No habían pasado ni 24 horas desde que supimos por Soria que el Estado ha salvado las cuentas de la Comunidad Autónoma de Canarias, cuando hemos conocido gracias a nuestro compañero Salvador Lachica el anteproyecto del ministro Montoro de meterse en la cocina de la tesorería de los entes locales (autonomías, cabildos y ayuntamientos) para apropiarse un poco más de su control, el verdadero afán que mueve al Gobierno del PP al amparo de la crisis económica, el déficit público y las exigencias de la troika. La coartada tiene una fácil venta pública: pagar a los proveedores de bienes y servicios activa la economía y salva de la quema a las empresas, sumidas por culpa de la ausencia de crédito bancario en unos tremendos desfases de tesorería que en muchas ocasiones conducen al cierre. La noticia tiene una enjundia de muy amplio calado, porque directamente se pretende intervenir las cuentas de todas las instituciones en cuanto se retrasen en los pagos a proveedores, bien congelando la transferencias de fondos desde el Estado, lo que agravaría aún más la calamitosa situación que sufren, o bien enviando a una especie de cobradores del frac que apartarían de un manotazo a concejales, consejeros e interventores para que sea el Estado el que pase a controlar las cuentas. No es anticonstitucional, es lo siguiente, lo que acarreará ?de prosperar este atropello- una avalancha de recursos ante el Tribunal Constitucional, donde el PP se ha blindado poniendo en su presidencia a un magistrado de más que dudosa independencia. El anteproyecto, por supuesto, excluye de esas exigencias de puntualidad en los pagos a la Administración General del Estado, que se convertiría de este modo en el árbitro que mete los goles con la mano, saca los córners y negocia las retransmisiones por televisión.