El Partido Popular quiere cerrar la televisión pública de Canarias. De eso trata la iniciativa parlamentaria presentada este lunes por uno de sus más activos diputados, Víctor Moreno, bajo el eufemismo de privatización. Poco después de alcanzar el poder absoluto en España, el partido del señor Moreno tomó al asalto la radiotelevisión pública estatal, rompió el consenso para elegir presidente, destituyó a los directivos más significados, removió a los periodistas más emblemáticos de la radio y la televisión e impuso su código habitual de conducta: el medio público al servicio de quien tiene el poder. Con Radiotelevisión Española controlada por los comisarios políticos del PP se puso en marcha el paso siguiente: hacer desaparecer las cadenas autonómicas de televisión para que el pensamiento único penetre en la ciudadanía con una sola voz, con un discurso sin ruido que lo pueda distorsionar. La coartada, como para todo lo que sean derechos ciudadanos, es la crisis, el derroche y el abuso que dirigentes como Camps en Valencia, con Canal 9, han hecho de esos medios públicos. Como cabía esperar, el encargado de proclamar al mundo que el Gobierno preparaba una ley de privatización de las televisiones autonómicas no fue otro que el rey de la libertad de expresión, del respeto por la diversidad de opiniones, José Manuel Soria, ministro de Industria. Pero, ¿realmente tiene intención el PP de privatizar las televisiones autonómicas españolas? ¿Se trata de una privatización total o de la implantación de un modelo mixto en el que un amigote del Gobierno explote el canal en cuestión con una inyección de presupuesto público que garantice el negocio? ¿Es el modelo canario el que se quiere extender a toda España pero con la adjudicación producida por el PP?