máximo nivel de competencias que permite la Constitución. Y, en segundo, el compromiso de que no sea retirado si se consigue introducir una propuesta de reforma electoral aplicable ya en 2019, desde el mayor nivel de consenso, posibilitando la mejora de la pluralidad y de la proporcionalidad en el Parlamento canario. En consonancia con lo recogido en el Pacto por la Democracia suscrito por la mayoría de los partidos canarios.

Continuaremos en esta compleja negociación con flexibilidad pero, al tiempo, siendo exigentes y rigurosos para que se generen condiciones que mejoren la vida de nuestra gente, que consoliden derechos, que contribuyan al empleo, que abaraten el transporte aéreo, que incrementen el peso de las energías renovables y que modernicen infraestructuras. Y otras que contribuyan a consolidar el autogobierno y posibilitar una Canarias más democrática.