La justicia desbarata definitivamente el pelotazo de la finca de San Rafael
Se acabó el pelotazo, al menos en la vía contencioso-administrativa. El Ayuntamiento de Telde está obligado, ahora por sentencia judicial firme, a deshacer por completo la operación de la finca de San Rafael, realizada en 2004, durante el cuatrienio negro que gobernó la ciudad, y que consistió en permutar al empresario Santana Cazorla esa finca por más del doble de su valor mediante parcelas de titularidad municipal en el barrio de Marpequeña. Una sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, conocida esta semana, desestima definitivamente los recursos del Ayuntamiento y del empresario, que alegaban la imposibilidad de cumplir una primera resolución judicial en igual sentido ante el deterioro de la propiedad y, en el caso de las parcelas municipales, por haber sido construidas y vendidos inmuebles a particulares.
La Corporación formada en 2003-2007 por el Partido Popular y Ciudadanos por el Cambio (Ciuca) propició un pelotazo muy parecido al que el mismo partido hizo en Las Palmas de Gran Canaria con La Favorita, durante el mandato de José Manuel Soria. Creada la necesidad de un inmueble para albergar servicios municipales (en el caso de Telde, un espacio para los servicios sociales) se recibe oferta del empresario para, tras un expediente municipal, acabar pagando por ella mucho más de lo que pagó el intermediario.
La finca de San Rafael fue comprada a la familia Bemjumea por 2,5 millones de euros, pero para que el pelotazo fuera suculento, se elevó su valor en el expediente municipal hasta superar los seis millones de euros, es decir, más del doble del precio que costó al intermediario. El Ayuntamiento, que no tiene dinero que desembolsar, paga en especias, mediante una permuta con solares de titularidad municipal.
La operación San Rafael acabó, como otras muchas de la era del caso Faycan, en los tribunales de justicia, que enseguida apreciaron la fetidez y la tumbaron. Todas las resoluciones de la vía contencioso-administrativa han sido contrarias a ella, y por lo tanto, condenatoria para ambas partes, obligadas a deshacer el pelotazo y devolver las cosas a su estado original.
Pero ocurre que tanto el Ayuntamiento como el empresario, a través de su empresa Iniscan, han recurrido hasta la última instancia, que acaba de decirles que sus excusas no son de recibo, que han de desmontar el pelotazo.
Ninguna treta ha valido al presidente de la Sala, el magistrado César García Otero, ponente de la sentencia, que propina un duro varapalo jurídico a las machaconas pretensiones de ambas partes, renuentes a cumplir un auto de 2012 de esa misma jurisdicción contencioso-administrativa que denegaba “la declaración de imposibilidad material y legal de ejecución de sentencia” y que les obligaba a cumplir una sentencia anterior.
El Ayuntamiento alega que se le ha ido deteriorando sin remisión la finca y la casona solariega que hay en su interior, para lo cual ya hace tiempo que retiró la vigilancia y permitió que los gamberros camparan a sus anchas por esa propiedad.
Santana Cazorla, más espabilado, corrió a construir inmuebles sobre las parcelas objeto del litigio, y alega que hay personas que han comprado que pueden verse perjudicadas.
Nada de eso vale al magistrado, que al Ayuntamiento le dice que tiene que devolver la finca y su casa en el estado en que se las encontró. Y al empresario tirajanero, que los derechos de las personas que de buena fe compraron los inmuebles que edificó sobre un auténtico pelotazo, habrán de defenderlos aquellos actuando judicialmente contra él si lo estiman oportuno. Pero esas parcelas habrán de regresar a manos del Ayuntamiento, de donde nunca debieron moverse, y menos mediante una operación tan abyecta.
La vía contencioso-administrativa ha quedado finiquitada con esta sentencia. Queda, sin embargo, la vía penal, en la que se encuentran imputados concejales del grupo de gobierno de Telde en el cuatrienio negro (2004-2007), entre ellos la actual alcaldesa, María del Carmen Castellano, del PP, así como personajes imprescindibles en cualquier escándalo de corrupción, como el que fuera jefe de los servicios de Urbanismo, el plurimputado José Luis Mena Santana.
Una querella del propio Ayuntamiento, pero a través del grupo de gobierno que sucedió a los autores de la presunta trapisonda en 2007, fue retirada por los querellados cuando regresaron al poder en 2011. Pero continúa viva porque los concejales querellantes decidieron constituirse en acusación particular.
