Está muy bien oponerse a la explotación petrolífera en las aguas de Canarias, y reclamar del Estado facilidades para convertir al Archipiélago en referente planetario de energías alternativas. Es encomiable crear una agencia para la protección del medio urbano y natural y un Seprona, o tramitar costosísimos y exigentes estudios de impacto ambiental cada vez que una actuación puede poner en riesgo cualquier valor ambiental. Pero si fallamos en cosas tan básicas como la reglamentación ya podemos ponernos todo lo conservacionistas que queramos que siempre ganarán la batalla los de la hormigonera. La noticia que les ofrecemos sobre la más reciente sentencia del Supremo (del 18 de julio, ¡viva Honduras!) sobre espacios naturales de Canarias es para que se le pongan a cualquiera los pelos de punta y a unos cuantos la cara colorada. Porque esta autonomía ha sido incapaz estas últimas dos décadas de desarrollar convenientemente la Ley de Espacios Naturales de Canarias, de 1987 para adaptar cada lugar protegido a las necesidades y características propias, y de camino respetar los derechos de los propietarios en presencia y fomentar actividades que pudieran generar economía. Del mismo modo que tampoco fue capaz esta Administración tan sandunguera de desarrollar adecuadamente la ley de la moratoria turística, que de instrumento regulador acabó convirtiéndose en ventaja para los espabilados y freno al desarrollo donde debió haberlo. Es tan consciente la Comunidad Autónoma de esas lagunas que hasta en la Ley de Medias Urgentes de 2009 aparece un disposición adicional, la novena, regulando a su manera algunos espacios naturales, cuatro en concreto, cuya ausencia de regulación causaba estragos. Unamos a este desastre de gestión arbitrariedades como el catálogo de especies protegidas o el puerto de Granadilla, decisiones heredadas que el PSOE no ha sido capaz de contrarrestar desde, lo que compone desde luego el siempre desolador panorama ambiental de Canarias.