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Los partidos, tras los incumplimientos
Queda en el paisaje postelectoral y pactista la nebulosa partidista anunciada de los cargos públicos -¿y orgánicos?- a los que será abierto expediente disciplinario a raíz de los incumplimientos de las indicaciones cursadas para orientar el sentido del voto en el momento de elegir al alcalde, siguiendo las directrices políticas de quienes negociaron (CC y PSOE) para sellar una alianza de este color en aquellas instituciones donde consideraban que era precisa.
La suerte siempre incierta de este tipo de iniciativas se acentúa desde el momento en que dirigentes de ambas formaciones han elevado el listón “con el fin de revertir la situación”, ya plasmada, por cierto, con resultados y decisiones que repercuten directamente en la composición de corporaciones. El Cabildo Insular de Tenerife y el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna siguen a la espera de un acuerdo -hoy habrá una reunión que se antoja decisiva- para despejar las incógnitas que se ciernen sobre tales instituciones.
Será interesante contrastar la voluntad de los órganos partidistas cuando se trate de manejar la realidad más allá del cortoplacismo que significa la toma de decisiones y su incidencia en aquellos lugares donde realmente se pueda cambiar el escenario para modificar, ni más ni menos, que la gobernabilidad. Hasta ahora, las situaciones de este tipo se han lidiado de forma desigual, entre recelos, conveniencias e intereses, pero, sobre todo, con laxitud y cierta manga ancha: a la dirección de los partidos cuesta adoptar determinaciones basadas en aspectos disciplinarios, no quiere conflictos internos y si sobrevienen, prefieren que el tiempo abone el olvido o haga reconsiderar juicios por la vía natural.
Pero hay episodios de lo que denominan ‘vieja política’ que colisionan claramente con las exigencias de los nuevos tiempos, cuando hacer que interese la política o que ésta desprenda credibilidad requiere actos y decisiones que no signifiquen un dejar hacer, un dejar pasar que, en el fondo, sea una expresión de irrespeto para todos y en todos los sentidos. Y son los órganos de los partidos los llamados a no mirar hacia otro lado. Han de ir al núcleo de los problemas para su resolución, puede que dolorosa o severa, pero inevitable. Si disponen de estatutos que consignen régimen disciplinario y de códigos éticos que han elevado el nivel de cumplimiento y respeto a las decisiones que tomen los órganos de dirección, están obligados a ser consecuentes. ¿Para qué sirven si no?
Los militantes, por otro lado, han de entender que no pueden conducirse al libre albedrío cuando ingresan en una organización política que funciona con arreglo a fundamentos democráticos y que está jerarquizada. Si se está, es para participar y con este verbo, aceptar o acatar, no para cultivar un ‘panchovillismo’ o una suerte de anarquismo que confunde, bloquea y merma seriedad. Si ese es su estilo o ese es su fin último, que funden su propio partido y hagan de él lo que les plazca.
Ha terminado siendo un lugar común la carencia de cultura política o democrática en amplios sectores de la sociedad y aún en el ámbito de los propios partidos. No falta razón a quienes lo esgrimen cuando asistimos a episodios que se alejan de la seriedad, de la sensatez y de la aplicación normal de los mecanismos internos reguladores. Parece llegada la hora de esmerarse, bases y dirigentes, con tal de impedir o prevenir las disfunciones.
Se juegan mucho, en ese sentido, nacionalistas y socialistas con vistas al futuro. Hasta cuentan con algún soporte legal para hacer valer las medidas que pongan a los incumplidores o indisciplinados contras las cuerdas, que pueden ser también las de la subsistencia económica. En una época en la que la desafección política gana terreno -los registros de abstencionistas en Canarias el pasado 24-M son muy significativos-, obrar con permisividad o inhibirse cuando no debe hacerse es francamente peligroso.
Puede que haya que aguardar, incluso a trances como las próximas elecciones legislativas. Pero no mucho más allá pues si los partidos implicados no actúan con coraje y determinación, si no hacen uso de sus códigos y si van a dejar que siga girando la noria de las individualidades en el propio interés o capricho de éstas, flaco favor estarán haciendo a la democracia. Es una de las pocas cartas que les queda para que se contraste su misma capacidad de regeneración política. Si, por el contrario, su desempeño en esta materia es firme y decidido, si se apoyan en convicciones y preceptos éticos y estatutarios, se avanzará en cultura política y en calidad democrática.
Que buena falta hace.
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