La Fiscalía inaugura el caso Panasco

Queda abierto el caso Panasco. La Fiscalía de Canarias, a través de su filial de Las Palmas, ha pasado de ejercer de Torquemada a buscar a la desesperada una salida que le permita aplazar el descalabro que ha supuesto para su credibilidad la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que la semana pasada condenó contundentemente las prácticas ilegales ejercidas en su persecución a la diputada de Podemos Victoria Rosell. Del ataque, a la defensiva. Se trata de proteger al fiscal García-Panasco, jefe de la división de Las Palmas, y a su adlátere Evangelina Ríos, jefa de Delitos Económicos, de la avalancha de críticas, de solicitudes de dimisión, e incluso de consecuencias legales. Y para eso nada mejor que aplicar la regla máxima del corporativismo: lo hicieron muy mal, han sido muy animales, pero son de los nuestros. Desde que se conoció la sentencia ha habido cónclave permanente en la Fiscalía de Canarias y su máximo responsable, Vicente Garrido, inició ya este mismo lunes una ronda mediática para tratar de fijar en la opinión pública su posición de que el Ministerio Público estaba capacitado para investigar disciplinariamente a una juez y que, en absoluto, con aquella acción iniciada en vísperas electorales y colocada convenientemente la noche de la pegada simbólica de carteles en la redacción de El Mundo, no vulneró los derechos de la por entonces candidata de Podemos. Pero el intento se tropieza con la tozudez de los actos y con el vapuleo de una sentencia que deja muy poco margen al éxito en el Tribunal Supremo, a donde piensa recurrir la Fiscalía para poder sostener hasta que haya fallo definitivo que la resolución no es aún firme.

“¿Comunicado? No me acuerdo”

La turné por los medios informativos no la está haciendo el principal responsable de la condena del TSJC, Guillermo García-Panasco Morales, fiscal jefe de Las Palmas, ni su subordinada Evangelina Ríos. Tan alta encomienda no la ha querido delegar el fiscal jefe de Canarias, Vicente Garrido, responsable último de lo que haga su muchachada. Se inició la campaña temprano en la Cadena Ser, donde el periodista Evaristo Quintana sometió a Garrido a una amplia entrevista en la que desgranó uno a uno, con sus preguntas y repreguntas, los reproches del TSJC. Garrido se defendió como pudo demostrando que es capaz de manejar bien la defensa de su fuerte sin agitaciones en la respiración ni en la voz. Pero se le vio bastante desorientado cuando el entrevistador le preguntó si García-Panasco le había consultado antes de emitirlo el famoso comunicado del 3 de diciembre de 2015 que el TSJC considera que es el hito por el que se vulneró a la candidata Rosell su derecho constitucional a presentarse a las elecciones en igualdad de condiciones al resto de candidatos. “No me acuerdo”, dijo lacónicamente. Puede que la Fiscalía de Canarias emita a lo largo del año una docena de comunicados, no muchos más, por lo que no acordarse precisamente de este evidencia a las claras que alguien quiere irse sacudiendo las pulgas preventivamente. Eso sí, Garrido añadió que el comunicado no le parece en absoluto vulnerador de ningún derecho fundamental, sino una especie de favor que hacía a la magistrada investigada para que el periódico al que la víspera se había filtrado la investigación y el mundo entero supieran qué era lo que estaban buscando sus subordinados. Mucho más intranquilo e inseguro se mostró el fiscal jefe durante la entrevista que concedió a Televisión Española en Canarias, cuya periodista Francisca González le volvió a preguntar por las mismas cuestiones. No le gustó que se abordara el espinoso asunto de la enemistad manifiesta de Panasco y Ríos con la jueza investigada, sobre todo teniendo en cuenta que es muy fácil demostrar que dos juzgados (entre ellos el que presidía Rosell) investigaron por dos causas de corrupción distintas a la esposa de García-Panasco, Lourdes Quesada, nombrada el año pasado directora general de Relaciones con la Administración de Justicia por el PSOE.

Reunión al más alto nivel

La Fiscalía tiene claro que va a recurrir la dura sentencia del TSJC que la deja a los pies de los caballos. Pero necesita que haya unidad de acción, que no se produzca ninguna fisura entre Canarias y el fiscal de sala del Supremo que ha de interponer ese recurso de casación. Están removiendo Roma con Santiago hasta llegar a la mismísima fiscala general del Estado, Consuelo Madrigal Martínez-Pereda, que ha convocado para este próximo jueves una reunión al más alto nivel para diseñar la estrategia. Está en juego mucho más que el pescuezo de García-Panasco porque el recorrido que puede tener esta causa puede desembocar en lo que todos sabemos desde hace tiempo: la utilización anómala de la Fiscalía por parte de un miembro del Gobierno, José Manuel Soria, que también está apretando de lo lindo para que los fiscales que le hicieron este impagable servicio no desfallezcan y callen para siempre. La persona que entregó en la fiscalía el sobre supuestamente anónimo que dio origen a todo este escándalo no midió las consecuencias que podría llegar a tener. No entendió que nunca hubo caso; no previó que el Consejo General del Poder Judicial iba a archivar de plano la denuncia de la Fiscalía; no pensó que la perjudicada recurriría ante la Sala de lo Contencioso, y mucho menos que alcanzaría sus pretensiones. Ahora la tortilla se ha vuelto del revés: los inquisidores tienen que defenderse, que demostrar que actuaron conforme a Derecho, que no tenían por qué abstenerse (la indisciplina que quisieron encontrar); que no eran incompetentes para una investigación así; que si negaron a la investigada su derecho a personarse fue porque no hacía falta; que si sacaron un comunicado no fue para perjudicarla en campaña electoral, y que no fue la Fiscalía de Las Palmas, en una causa reservada en la que no había ninguna otra parte personada, la que filtró a El Mundo el contenido de sus averiguaciones. El caso Panasco se presenta apasionante.

Habla Soria: “Corporativismo”

Para que no faltara de nada en este charco en el que se ha metido la Fiscalía de Canarias, habló el ministro que agitó el lodazal. Y lo hizo para decir que estas disputas entre el Ministerio Público y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias son “cuestiones de corporativismo”. No vamos a perder ni un solo segundo en descifrar a qué quería referirse el señor ministro de Industria, Energía y Turismo, pero por simplificar casi parece que ante la opinión pública quiere quitarse de en medio para que no se le pueda relacionar con el hecho incuestionable de que sólo él, insistimos, sólo él, tenía el contrato de fecha 26 de octubre que una mano anónima acercó hasta la Fiscalía de Las Palmas. Choca bastante tal reducción al “corporativismo” el respeto que siempre dice profesar por la justicia, incluso cuando no le da la razón, el 99% de las veces. Su empeño sigue siendo el mismo, nada nuevo bajo el sol: que la diputada de Podemos Victoria Rosell comparezca como investigada, imputada o lo que pudiera ocasionarle enojo en cualquier instancia. Por eso cambió una investigación frustrada en la Fiscalía por una querella en el Supremo, y además exigiendo que la querellada abandone su aforamiento “como dijo que iba a hacer”. No hay constancia alguna de tal compromiso, pero ya se sabe que el señor ministro maneja la mentira con una naturalidad exquisita.