No son las aguas, es el Sáhara

De Tuineje a Berbería se va y se viene en un día, comentan desde tiempo inmemorial en Fuerteventura. Y es cierto. Canarias tiene a Marruecos muy cerca, tanto que la vecindad aparece en ocasiones como una oportunidad y en otras tantas como una amenaza. Es el mismo Marruecos que, en una versión extrema de la realidad, quiere expandirse a costa de los intereses isleños, también el país vecino en el que muchas empresas del Archipiélago han abierto mercados y expectativas en un proceso de cooperación regional acorde con las corrientes dominantes de la globalización. Pasemos revista a la última escaramuza, la de la zona económica exclusiva en el océano y una colisión diplomática que tiene sus motivos últimos en la política interna del reino vecino.

El océano, en disputa. Los fondos marinos son el nuevo horizonte de la investigación con fines económicos. En el caso del Océano Atlántico, vinculado a la existencia de minerales valiosos en el lecho cercano a las costas canarias, y también a las africanas. Esta perspectiva resulta tan golosa como incierta, pues se desconoce la viabilidad técnica y el coste del empeño, extraer materias primas de montes submarinos cuyas cimas se encuentran a más de un kilómetro de la superficie. La evolución de la tecnología, y ese asunto nada trivial llamado precio (el crudo es el mejor ejemplo, porque la extracción off-shore se activa cuando el barril se dispara en los mercados y las plataformas cierran el kiosco cuando la cotización se desploma), resolverán la ecuación en un sentido u otro. Pero hablar de todo este asunto, de las presuntas riquezas que podríamos obtener de un día para otro, desata ríos de tinta y comentarios de diversa naturaleza, sobre todo si lo que aparece en el horizonte es una amenaza, sea real o ficticia: que una potencia vecina está dispuesta a robarnos el tesoro. Este esquema mental está detrás de muchos comentarios recientes.

Marruecos imita a España: sí pero no. La ministra González Laya dijo el viernes que Marruecos ha puesto en marcha su reclamación sobre la zona económica exclusiva porque España también lo ha hecho. Esto es cierto y no lo es al mismo tiempo. Porque el Gobierno español activó su petición en las instancias internacionales, registrando en 2014 una reclamación en Naciones Unidas con la que pretende extender su zona económica en 296.000 kilómetros cuadrados, hasta los 350 kilómetros de la costa canaria. Marruecos, con idéntica y no sabemos si legítima ambición (eso lo veremos más tarde), ha tirado de legislación nacional, un camino que en sí mismo ya supone un hecho consumado, porque las decisiones de los Parlamentos nacionales podrán convertirse en derecho o no, pero desde luego no están sometidas al control preventivo de las instituciones multilaterales.

Tienen razón la ministra y el presidente canario al afirmar que la normativa estatal marroquí jamás podrá sobreponerse a una legislación internacional tan compleja y fascinante como la que afecta a los derechos a veces conflictivos sobre mares y océanos. Pero debe quedar claro que España y Marruecos, para reclamar lo mismo, actuaron de forma diferente y a través de cauces distintos, una evidencia que ofrece pistas sobre las intenciones reales de cada cual, como veremos más adelante. Porque igual no es tanto el valor del fuero como su significado en términos de política interna, que es lo que realmente interesa al régimen de Mohamed VI.

Demasiada sobreactuación. La política canaria, tan dada a la confrontación por cualquier asunto, suele encontrar en la relación con Marruecos un extraño y en ocasiones pueril elemento de cohesión. Sí, ese Marruecos que invade los mercados europeos con sus tomates en detrimento de nuestra producción, que asoma como posible competidor turístico, que nos extorsiona abriendo y cerrando la válvula de la inmigración irregular, que dibuja mapas presuntamente ubicados en despachos influyentes en los que Canarias aparece pintada del mismo color que el reino vecino. Hay toda una literatura sobre esta cuestión. Por eso no resulta extraño que las fuerzas políticas de las Islas se hayan puesto en modo bronca a raíz del empeño alauí por legislar sobre las aguas territoriales. Los partidos canarios, casi sin excepción, han solicitado una respuesta “contundente”, el adjetivo más utilizado en la última semana para describir la respuesta que Canarias y el Estado español debían emplear en este asunto.

Todo un ex presidente canario, ahora senador, fue el primero en pedir explicaciones en la Cámara Alta a la ministra de Exteriores en funciones, y la iniciativa de Fernando Clavijo ha sido secundada, ya con el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez en plenitud de facultades, por su homólogo del PP Sergio Ramos, un joven hiperactivo que quiere hacer méritos y dejarse ver en la política isleña. ¿Y qué ha hecho el presidente canario? Pues ante la general sobreactuación que ha generado este asunto, ha optado por ponerse a la cabeza de la manifestación y sobreactuar él también, afirmando que Canarias no tolerará perder “ni un milímetro” de su mar territorial.

Cierto es que cualquier otra explicación, una aproximación más racional a este conflicto de baja intensidad diplomática, solo le hubiera supuesto a Torres la definición de blando, un riesgo que el presidente canario en modo alguno piensa correr. De ahí no sólo su declaración institucional del jueves pasado, sino la presencia de la ministra de Exteriores en Las Palmas el sábado para explicar los pormenores de su conversación con el Gobierno del reino vecino. De paso, un modo de exhibir su condición de barón emergente en el ecosistema socialista-sanchista.

El papel de la ministra debutante. Arancha González Laya no tenía una papeleta fácil en su debut al frente de la diplomacia española, con un viaje a Marruecos que perdió de pronto su condición protocolaria para tomar un cariz mucho más áspero. Las capacidades de la recién nombrada ministra, con credenciales brillantes en materia de comercio internacional e instituciones multilaterales, están aún por testar. La tercera mujer que ha tomado el mando en el Palacio de Santa Cruz tenía el precedente de una de sus dos antecesoras, Ana Palacio, que dirigió con mano de hierro la última gran crisis política entre Marruecos y España, la ocupación y posterior liberación del islote de Perejil en 2002, el Iwo Jima un tanto cómico con el que José María Aznar quiso y logró envolverse en la bandera roja y gualda para deleite del patrioterismo español.

González Laya tiene cosas de Ana Palacio, transmite solvencia y determinación, y su actuación en la rueda de prensa con el ministro de Exteriores marroquí fue correcta, precisa, metódica. Dejó claro que en este tema de las aguas territoriales no hay lugar para los hechos consumados y pasó por encima del conflicto del Sáhara Occidental, en el que la diplomacia española hace años que optó por la vacuidad dialéctica y el pragmatismo operativo, esto es: nos gustaría que hubiera acuerdo, pero sabemos que no lo habrá y a la espera de una solución por agotamiento 45 años después de la Marcha Verde creemos que lo mejor es mantener un statu quo que favorece a Marruecos. Eso explica su afirmación más cuestionable: que el reino alauí tiene derecho a reclamar la extensión de su mar territorial. Pero suponiendo que fuera suyo, claro está.

La importancia de “las provincias del sur”. Porque, por encima de todo, la reclamación de Marruecos tiene que ver con su política interna, con la necesidad radical que tiene el país vecino de asentar su control legal, además de efectivo, sobre los territorios del Sáhara Occidental, vocablo prohibido en un Marruecos que ha convertido a “las provincias del sur” en una cuestión nacional que aglutina a todas sus corrientes políticas, desde la monarquía a los islamistas, pasando por los nacionalistas y los tibios socialdemócratas. Unos y otros saben que la pérdida de este control efectivo, vía referéndum tutelado por Naciones Unidas y en el que saliera triunfante la opción de la independencia, provocaría el colapso del régimen alauí tal y como lo conocemos, porque la humillación resultaría demasiado dolorosa.

Esta hipótesis, casi imposible a la vista del posicionamiento de la comunidad internacional en las últimas décadas, se contrapone al hastío que en Rabat produce la eternización del conflicto saharaui y la persistencia de movimientos cívicos y políticos que, sobre todo en Canarias y Andalucía, prestan asistencia material a la República Árabe Saharaui Democrática, que además cuenta con las simpatías y el altavoz proporcionado por Podemos, un partido que ahora gobierna en España. De modo que la estrategia última de Marruecos es la siguiente: vamos a reclamar el mar territorial del Sáhara, porque si nos reconocen la condición de interlocutor en este campo, nos la reconocen de modo implícito para el territorio de la antigua provincia española. Es poco probable que funcione, pero tiene su lógica y las palabras de la ministra Arancha González Laya parecen abrir cierto espíritu de colaboración con esa estrategia. Porque no son las aguas: interesa el Sáhara.