Vox, una secretaria judicial y la mujer del coronel de la Guardia Civil

Una batería de informaciones periodísticas sobre los principales dirigentes de Vox en Las Palmas (y por ende, en Canarias, dicho sea sin ánimo pleitista) ha acabado con la organización ultraderechista descabezada. La dirección nacional ha decidido depurar a su presidente provincial de Las Palmas, Ricardo Baña Oubiña, y al jefe de Centuria en Las Palmas de Gran Canaria, José Luis Moyano Fabián, por sus actividades clasificadas, molestas e insalubres que venían a demostrar que a ese partido tan sandunguero han ido a parar unos cuantos buscadores de oro con antecedentes nada edificantes en sus actividades particulares.

El historial de Baña Oubiña en Canarias (nada se sabe de sus andanzas en su Galicia natal) no es para tirar voladores, como tampoco lo es la de Moyano, nacido en Alemania, y por lo tanto hijo de emigrantes, que condena la inmigración como mandan los cánones del partido al que se adhirió en 2014 tras su paso por Coalición Canaria. Allí defendió el autogobierno de las nacionalidades periféricas como hoy defiende sin pudor la desaparición del Estado de las Autonomías, y tiro porque me toca.

Junto a estos caraduras se han posicionado otros a los que también se les ve el plumero desde lejos.

En la ejecutiva local, ahora disuelta para la conformación de una gestora, nos encontramos de la noche a la mañana al abogado Eduardo López Mendoza y a la letrada de la Administración de Justicia (secretaria judicial antes de la reforma Catalá) Teresa Lorenzo Establier. El primero, abogado del juez Salvador Alba para unas cuantas trapisondas de esas llamadas al fracaso y solo pensadas para montar el pollo judicial. La segunda es la esposa del mismo magistrado quien, como todo el mundo sabe, se encuentra en estos momentos en situación de suspenso a la espera de que se celebre el juicio por el que ha de responder por cinco delitos, cinco. Por ellos el fiscal le pide la bagatela de 10 años de prisión y 29 de inhabilitación, lo que no invita desde luego a la esperanza de que pueda volver a ponerse la toga en su vida.

También formaba parte de la efímera ejecutiva de Vox en Las Palmas, que apenas ha durado quince días, el abogado José Antonio Penichet, a quien Moyano atribuye ser el aglutinador del resto del equipo, es decir, el que trajo a López Mendoza, que a su vez atrajo hacia ese núcleo irradiador a la secretaria judicial Lorenzo Establier, con destino en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 (manda huevos) de Las Palmas de Gran Canaria.

Completaba el órgano disuelto un personaje desconocido para todos pero cuya identidad no debería pasar desapercibida para nadie. Se llama María Dolores Bardera, licenciada en Filología y esposa del coronel jefe de la Guardia Civil en la provincia de Las Palmas, Ricardo Arranz. Al mando del instituto armado en la provincia desde 2013, Arranz ha recibido fuertes críticas de las asociaciones de guardias civiles y pasa por ser un mando de mano dura y algunas ligerezas políticas. Al igual que el juez Alba, Arranz tiene próximo su pase a la reserva; otro tipo de reserva, ciertamente, producto de la obligada jubilación. Y a no ser que lo nombren general, su situación laboral pasará pronto a ser la de disponible forzoso.

Un presidente local con un arsenal de armas de fuego en su casa, condenado por pegarse con un cliente, con una orden de alejamiento de una mujer a la que intimidó y denunciado por estafa por al menos una comunidad de esas que administra; un abogado -López Mendoza- que ya ha estado incurso en un par de causas penales por tomar el pelo a sus clientes (de alguna de ellas le libró el juez Alba con su generosidad habitual); una secretaria judicial de modales altaneros, en ocasiones anónimos en redes sociales, esposa de un juez en expectativa de prisión al que no le gusta la Ley de Violencia de Género que se defiende en el juzgado en el que ella tiene destino, y la esposa del jefe de la Guardia Civil en Las Palmas, cuerpo responsable de vigilar el imperio de la ley y, más concretamente, el control de armas en manos de civiles, formaban esta ejecutiva ahora disuelta. Para tararí y no echar gota.

El siguiente paso será el de conformar una gestora con los mimbres que Vox tiene en Las Palmas, que no son muchos, o al menos no parecen ser de mucha calidad. A no ser que tiren de estos civiles que tan bien representan a ese colectivo de funcionarios públicos (militares, guardias civiles, jueces…) que el fulminado Moyano dijo a la prensa que están respaldando al partido desde el anonimato, dada la incompatibilidad que pesa sobre su deseada militancia. En fin.