¡No nos privaticen el viento!

La Comisión Europea en su informe SWD (2012), en el que realiza una evaluación del programa de estabilidad para España y establece recomendaciones para 2012-2015, afirma textualmente que la suspensión de las ayudas a las energías renovables por el Gobierno del PP “desalienta la inversión en el sector y hará difícil que España alcance sus objetivos energéticos y climáticos en el marco de la estrategia Europa 2020. Por otra parte, con una menor proporción de energías renovables, la dependencia de España de la energía importada aumentaría respecto de la tasa actual del 79% (que es ya muy superior a la media de la UE, del 54%). La simplificación de los complejos procedimientos de autorización y planificación y la supresión de otros obstáculos al desarrollo de las energías renovables pueden contribuir a reducir el coste de estas energías, cuestión que aún está pendiente para España”. Según este estudio, “España ocupa el sexto lugar de EU-27 en la emisión total de gases de efecto invernadero” y mantiene desacertadamente compensaciones excesivas a infraestructuras ya amortizadas y subvenciones a tecnologías obsoletas, ineficientes y perjudiciales para el medio ambiente, lo que obstaculiza el crecimiento económico al no conseguirse aminorar los precios de la producción de la electricidad.

Lejos de amilanarse, el Gobierno de Rajoy insiste en atacar a las renovables, desde distintos flancos, eliminado primas con carácter retroactivo y de futuro, penalizando el autoconsumo, castigando el ahorro, imponiendo una moratoria a las energías limpias. Y además parece cebarse en Canarias donde disponemos de las mejores condiciones para apostar por las renovables y donde cuesta mucho más barato que en ningún otro lugar generar energía con el viento y el sol. A pesar del anuncio, desde finales de 2011, de la solución inmediata para el desbloqueo de las trabas y el inicio de las obras de la central hidroeléctrica de Chira-Soria; a pesar de las promesas de la concreción de un régimen retributivo específico para la energía eólica en Canarias (solo para la potencia concedida en el concurso de 2007, no se equivoquen) o de que se programarían estaciones y subestaciones, como la de Arinaga, necesarias para acoger la energía que se produjera, lo cierto es que pasan los meses y todo sigue igual. O peor.

Y es que no nos puede ir más mal. Éramos pioneros y andábamos a la cabeza en la producción de energía eólica y hoy nos paseamos por la Segunda División como la UD Las Palmas y el CD Tenerife. Parece nuestro sino andar columpiándonos en la incompetencia, la corrupción, la desgana y las consignas interesadas, para paralizar la implantación de las renovables en este archipiélago atlántico.

El primer concurso para adjudicar un cupo de producción de energía eólica se puso en marcha hace diez años. La corrupción en los aledaños del PP y de la consejería de Industria, de la que era titular en aquel entonces Luis Soria, frustró las expectativas. Nueve años después aún no sabemos exactamente qué pasó, pues la causa aún no ha sido juzgada. Tras un nuevo intento, frustrado por una mala gestión, en 2010 se publicó la adjudicación de 460 MW eólicos que está siendo anulada en muchos casos por los tribunales de Justicia porque pusieron a unos técnicos novatos a evaluar las propuestas y se saltaron en distintas ocasiones los pliegos de condiciones, facilitando las impugnaciones y las anulaciones posteriores. En todo este tiempo no se ha instalado un nuevo aerogenerador en Canarias –en realidad no se ha instado ninguno en 15 años- ni se podrán instalar en muchos años porque no se han realizado por el Gobierno español las infraestructuras necesarias para poder verter a la red la energía producida y porque no se han buscado alternativas a las afecciones aeroportuarias que impiden montar aerogeneradores en el sureste.

Todos, absolutamente todos los consejeros de Industria y los presidentes canarios, nos han ido vendiendo que en el 2015 tendríamos como mínimo un 30% de energías renovables y la realidad es que no llegamos ni al 6%. En todos los planes energéticos que se fueron redactando, mala e improvisadamente, se nos engolosinaba con la misma cantinela mientras ponían todas sus energías, nunca mejor dicho, en intentar introducir el gas en las dos islas capitalinas. Y siguen insistiendo en ello e intentan aprobar unas Directrices para la Ordenación del Sector Eléctrico (DOSE) donde posponen ahora el objetivo de la concesión de un 30% de renovables para el 2020 y un 37% de gas para la misma fecha. Menos mal que empiezan a oírse voces en el seno de Coalición Canaria de quienes opinan que esta propuesta es una barbaridad y plantean frenar estas Directrices que nacen ya obsoletas y contra natura.

Pero no se trata solo de esto. De común acuerdo con Gobierno español, el Ejecutivo canario acaba de anunciar la tramitación y publicación de un decreto que obvia los concursos y otorga las nuevas concesiones de potencia según se vayan solicitando. Cuando se apruebe definitivamente la norma que establece las bases para la adjudicación de los nuevos aerogeneradores a instalar se instaurará el principio de que quién primero anda, manda –como apuntó la propia Consejería- y a partir de este momento no habrá, efectivamente, más concursos. El empresario Enrique Rodríguez de Azero se apresuró a aplaudir la propuesta hasta con las orejas: “Le damos la enhorabuena a la consejera por hacer autocrítica y reconocer que los concursos no funcionan, es la iniciativa privada la que debe liderar el proceso”. Como si el concurso fuera el culpable y no los que andaban detrás manejándolo. Como si lo público fuera sinónimo de corrupción. Se abre así la posibilidad a que cualquier fondo de inversión de cualquier rincón del planeta se acerque hasta estos predios y se haga, a base de buenas cuentas bancarias, con toda la energía renovable de Canarias. Corremos el riesgo de que toda nuestra energía renovable pase a manos de grandes poderes económicos que continúen cercenando nuestra soberanía energética.

Apelo a la sensatez y a la ética política de la consejera, a la que tengo en mucha consideración, para que, con la Fecam y la Fecai, se pongan en marcha consorcios públicos que permitan acceder a los municipios y a las islas a una parte importante de la potencia eólica a adjudicar, para facilitarles así mejoras socioeconómicas; para que la beneficiaria del aprovechamiento de nuestros recursos naturales sea la ciudadanía de Canarias. Pero no compitiendo con la iniciativa privada, sino disponiendo de salida para las instituciones locales de un cupo propio que vaya más allá del 50%. Es necesario también que se arbitren fórmulas para que la pequeña y mediana empresa local pueda pugnar en condiciones de igualdad con las grandes eléctricas y con los fondos de inversión interesados en optar a la solicitud de potencia.

En el concurso de 2007 se valoraba positivamente, para obtener una adjudicación, el grado de contribución de los parques eólicos a las corporaciones locales y se puntuaba más la propuesta si se firmaba un convenio con los ayuntamientos o con los cabildos por los que se les donaba hasta un 9% con fines energéticos, medioambientales y sociales. El Gobierno canario debe garantizar en estos momentos a todas las instituciones públicas participantes que esos convenios se van a mantener. Que nadie va a poder utilizar subterfugios –ni se les va a permitir- para obviar los compromisos. Y se debe ir más allá: para las nuevas asignaciones se deben tener en cuenta estas contribuciones a la mejora del medio natural y de la calidad de vida de los hombres y mujeres de Canarias y deben considerarse como incentivos para la adjudicación.

La energía es un bien estratégico y el aprovechamiento de los recursos naturales no puede quedar en manos de unos pocos. ¡No nos privaticen el viento!