El nuevo plan energético de Canarias sigue sin auditar a las eléctricas
La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético para Canarias ha pedido al Gobierno regional que incluya en las Directrices de Ordenación Sectorial de Energía (DOSE), que regularán el sector en el Archipiélago hasta 2020, la necesidad de realizar auditorías independientes a la compañía Endesa y Red Eléctrica Española (REE) que determinen el coste real de generación en las Islas.
La Plataforma presentó recientemente un documento con una propuesta de plan energético alternativo y 48 alegaciones a las DOSE, cuyo periodo de información pública concluyó la semana pasada. Para el portavoz del colectivo, Agustín González, las Directrices siguen la línea del Pecan y no plantean ningún cambio sobre la gestión y el consumo eléctricos.
“Pensamos que es un error estratégico en un documento que se plantea hasta 2020”, que por otro lado “da por hecho que el gas es una necesidad y que se va a implantar sí o sí”, señala González.
En referencia a las auditorías, explica que el borrador no recoge la realización de este tipo de inspecciones, sino que hace referencia a la ley de sistemas insulares en la que se prevé que tanto Endesa, como REE, remitan en un plazo “relativamente corto” información al Gobierno central para que revise los costes reales del sistema.
Al respecto, recuerda que la Comisión Nacional de Energía ha reclamado a ambas entidades unos datos que a día de hoy se obtienen a través de una estimación derivada de una serie de cálculos matemáticos. Algo que, a juicio de González, no tiene ningún sentido, teniendo en cuenta la evolución registrada en las herramientas informáticas durante los últimos años. Por otro lado, señala que el sobrecoste de generar energía en Canarias ha pasado de los 500 a los 1.500 millones de euros, motivo por el que considera “suficientemente importante plantearnos si realmente estamos haciendo bien las cosas”.
González es consciente de que el Partido Popular (PP) rechazó a mediados de 2013 la iniciativa de Izquierda Plural para auditar el déficit de tarifa, en una votación que contó con la abstención del Partido Socialista (PSOE), lo que a su parecer denota “algún tipo de relación oscura existente entre los dos grandes partidos y las eléctricas”.
El portavoz de la plataforma augura que las DOSE heredarán el fracaso del PECAN en la introducción de las renovables en el sistema eléctrico canario, por mucho que planee la perpetración de las mismas en un 30%. “Los objetivos se plantean, pero no se arbitran las medidas para alcanzar ese propósito”, apostilla.
“Encaje” al proyecto de Vilaflor
González se muestra contrario a la que, a su juicio, es una de las pocas diferencias entre las Directrices y el vigente plan energético: el incremento de la influencia del Gobierno de Canarias en el territorio. Sobre este punto, indica que la Administración regional puede decidir el establecimiento de las instalaciones eléctricas que declare de interés general, sin necesidad de contar con el beneplácito de Cabildos y Ayuntamientos, ni de regirse por sus respectivos planes de ordenación que, afirma, se prevé que puedan ser suspendidos en algunos casos.
En declaraciones a Canarias Ahora, advierte de que “nos parece una puerta falsa para instalar, sobre todo, líneas eléctricas y subestaciones en parajes que puedan estar protegidos con figuras de protección ambiental o agrícolas”.
González ve en este aspecto una clara intención del Gobierno regional de desatascar proyectos no exentos de polémica, como el tendido eléctrico que atraviesa la corona forestal del municipio tinerfeño de Vilaflor y que quedó paralizado tras la firme oposición del Consistorio, o la subestación programada en Los Nateros, entre La Matanza de Acentejo y La Victoria, que despertó el rechazo de los vecinos.
Desde la Plataforma proponen impulsar el diálogo entre las administraciones y que se replanteen si la planificación se adecúa a un nuevo modelo energético, algo que a juicio de González “no está pasando”. Aunque entiende que la pretensión del Gobierno de Canarias pasa por agilizar los expedientes que han quedado bloqueados debido a la maraña burocrática, rechaza que el mismo “pase por encima” del resto de instituciones y la “voluntad de los ciudadanos expresada en manifestaciones y recogidas de firmas”. “Al final, esto se convierte en una superficie sobre la cual es posible hacer casi cualquier cosa”, concluye.
