A Jaime Mayor Oreja no le interesa que desaparezca ETA

Mayor Oreja, en un alarde de cinismo político, respaldó las acusaciones de Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal, que apuntan que el Ejecutivo está espiando y utilizando los instrumentos del Estado contra los populares, y cree que Zapatero está intentando tapar con ello la crisis y alejarse de la responsabilidad de la misma con el fin de evitar que el PP sea alternativa en las generales de 2012.

La arremetida de Jaime Mayor Oreja viene a confirmar cual será la política del Partido Popular si gana las elecciones de 2012, sembrar de pánico y discordia a toda España, arremeter contra jueces, fiscales y policías, para conseguir el objetivo fundamental, distraer de la atención pública de la trama mafiosa de la operación Gürtel, que puede significar como mínimo la caida de la actual dirección del Partido Popular, y como máximo la necesidad de una refundación del partido incluso con otro nombre. A este paso ya están como Herri Batasuna, que ha tenido que cambiar de nombre siete veces en Euskadi. Los conservadores españoles sólo llevan tres cambios, Alianza Popular, Coalición Popular y Partido Popular, pero de seguir así igual alcanzan a los independentistas vascos en sus constantes cambios de siglas y membretes partidarios.

Pero resulta cuando menos saludable recordar cual ha sido la senda tenebrosa de Mayor Oreja incluso en relación a la lucha antiterrorista. Es curioso, incluso sospechoso, y diría que hasta indignante, que los hermanos de Jaime Mayor Oreja, Carlos y José María, sean los máximos accionistas de una importante empresa de seguridad privada que entre otras cuestiones de seguridad se dedica a contratar escoltas para políticos y cargos públicos en el País Vasco.

En febrero de 2002, poco después de haber abandonado el ministerio de Interior para preparar su carrera a las presidencia del País Vasco, Mayor Oreja apeló a un daño en su honor para interponer una demanda civil contra el dirigente del PNV Javier Arzalluz. El peneuvista había denunciado que la familia del popular tenía intereses en el sector de las empresas de seguridad privada y relacionaba esta circunstancia con la negativa de Interior a negociar con el Gobierno vasco la ampliación de la plantilla de la Ertzaintza para proteger a los amenazados por terrorismo. ? y perdió una querella en el Juzgado de Primera Instancia de Álava y después la Audiencia Provincial de Alava también desestimó la demanda al considerar que no se había quebrado el derecho al honor de Mayor Oreja, entre otras cosas “porque las imputaciones son veraces, por haber sido indagadas con suficiente diligencia”. Los jueces dieron por probada la participación del ministro de Interior en Eulen, compañía que gestiona empresas de seguridad privada, y detallaron las vinculaciones societarias de sus hermanos José María y Carlos en otras empresas de seguridad. Mayor Oreja y también Mariano Rajoy, que como su sucesor en Interior le había secundado en aquella demanda, tuvieron que pagar las costas procesales. Mayor Oreja insistió e interpuso un recurso de casación ante el Tribunal Supremo que fue desestimado por la máxima instancia judicial.“En el curso del procedimiento se consideró probado que los demandantes, miembros de la familia Mayor Oreja, habían pertenecido como apoderados, administradores o accionistas, a diversas compañías de seguridad privada y que en el momento de presentarse la demanda aún seguían ostentando cargos en las mismas u otras empresas”, confirmó el Tribunal Supremo.

El Grupo Eulen, empresa de seguridad privada, se dedica entre otras actividades en el campo de vigilantes de seguridad, a la contratación de escoltas privados, guardas particulares del campo, vigilantes de explosivos, obtención de licencia de armas largas rayadas, entre otras actividades relacionadas con la seguridad privada.

El Gobierno del PP fue el mejor cliente de las empresas de seguridad privada durante los mandatos de José María Aznar. Ésta es la principal conclusión del análisis de las cifras de facturación de los 15 ministerios, que superan los 700 millones de euros durante el mandato aznarista. En contra de lo que pudiera pensarse, este gasto no se justifica por el pago a escoltas que protegen a los amenazados por ETA, ya que este capítulo sólo equivale al 2,5 por ciento del total gastado entre 1996 y 2001. El ministerio preferido por las compañías de seguridad fue el de Fomento de Álvarez Cascos, cuyo departamento asumió más del 40 por ciento de las adjudicaciones de la Administración central.

Lo que no se sabía hasta el momento es que el Gobierno que presidía Aznar fue su mejor cliente, ya que desde 1996 ha gastado más de 700 millones de euros (116.500 millones de pesetas) en adjudicaciones a empresas de seguridad privada. En contra de lo que pudiera pensarse, no es el Ministerio del Interior el que realizó un mayor desembolso, sino el de Fomento. De hecho, el coste de los escoltas dedicados a proteger a las personas amenazadas por ETA no llega a 18 millones de euros durante dicho periodo, lo que supone un 2,5 por ciento del total gastado en seguridad privada.

Los datos fueron facilitados en su día por el propio Gobierno aznarista en respuestas parlamentarias a los diputados socialistas Ángel Martínez Sanjuán y Victorino Mayoral, quienes denunciaron en numerosas ocasiones el proceso de privatización de la seguridad que se produjo durante el mandato de Aznar

Las estadísticas oficiales muestran importantes variaciones anuales, que en gran parte se explican por el hecho de que muchos contratos se adjudican por periodos de tiempo superiores a un año, pero hay un dato incontestable: el Gobierno del PP gastó como media cerca de 120 millones de euros anuales entre 1996 y 2001.

Esta cifra ya resulta llamativa pero en realidad es todavía mas elevada. La explicación es que algunos ministerios no han incluido en sus respuestas parlamentarias las adjudicaciones realizadas por las delegaciones provinciales y organismos dependientes, es el caso de Justicia, que simplemente aportó los datos de sus servicios centrales. Por esta razón aparece como uno de los departamentos con menor gasto en seguridad privada, cuando debería figurar entre los que más dinero dedican a este capitulo. Otros organismos, como la Agencia Estatal de la Administración Tributaria ( AEAT ), omitieron la información sobre 2001. El análisis de los datos facilitados permite concluir que hay diez empresas que, desde 1996, han recibido adjudicaciones por importe superior a 20 millones de euros (más de 3.325 millones de pesetas). El grupo está encabezado por Segur Ibérica, con 126 millones de euros, seguida por Prosegur, con 67,4 millones

Pero existe una importante diferencia entre ambas: mientras que Segur Ibérica ha recibido adjudicaciones de 14 de los 15 ministerios (la excepción es Interior), en el caso de Prosegur el 80 por ciento de sus ingresos proceden de Fomento.

Las dos empresas de seguridad en las que en su día desempeñó cargos de alta dirección José María Mayor Oreja, hermano del ex ministro del Interior, también aparecen en el selecto grupo. Prosesa, que en la actualidad opera bajo el nombre comercial de Eulen Seguridad, recibió adjudicaciones por importe de 43,9 millones de euros. De ellos, algo más de cinco millones proceden de contratos firmados con Interior durante el año 2001, fecha en que Jaime Mayor Oreja dejó el puesto para presentarse como candidato en las elecciones autonómicas vascas.

En muchas tertulias de Euskadi se comenta presuntamente que a la familia de Mayor Oreja no le interesa la desaparición de ETA, porque eso significaría la desaparición de la necesidad de contratar escoltas. Cuando leo cosas como estas me echo a temblar. En manos de quienes hemos estado durante dos legislaturas. Y lo terrible es que podamos volver a estar en manos de estos facinerosos.