Cabildo y Gobierno de Canarias apuestan por crear un frente común con el sector empresarial en beneficio del comercio insular

El Cabildo Insular de La Palma y la Dirección General de Comercio del Gobierno de Canarias mantuvieron recientemente una serie de reuniones con representantes privados, asociaciones y federaciones de empresarios de la isla con el fin de aunar esfuerzos y crear un frente común en beneficio del comercio insular, se informa en nota de prensa.

En este sentido, la consejera insular de Comercio, Raquel Díaz, y el director general de Comercio del ejecutivo regional, David Mille, coincidieron en la necesidad de aunar posturas para que el comercio en La Palma tenga una sola voz “que nos permita defender conjuntamente los intereses generales del comercio en la isla y desarrollar políticas de dinamización y gestión comercial consensuadas en beneficio del conjunto del sector comercial local”.

Raquel Díaz explica que garantizar el éxito de las políticas insulares en materia de comercio, para que las acciones en las que invertimos dinero público cumplan con el objetivo de promocionar y fomentar las ventas y el consumo en el pequeño y mediano comercio de todos y cada uno de nuestros municipios, nos plantea el reto tanto a las administraciones públicas como al tejido asociativo de definir objetivos y remar juntos y en una misma dirección para alcanzarlos“.

La consejera abogó por un Plan Insular de Comercio que recoja las nuevas directrices que fija el Gobierno de Canarias en lo que a Zonas Comerciales Abiertas se refiere, orientadas no sólo al comercio urbano, sino a la dinamización de las pymes comerciales de las zonas rurales y de medianías o el aprovechamiento del efecto reclamo que generan los Mercados Municipales y Mercadillos, entre otros. Por su parte, David Mille, insiste en estas ideas, al asegurar que “es necesario que sumen esfuerzos de forma que exista una voz única y representativa del comercio en La Palma a la hora de interactuar entre instituciones y empresarios, ya que la multiplicidad de interlocutores hace más difícil la ejecución de un plan de trabajo conjunto y el aprovechamiento de las subvenciones que ponemos al servicio del tejido asociativo”. Entre otras medidas, el director general apuntó a la Ley de Participación Representativa como “la vía idónea para solucionar una situación que ya ha dejado de ser un reto para convertirse en una obligación”.

De hecho, tanto Díaz como Mille adelantaron que en las nuevas convocatorias de subvenciones de dinamización primarán criterios como la capacidad de sostenibilidad técnica y económica de las entidades, el desarrollo de proyectos colaborativos o el aprovechamiento de fórmulas inspiradas en el desarrollo de experiencias comerciales innovadoras, entre otras cuestiones.