DISA regulariza su concesión en Salinetas
El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas decidió este lunes no seguir adelante con el expediente de recuperación del dominio público ocupado ilegalmente por DISA en el muelle de Salinetas.
La empresa distribuidora de carburantes ha procedido a regularizar su situación y abonará a Puertos de Las Palmas tanto el canon impagado durante más de veinte años como una multa de 47.500 euros impuesta por el Ministerio de Fomento por realizar obras ilegales en 2007.
Sobre la mesa de la anterior reunión del órgano presidido por Javier Sánchez-Simón quedó pendiente, el mes pasado, ejecutar el expediente abierto el 21 de diciembre de 2006, durante la presidencia de Emilio Mayoral, de recuperación de la posesión, después de meses en que Puertos instó a DISA a ponerse al día mediante la solicitud formal de una concesión administrativa para desarrollar su actividad que nunca había obtenido, a pesar de operar en el muelle de Salinetas desde finales de la década de los ochenta.
Según han explicado a CANARIAS AHORA fuentes portuarias, DISA ha accedido a formalizar la solicitud de concesión administrativa, previo pago del canon no satisfecho y el abono de la multa de Fomento. “El cobro está ya en fase ejecutiva, e incluso es posible que se haya abonado ya al Puerto”, señalaron a este diario las fuentes consultadas.
La ocupación ilegal de DISA consta en una resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, fechada el 21 de diciembre de 2006 y ratificada el 1 de marzo siguiente, que fija la ilegalidad en 3.040 metros cuadrados, y desde esa fecha requiere a la entidad mercantil para que “cese en su actuación de ocupación ilegal”.
La resolución portuaria viene también avalada por una sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), de 5 de junio de 2009, que confirma ajustadas a Derecho las resoluciones de Puertos contra DISA.
La ilegalidad de estas dos décadas radica en una obra realizada por DISA en Salinetas, donde construyó hace 22 años una caseta de bombas de 1.700 metros cuadrados y unas tuberías aéreas de 1.340 metros cuadrados, sobre una superficie total de 3.040 metros cuadrados, sin la preceptiva autorización de la por entonces Junta de Obras del Puerto, para poder desarrollar su negocio de distribución de carburantes, por medio de conducciones para la descarga de combustible y asfalto al muelle teldense.
DISA llevó a cabo la obra sin someterse a las consideraciones de la Junta del Puerto, que el 2 de abril de 1991 fijó las condiciones de la misma para poder otorgar una nueva concesión conjunta de dos anteriores que databan de 1956 y 1967 y legalizar de facto la obra ya ejecutada. La propia mercantil rechazó en 1991 esas condiciones, que anulaban las concesiones originales de 1956 y 1967 y creaban una nueva, por lo que el rechazo de DISA motivó que nunca hubiera una concesión administrativa formal de Puertos a la actividad de la empresa en la zona de servicios de Salinetas.
Durante 15 años, nada se movió entre DISA y Puertos. Hasta que hace ahora cuatro años, durante la etapa de Emilio Mayoral en la presidencia de Puertos, la Autoridad Portuaria puso en conocimiento de DISA la ilegalidad sobre la que desarrolla su actividad. Entre mayo y septiembre de 2006 se insta a DISA a regularizar su situación mediante la solicitud de la concesión administrativa que nunca ha tenido desde hace 22 años, y ante la inactividad de la compañía, Puertos decide iniciar un expediente de recuperación de la posesión que aprueba su Consejo el 21 de diciembre de 2006.
La resolución del Consejo de Administración de Puertos de Las Palmas de diciembre de 2006 señala que desde al menos 1989 están construidas estas obras en Salinetas sin autorización expresa y sin título administrativo para ocupar esa superficie de dominio público portuario, y que hasta la fecha se sigue ocupando sin título y sin abonar las tasas correspondientes a la Autoridad Portuaria.
DISA no sólo ejecutó obras presuntamente ilegales a finales de los años ochenta en el muelle teldense de Salinetas, una actuación ya prescrita que sin embargo le ha impedido obtener una concesión formal de la Autoridad Portuaria de Las Palmas para desarrollar su actividad ligada a los derivados del petróleo. También durante 2006 ejecutó obras de ampliación en Salinetas que llevaron al Ministerio de Fomento a imponer una sanción a la empresa de 47.500 euros.
La multa del Gobierno de España a la empresa distribuidora de carburantes radicada en Salinetas data del 25 de julio de 2007, y fue definitivamente ratificada en sentencia por la Audiencia Nacional el 26 de marzo de 2009. En el fallo, el Juzgado Central Contencioso Administrativo número 7 considera que la empresa cometio una infracción muy grave, tipificada en el artículo 116. a c) de la Ley 27 / 1992, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, consistente en la instalación de un tendido de tuberías aéreas para combustible y la realización de un camino de acceso rodado.
Las obras, como en el caso original de 1988, se realizaron sin autorización y sobre terrenos de dominio público no otorgados en concesión. La sentencia impone a DISA la obligación de restituir y reponer a su estado anterior y a su cargo la zona de dominio público portuario, como determinó el Ministerio de Fomento en 2007.
La multa de Fomento data precisamente de la apertura del conflicto entre la Autoridad Portuaria y la empresa, en pleno proceso de recuperación de la concesión entre las resoluciones de Puertos de diciembre de 2006 y marzo de 2007. Fue el 15 de enero de ese año cuando un policía portuario emitió un informe en el que hacía constar que DISA había realizado recientemente obras adicionales sobre terrenos demaniales portuarios, ampliando el tendido de tuberías existente tierra adentro hacia el Norte, así como un camino rodado desde el muelle de Salinetas hasta la caseta de bombas.
En su momento se abrió un expediente, al que DISA presentó alegaciones, y donde quedó acreditado la ausencia de concesión por parte de la Autoridad Portuaria de Las Palmas para ejecutar la obra ya realizada, por lo que el Mnisterio determinó la sanción el 25 de julio de 2007, ratificada por la Audiencia Nacional el 26 de marzo de 2009.
DISA alegó en sus recursos ante la justicia ordinaria -la sentencia de 26 de marzo de 2009 no es firme y contra ella cabía apelación- que los supuestos ilícitos de 2007 habían prescrito al haber pasado ya cinco años, no en el tiempo formal de ejecución de la obra de ese año, sino en el original de 1988, ya que consideraba las nuevas obras como complementarias de mejora de las realizadas, sin permiso, en 1988. La Audiencia no le dio la razón.
