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Los despedidos de Freiremar siguen sin cobrar el finiquito tres meses después

Central de Freiremar en Las Palmas de Gran Canaria

Iván Suárez

Las Palmas de Gran Canaria —

Tres meses después de haber ejecutado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectó a 323 trabajadores en toda España y a 40 en Canarias, el grupo pesquero Freiremar, fundado en 1975 en la capital grancanaria por el gallego Manuel Freire, continúa sin abonar el finiquito y la indemnización a los empleados despedidos.

Una quincena de ellos se ha concentrado este lunes ante la sede de la empresa en Las Palmas de Gran Canaria para exigir el desbloqueo de esta situación y tratar de arrancar el compromiso de la dirección para el pago de las cantidades adeudadas. La empresa, que ha entrado en concurso de acreedores por una deuda de 114 millones de euros con ocho entidades bancarias, aduce falta de liquidez para justificar este retraso.

La industrial pesquera está intentando llegar a acuerdos individuales con los trabajadores a cambio de que éstos retiren las demandas que han interpuesto ante los juzgados de lo social.

La oferta que ha empezado a trasladar Freiremar a los despedidos remite a la que ya planteó el pasado mes de octubre, durante el periodo de negociación del ERE. Entonces propuso fraccionar el pago de manera que el 10% se abonase el día 1 de enero y el 90% restante en plazos trimestrales durante un periodo de 18 meses.

Los empleados rechazan el planteamiento de la empresa. “Si ningún banco avala a la empresa, ¿cómo sabemos que vamos a cobrar ese dinero? Si no nos abonan los pagarés, habría que denunciar por lo mercantil y puede tardar hasta cinco años en resolverse”, dice Lucía Guillén, una de las afectadas por el ERE, que recuerda que la empresa les entregó las cartas de despido sin los 15 días de preaviso y con una indemnización de 20 días de salario por año trabajado.

Freiremar sí ingresó a los despedidos una pequeña cantidad en diciembre como gesto, decían, “de buena fe”. “Nos dieron 1.500 euros de la indemnización, como si fuera una limosna, cuando es un dinero que nos pertenece por derecho”, señala Guillén. El grupo debe 20.000 euros de media a sus extrabajadores. Éstos presentaron a finales del pasado año una demanda colectiva. El juicio está previsto para marzo.

“Lo que pedimos es que nos ingresen ya el 10% y que el resto nos lo vayan pagando mes a mes, no estamos exigiendo que se nos pague ahora los 45 días por año trabajado”, sentencia Guillén. Esta exempleado de Freiremar, erigida en portavoz de los afectados, entiende además que algunos de los despidos deberían ser declarados nulos, entre ellos el suyo, que se produjo cuando le habían concedido la reducción de jornada por maternidad.

Representantes de diferentes secciones afectadas por el ERE han intentado sin éxito reunirse con el presidente, Manuel Freire. “No nos quiere recibir y no nos piensa pagar, al final nos va a tener que pagar el Estado”, concluye Guillén.

Entramado societario

La Confederación Intersindical Galega (CIG) denunció recientemente que la industrial pesquera utilizaba “un entramado societario” de cerca de 60 empresas “para desviar beneficios de unas a otras”. Según su propia web, la empresa tiene más de 30 sociedades filiales.

Por su parte, el administrador concursal de Freiremar reconoció a principios de año la existencia de más de 500 acreedores del grupo.

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