Señor alcalde-presidente: Ante usted, el Parlamento

Sesenta diputados, la soberanía popular de Canarias representada a través de cinco grupos parlamentarios. Es el Parlamento regional, el poder legislativo, el órgano llamado a construir las leyes y a fiscalizar la labor del Gobierno. Fernando Clavijo lo conoció la semana pasada, cuando una ponencia previa preparatoria del debate sobre los presupuestos para 2017 le tumbó de manera abrumadora el reparto que diseñó de los 160 millones de euros provenientes del extinto Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas (IGTE). Por primera vez desde la traición de Manuel Hermoso a Jerónimo Saavedra (1993) por lo que se consideró entonces una mala negociación del sistema de financiación con el Estado, uno de los dos socios del Gobierno se enfrentaba al otro y rompía la baraja.

Así ha sido otra vez: el PSOE unió sus votos a los del Partido Popular, Nueva Canarias y Podemos para dejarle claro al presidente y a su grupo parlamentario (Coalición Canaria) que la distribución de esos fondos aplicando los criterios de la triple paridad (75% atendiendo a la distribución territorial) y el clientelismo (captar para CC alcaldes y alcaldesas descarriados) no era digerible bajo ningún concepto. Que antes de esas ocurrencias había que atender a los ciudadanos de toda Canarias que a día de hoy siguen sufriendo los recortes en sanidad, en educación y en atenciones sociales. 15.000 manifestantes en Fuerteventura reclamando una sanidad digna que ha perdido millones de euros de inversión y calidad asistencial en esta crisis son la evidencia de que hay cosas más importantes que cinco marquesinas o una plaza con parking. El reparto ha sido tan pernicioso y pornográfico, que hay cabildos que no tienen proyectos para hacer frente a la lluvia de millones que se le venía encima.

Antes había ocurrido algo muy singular: los cuatro consejeros del PSOE en el Gobierno, con su vicepresidenta, Patricia Hernández, al frente, se levantaron de la reunión semanal del consejo justo en el momento en el que se iba a aprobar ese reparto del llamado Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdecan). Sólo existía un precedente: en la anterior legislatura hicieron lo mismo los consejeros socialistas, con José Miguel Pérez también en la Vicepresidencia, cuando se iba a aprobar el reparto de las frecuencias de radio fruto de un concurso convocado y ensolerado en el mandato anterior, con José Manuel Soria de socio de los nacionalistas.

Fernando Clavijo había engañado una y otra vez al PSOE. Sus devaneos con Casimiro Curbelo (Agrupación Socialista Gomera), con presidentes de cabildos y alcaldes de todas las islas le llevaron a modificar en varias ocasiones el diseño del reparto de esos fondos a los que el Estado parece estar dispuesto a renunciar.

Creyó desde el principio que podría conducirse a su antojo, repartir el dinero como si de una potestad personal se tratara, sin acordarlo con las fuerzas parlamentarias, empezando por su socio de gobierno.

Ha actuado siempre como si en vez de una comunidad autónoma dirigiera un ayuntamiento con mayoría absoluta; como si el Parlamento no existiera para él y todo pudiera dilucidarse en el Consejo de Gobierno, el órgano que siempre confundió con un pleno municipal. De hecho, allí ha tratado de hacerle ver a sus socios que sus consejeros son más, como si de la sesión mensual en las casas consistoriales se tratara. Hasta que se le levantaron y dieron comienzo a la ruptura definitiva del acuerdo.

Fue entonces cuando emergió el Parlamento, la soberanía popular, e hizo caer en la cuenta al señor alcalde-presidente de que su juego se había acabado, que las trampas, los desplantes, los incumplimientos y las traiciones las iba a tener que pagar todas juntas.

Clavijo tiene a partir de ahora muy poco margen de maniobra: si no consigue que los socialistas modifiquen su postura respecto al Fdcan (algo que en estos momentos parece impensable), podría ver peligrar la aprobación de los presupuestos para 2016 conforme a su diseño original. Sería una desautorización en toda regla, la pérdida de la mayoría parlamentaria necesaria para gobernar. Porque tampoco le va votar sus presupuestos el PP, Nueva Canarias y Podemos. Y eso en democracia tiene solamente dos salidas: o dimitir o someterse a una cuestión de confianza, mecanismo que permite a los presidentes y a los gobiernos testar con cuánto apoyo parlamentario cuentan para poder continuar en la tarea.

Descartada la dimisión y posponiendo la cuestión de confianza al extremo último (día 21 de diciembre, votación de los presupuestos en el Parlamento) a Clavijo solo le queda la esperanza de que el Partido Popular le permita mantenerse en el Gobierno, lo que le obligaría a cambiar el reparto del Fdecan y asumir cuestiones de la enmienda a la totalidad que la gente de Asier Antona presentó a los presupuestos de la Comunidad Autónoma para el año que viene. Si cambia el Fdecam y elimina el reparto por triple paridad, el presidente se enfrenta a su pretendido socio gomero, Casimiro Curbelo y sus tres diputados, y si se entrega al PP puede provocar una ruptura interna de Coalición Canaria por la vía de Mario Cabrera y sus otros tres diputados. Un marrón, en definitiva.

Consecuencias devastadoras

Clavijo sueña con que los cuatro consejeros del PSOE dimitan y no sea él quien los destituya de sus cargos en el Gobierno por el desplante y la quiebra parlamentaria de la semana pasada. Pero nadie se va a mover, por mucho que salgan algunos de los baluartes del insularismo tinerfeño a provocar alguna reacción. Empezó el alcalde de La Orotava y vicesecretario general de CC en Tenerife, Francisco Linares, que tardó 24 horas en reconocer que se había equivocado cuando llamó “golpe de estado” a la ruptura del PSOE en la ponencia parlamentaria. El mismo tiempo que empleó el pirómano oficial de ATI, Carlos Alonso, en referirse a los socialistas como chiquillajes que no saben de política tanto como él.

Alonso es, se ponga como se ponga ahora, alegue obediencia debida o decisiones propias, uno de los principales responsables de la situación límite que atraviesa ahora mismo su partido. Con sus soflamas contra los miembros socialistas del Gobierno (las dos últimas en esta última semana) pasará a la historia como uno de los dinamiteros de Coalición Canaria. Ya no hay marcha atrás.

Y puede que lo pague caro en las próximas semanas. Porque de prosperar una censura contra Clavijo y, por ende, un pacto entre el PSOE y el PP con el apadrinamiento de Nueva Canarias y Podemos, es más que probable que la muchachada de Asier Antona reclame para sí alguna recompensa fácilmente reconocible ante la opinión pública y sus propias huestes. Y no cabría mejor recompensa que la presidencia del Cabildo de Tenerife en un feudo donde PP y CC se disputan ideológicamente a gran parte del electorado.

Manuel Domínguez, presidente insular del PP, alcalde de Los Realejos y número uno del partido en el Cabildo, tiene bastantes papeletas en estos momentos para pasar a ser el sustituto de Carlos Alonso, si la lógica vence a las comentadas diferencias que tiene con su presidente regional.

El siguiente trofeo con una potente carga simbólica sería el Ayuntamiento de La Laguna. Toda la oposición -incluido el PP de Antonio Alarcó- parece estar dispuesta a hacer alcalde de la ciudad al socialista (ex militante del PSOE, pero socialista) Santiago Pérez. Es el mejor posicionado para que, populares, Ciudadanos y los dos PSOE en presencia (el de Javier Abreu y el de Julio Cruz) puedan ejecutar al sustituto de Clavijo al frente de la ciudad emblema del insularismo tinerfeño, actualmente bajo el bastón de mando de José Alberto Díaz.

No acabará ahí el desmoronamiento. En cuanto aparezcan las primeras grietas, muchos descontentos saltarán por la borda antes de que el barco se hunda. Con CC y ATI en la oposición es imposible frenar consecuencias catastróficas de muy largo recorrido hasta ahora frenadas por sus intereses electorales.