El Comité de Empresa denuncia ante la Inspección de Trabajo la poca voluntad negociadora del Cabildo grancanario
El Comité de Empresa del Cabildo de Gran Canaria ha enviado una notificación a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Las Palmas en la que se advierte de la poca voluntad negociadora de la Consejería de Recursos Humanos, Organización, Educación y Juventud del gobierno insular. Según denuncian los representantes de los trabajadores y trabajadoras del Cabildo grancanario los responsables del área de personal insular han declinado la invitación del Comité para convocar la Comisión Paritaria de Interpretación, Vigilancia, Estudio y Aplicación (CIVEA), que debe abordar las subidas salariales y otras mejoras laborales recogidas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado del pasado 3 de julio. Los sindicatos destacan que dicha ley acaba con años de recortes y menoscabo de los derechos del personal de la administración pública pero que desde el Cabildo de Gran Canaria no se han escuchado sus reclamos.
El órgano sindical solicitó la reunión de la CIVEA el pasado cuatro de julio pero no han recibido respuesta alguna, aunque el convenio colectivo de la corporación indica que dicha reunión debe celebrarse a los tres días de la petición. El Comité de Empresa del Cabildo asegura que en otras administraciones (y citan como ejemplo al Gobierno de Canarias) ya se han producido las reuniones correspondientes y que ya se han pactado las subidas salariales recogidas en la Ley estatal que, en opinión del Comité de Empresa del Cabildo, “permite comenzar a poner coto a tantos años de sometimiento del colectivo, abriendo la puerta a la recuperación de algunos de nuestros derechos miserablemente arrebatados”.
En esta nueva norma se materializan los acuerdos alcanzados a finales del pasado año entre el Ministerio de Hacienda y los Sindicatos de la Administración Pública más representativos a nivel del estado. Un acuerdo que recoge mejoras en materias como incrementos retributivos, tasa de reposición, incapacidad laboral, jornada y horarios, entre otros. En este paquete de medidas, algunas lo son de aplicación inmediata y otras han de ser pactadas en cada Administración, toda vez que dependen de las especiales circunstancias de cada una de ellas.
Los pactos se alcanzaron tras la negociación del Ministerio de Hacienda y Servicios Públicos con las organizaciones sindicales más representativas en el sector público: CCOO, UGT y CSIF.
“Ante el silencio corporativo, pasados siete días desde nuestra petición, procedimos a denunciar ante la Inspección de Trabajo dicho incumplimiento. A día de hoy, cuando ha transcurrido más de un mes desde la petición citada, la Consejería de Recursos Humanos sigue en su letargo habitual, haciendo caso omiso de nuestras reivindicaciones y evidenciando el nulo interés que la plantilla insular le merece”, señalan en un comunicado.
