Se veía venir por la forma de andar de la perrita. Cuando en junio de 2012 el Ayuntamiento de Pájara otorgó a la empresa Sondeagua Island, S.L. el concurso para explotar por dos años la carpa del Mundial de Windsurfing de Fuerteventura, los conocedores del percal sabían que habría problemas. El concurso lo ganó limpiamente Sondeagua, de eso no parece haber dudas, quizás porque el informe de los técnicos municipales respondiendo a las alegaciones efectuadas por las empresas derrotadas se las despachaba de modo ligero ciñéndose a que la oferta de la ganadora era económicamente superior exactamente por tres euros de canon y 30.000 de “valoración económica del evento”. El Ayuntamiento despreció un aspecto sustancial, como que Sondeagua propusiera artistas con los que jamás había contactado o que uno de ellos, la banda Estopa, fuera de imposible contratación para un recinto así, como confirmó posteriormente su manager. Se veía venir que la contratación de Sondeagua no iba a ser cómoda ni para el Ayuntamiento ni para algunos proveedores que se las han tenido que ver con su propietario, el majorero Jacob Cabrera, un hombre con un carácter muy especial que, al decir de los perjudicados, presenta una faceta amable que de repente se transforma en huraña y esquiva. La suspensión de conciertos, los problemas de seguridad, las tiranteces con el organizador principal del campeonato y denuncias cruzadas en los juzgados de Puerto del Rosario han sido el corolario de una contratación que algunos han pretendido relacionar con la influencia política de su familia, particularmente de su padre, propietario de uno de los imperios comerciales más importantes de la isla, Tiendas Electrón, que tiene el mismo domicilio social que la mercantil de su hijo. Una empresa grancanaria, Desarrollos Fotovoltaicos y Comerciales de Canarias, S.L., se enfrenta a Jacob Cabrera reclamándole en los juzgados alrededor de 20.000 euros por varios conceptos, entre otros haberle retenido el mobiliario y los reclamos publicitarios necesarios para poder continuar con su actividad en otros actos públicos. El denunciado, que asegura que él también ha ejercido acciones, niega la mayor y dice que su proveedor es “un liante” que “no ha emitido las facturas” que reclama, que no ha retenido mobiliario alguno y que es la otra parte la incumplidora.