Tenemos República

Señalaba en un reciente reportaje en este medio, OUA y Canarias: 40 años después, que el independentismo canario “cuenta con una escasa base social y electoral. Las formaciones que lo defienden o no concurren a los comicios o suelen sacar resultados insignificantes. Nada que ver con lo que sucede en Cataluña o en Euskadi”.

Recordaba, asimismo, la relevancia mediática que tuvo a finales de los años setenta del pasado siglo y algunos acontecimientos significativos de la misma. Luego desaparecería casi por completo en un panorama de enorme fraccionamiento en minúsculos grupos.

Justamente en los días en que se publicó el texto sobre aquella etapa histórica, descubrí en La casa de mi tía (desconozco si se publicó en los periódicos de las Islas), revista de la prensa digital que dirige Chema Tante, un comunicado del Movimiento Unión del Pueblo Canario en el que se anuncia la proclamación de la República Democrática Federal Canaria.

Se trata de una carta dirigida al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en la que se le pone al tanto sobre la decisión adoptada y se argumentan las razones que han llevado a la misma. El texto está redactado por alguien que parece bien conocer el derecho del mar y las dificultades de reconocimiento de sus aguas que tienen las islas sin estado, como es el caso de Canarias, y su relación en torno a presuntas reclamaciones sobre las riquezas, como el telurio, que pueden albergar sus fondos.

Ilegales

En ese sentido, califican de ilegales las reclamaciones españolas “de aplicar la Parte IV de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS 1982) a las Islas Canarias (…) el problema es que las Islas Canarias NO son aún un Estado archipelágico. La Parte IV de UNCLOS 1982 está dedicada a la definición y regulación del espacio marítimo y aéreo de los llamados Estados archipelágicos (artículos 46 a 54)”.

Pero lo que más me llama la atención es su reiteración de que el motivo de la carta es presentar una solicitud al secretario general de la ONU, “y proclamar el Estado canario, un Estado archipelágico, bajo la supervisión y evaluación de las Naciones Unidas, acorde con el referéndum celebrado el 12 de marzo de 1986 en el que los residentes de Canarias votaron en contra”.

Como recordarán, el 12 de marzo de 1986 se celebró el referéndum sobre la permanencia en la OTAN y Canarias fue –junto con Euskadi, Cataluña y Navarra- una de las comunidades en las que triunfo el no. Cabría concluir de ese resultado, en primer lugar, el rechazo a los bloques militares de entonces y, también, una significativa voluntad de neutralidad y de apuesta por la paz. O la negativa a la militarización de las Islas y la instalación de nuevas instalaciones militares.

Pero trasladar el resultado de una consulta, la de la permanencia en la Alianza Atlántica, a la expresa voluntad de independizarse y construir un estado independiente parece un exceso bien excesivo. En el triunfo del no en las Islas se juntaron nacionalistas de todo tipo, federalistas y autonomistas; cristianos y ateos; auténticos pacifistas y muy minoritarios admiradores del Pacto de Varsovia. Además, tengan cuidado que alguno les puede salir señalando que en Tenerife, La Palma y La Gomera ganó el sí. ¿Se quedarán sin República?

Soy, seguramente en minoría, de los que creo que los estados no son inmutables ni eternamente indivisibles. Pero, también, considero que una decisión de esas características –separarse de un estado- tiene que ser reglada y contar con una mayoría cualificada de participación y de apoyo ciudadano, circunstancias que no se cumplieron, por cierto, en el reciente caso catalán. Condiciones que ni se plantean –la descolonización se propone sin pulsar la opinión de los ciudadanos y ciudadanas del Archipiélago- en la sorprendente propuesta (o mejor, proclamación) del Movimiento UPC.