Su secreta majestad

Pilar Urbano ha levantado una polvajera de mucho cuidado. Ha hurgado en una herida sin cerrar y ha conseguido hacer sangrar de nuevo la memoria de un país. Ha vuelto a poner sobre el tapete la eterna duda sobre el papel del Rey el 23-F y su relación con el general Armada y si ha habido un ocultamiento premeditado de lo que sucedió realmente con la intentona fracasada del golpe de Estado de 1981. Tras la presentación de su último libro La gran desmemoria. Lo que Suárez olvidó y el Rey prefiere no recordar, publicado en una editorial (Planeta) no sospechosa precisamente de ser antisistema, los engranajes de la democracia española han vuelto a chirriar. A lo largo de los últimos días a la autora, una periodista conservadora, miembro numerario del Opus Dei y otrora cortesana insigne, le han llovido cachetones por todas partes. Nada más aparecer la obra en las librerías, una multitud de patricios se apresuraron a salir en bandada a criticar a la periodista y a poner obstáculos a que se publicitara su trabajo en radios, televisiones y periódicos. Exministros, monárquicos contumaces, medios de comunicación muy cómodos en el sistema y los partidos políticos amoldados al bipartidismo, no han cesado de criticar las tesis de la autora y su imputación de la Monarquía, velada o no tan velada, en la asonada militar.

Pero lo más extraño es que no es la primera vez que se publica un libro sobre el 23-F ni que se apunten dudas sobre el monarca y su entorno. Ya Jesús Palacios (23-F, el Rey y su secreto) apuntaba tesis parecidas y sostiene que se trató de un golpe al sistema desde dentro del sistema, una especie de Operación De Gaulle, con la complicidad del Rey y políticos como Felipe González. Y hay más que defienden la misma tesis. Como Francisco Medina (23-F, la verdad) o José Oneto (23-F, la historia no contada). Otros respaldan hipótesis diversas, pero casi siempre dejando entrever zonas oscuras, dudas, implicaciones más o menos veladas...

Lo cierto es que el Centro Nacional de Inteligencia dispone de una importante cantidad de documentos de especial relevancia sobre lo ocurrido en esas fechas. El CNI guarda informes, grabaciones de conversaciones, fotografías y otro material y 25 años después permanecen clasificados. ¿No es el momento acaso para desclasificar la documentación? ¿No se dan las circunstancias para despejar cualquier tipo de recelos de la ciudadanía, dadas las dudas y las polémicas que cuestionan la legitimidad de instituciones, políticos y partidos? ¿Por qué no se hace si ya han pasado los 25 años que estipula la Ley de Secretos Oficiales? ¿Por qué ese empeño del PSOE y del PP en seguir impidiendo que se transparente la información?

El desprestigio de la política y las instituciones no deja de avanzar. La Monarquía aparece cada vez más cuestionada en los sondeos de opinión. Los casos de corrupción de Urdangarín y Nóos a la sombra de la Corona, la utilización de la Fiscalía y de Hacienda para defender de la imputación a la infanta Cristina, los préstamos de dudosa legalidad a su hija, la caza de elefantes o los líos con Corinna (alojada en una “chozita” en la Zarzuela), no ayudan precisamente a granjear simpatías. No dejan de aparecer voces que piden directamente la llegada de la tercera República o la abdicación del Rey en el Príncipe. En un momento de profunda crisis social y económica -ha sido así a lo largo de la historia- los privilegios y los despotismos reales provocan reacciones viscerales en la población. Pero no parece que se haya aprendido la lección.

Desde la Casa Real, el Gobierno, el PSOE y gran parte del sistema acomodado se es consciente de la situación, pero apenas se atreven a parchearla. En los momentos de mayor encono social se inventaron una entrevista vergonzosa con Jesús Hermida, pusieron en marcha un programa-panegírico en la televisión pública, crearon una web almibarada, pactaron portadas retocadas en revistas de cotilleos...Pero nada de esto dio resultado.

Y entonces conciben una especie de transparencia limitada que provoca de nuevo más decepciones y frustraciones. Pretenden acallar a la ciudadanía aduciendo la pretensión de convertir a la Zarzuela en un edificio “de cristal”, pero con cristales tintados. Todo se ha reducido a describirnos los gastos generales y las asignaciones anuales a cada uno de los miembros de la Casa Real. Y poco más.

La transparencia es absolutamente imprescindible para que la ciudadanía pueda ejercer un control real de los poderes públicos. Nos estamos jugando la democracia en momentos como los que estamos viviendo. Por eso no podemos permitir que la pureza de las acciones se diluyan en maniobras torticeras que pretenden distraernos y sustraernos la verdad. En generar silencios y complicidades complacientes. Una verdadera transparencia tiene que pasar por conocer exactamente el patrimonio del rey y sus actividades privadas. Es preciso que sepamos si participa en empresas y si hace negocios y con quién, pues eso puede condicionar, sin duda, sus acciones como Jefe del Estado. No podemos renunciar a la información de lo que pasó con la herencia de su padre depositada en Suiza; o con los regalos de empresarios en forma de yates o numerosos coches de lujo que luego mantienen Patrimonio Nacional. Se nos debe aclarar su papel con el entorno de Kio y con Javier de la Rosa; sus mediaciones en las privatizaciones de Repsol-YPF y en la operación de su amiga íntima, la princesa alemana, en la opa de Lukoil sobre la petrolera española. Se deben hacer públicas las comisiones de un céntimo por cada barril de crudo comprado a Arabia Saudí, que estuvo cobrando parece que hasta no hace mucho; también la petición realizada al Sha de Persia de una cantidad importante de dinero para afianzar a la monarquía y a la UCD frente al PSOE en los primeros años de la Transición; y el especial trato de Telefónica y La Caixa, con contratos suculentos y otras prebendas (colegios carísimos, casa, etc.) a su hija y yerno...

Y encima, al tiempo que el Rey nos habla de la igualdad de todos ante la ley y de la necesidad de ser ejemplares en las acciones, una inviolabilidad y ausencia de responsabilidad fijadas en la Constitución nos impide exigir que rinda cuentas por sus responsabilidades públicas y privadas ante la Justicia o el Parlamento (a los ciudadanos, por tanto), lo que ha posibilitado que no prosperaran dos demandas en su contra por paternidad (con gran cuestionamiento jurídico, por cierto). Se trata a todas luces de privilegios absolutistas que no tienen ninguna razón en un sistema democrático y más cuando trascienden a asuntos de su vida privada. Estamos ante una prerrogativa antediluviana y para colmo el PP y el PSOE pretenden ampliarla proponiendo aforar a los príncipes Felipe y Letizia y a la propia Reina.

La Corona no está sometida a las urnas, por eso y con mayor razón, debe estar sujeta todos los días al refrendo ciudadano. Una Monarquía blindada choca de bruces con la exigencia de transparencia y de controles públicos. Una democracia no puede ser solo para garantizar los privilegios de unos pocos mientras se sacrifica a una gran mayoría. Cuestionar esta premisa ataca directamente a su salud. Tal vez, como acaban de hacer público en un manifiesto intelectuales de la talla de Caballero Bonald, Marcos Ana, Josep Fontana, Juan Genovés, Carlos Jiménez Villarejo, Rosa Regás, Ángel Viñas, Sánchez Albornoz y otros, puede que sea solo una nueva República la que propicie la regeneración necesaria.