Los empresarios del suroeste de La Palma apoyan la iniciativa del Cabildo para las 'islas verdes'
El colectivo de Empresarios del Suroeste de La Palma (Esuropal“ apoya ”la iniciativa del Cabildo para las islas verdes“, señala en un comunicado. Consider que ”puede suponer la salida de la situación de retraso y estancamiento que padecemos“.
En la nota apunta que “en los primeros años del presente siglo llegaron a Canarias más de doce millones de turistas, aprobándose la denominada Ley de Moratoria Turística promulgada para frenar toda iniciativa de nuevas plazas, exceptuando exclusivamente la rehabilitación de los establecimientos obsoletos, los hoteles rurales, los de ciudad y los de categoría de cinco estrellas”. Añade que “las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro, con un manifiesto y exiguo peso turístico, lastradas por una prolongada problemática socioeconómica, fueron incluidas igualmente en dicha moratoria, frenando de raíz su débil e incipiente crecimiento turístico y a pesar de no haber tenido en absoluto el importante crecimiento de plazas alojativas de las restantes islas”.
Indica que “ante la unánime reclamación por parte de las islas occidentales, el 12 de junio de 2002, precisamente Román Rodríguez Rodríguez, siendo presidente del Gobierno de Canarias, firmó la orden de publicación de la Ley 6/2002, de 12 de junio, sobre medidas de ordenación territorial de la actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma, que había sido aprobada por el Parlamento de Canarias por procedimiento de urgencia y trámite abreviado en la sesión plenaria celebrada el día 6 de junio de 2002”.
En dicha Ley “se depositaron unas grandes esperanzas por la población local, los empresarios turísticos y algunos emprendedores de estas islas. El día de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, el 1 de julio del mismo año, los empresarios palmeros celebraron tal acontecimiento, pues significaba el abandono de una injusta moratoria turística que se nos había impuesto por Leyy el inicio de un ansiado y esperado desarrollo turístico específico y diferenciado bajo un modelo territorial caracterizado por el rechazo a la urbanización turística convencional y al desarrollo mediante planes parciales, apoyándose en el medio rural y el paisaje como el soporte y recurso en que se sustentarían las actuaciones turísticas”.
“Después de los años transcurridos de tal noble objetivo plasmado en la exposición de motivos de La Ley”, se continúa, “no se podían adivinar las enrevesadas trabas que encerraba su normativa, cuya formulación se realizó bajo la reiterada y responsable advertencia respecto a las necesarias cautelas para evitar la destrucción de las islas occidentales!.
Subraya que “la cuestión que hoy nos planteamos, con una perspectiva de catorce años, es si tal innovación normativa, obedeció a la defensa del medioambiente insular o realmentefue para evitar el más mínimo, por muy responsable y sostenible que se presentase, desarrollo e implantación de un modelo turístico y económico en La Palma, La Gomera y El Hierro”.
“Mientras tanto”, prosigue, “al ponerse en marcha la moratoria, en las islas de Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote, con sus planeamientos aprobados y numerosas iniciativas turísticas y de infraestructuras de ocio en trámite de autorización, que se fueron desarrollando a lo largo de los años de la moratoria, se producía el mayor crecimiento turístico de Canarias. Previamente estas islas, por tanto, se habían preparado para sortear la anunciada moratoria, que en la práctica afectó exclusivamente a la paralización turística de las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro más necesitadas de esta economía”.
Los efectos inmediatos de esta “novedosa Ley específica están a la vista: no se ha podido implantar ni un solo proyecto turístico en la última década en la isla de La Palma”.
Señala que “hoy se torna necesario y urgente adoptar las medidas legales necesarias para facilitar la implantación del modelo turístico cuya validez y vigencia permanece, máxime con el agravamiento de la problemática socio-económica que lastra a estas islas desde hace más de tres décadas, con el mayor índice de paro de canarias, la menor renta per cápita, una enorme regresión demográfica, un excesivo nivel de envejecimiento de la población y una expulsión sistemática de población joven muy cualificada”.
Opina que “la nueva Iniciativa Legislativa,de modificación de la citada Ley 6/2002, de 12 de junio, pretende exclusivamente facilitar la implantación de lo planificado hace ya más de dos décadas”.
Agrega que “este pretendido y modesto desarrollo de la economía turística en las islas occidentales, instrumentalizado a través de las innovaciones normativa a la Ley 6/2002 planteadas por el Cabildo Insular de La Palma y los grupos parlamentarios de Coalición Canaria, Partido Socialista, Grupo Popular y el Grupo Mixto, se basa en el más estricto cumplimiento de la legalidad en materia de ordenación territorial y urbanística y especialmente en la normativa ambiental, no desvirtuando el marco específico instaurado para esta islas, sino por el contrario, se aprovecha la oportunidad de la nueva iniciativa legislativa para resolver otros problemas y trabas normativas, puestas de manifiesto a lo largo de estos catorce años de vigencia, que impedían precisamente llevar a cabo los principios esenciales de la propia Ley 6/2002”.
Alega que “no se trata de sortear el planeamiento urbanístico y territorial, sino precisamente de rehabilitar el planeamiento ya aprobado unánimemente desde hace una década, para permitir su ejecución con la mayor seguridad jurídica que permita ganar la confianza entre los agentes económicos sociales y culturales para propiciar el crecimiento económico necesario.”
En la nota se indica que “las recientes declaraciones de Román Rodríguez calificando esta Iniciativa Legislativa de ‘estratagema parlamentaria y atajo fraudulento’ denotan un profundo desconocimiento de la realidad de la isla de La Palma, La Gomera y El Hierro, independientemente de una insensibilidad con la grave problemática socio-económica que presentan al afirmar que lo que se pretende con esta modificación legal es que ‘con la recalificación de terrenos para construir de golpe hoteles y campos de golf, La Palma se convierte en laboratorio de prácticas del modelo del cemento, del desarrollismo fracasado, de la discrecionalidad, de la colonización del suelo rústico, de la especulación y del pelotazo que promueve Clavijo con su Ley del Suelo’.
Cree que “tales manifestaciones, por demagógicas, suponen un profundo desconocimiento de la realidad, pues además de los efectos negativos en la economía de La Palma , La Gomera y El Hierro, expresa también un desconocimiento del modelo territorial de desarrollo turístico de estas islas cuando el señor Rodríguez las equipara, según sus propias palabras, a ‘los pelotazos urbanísticos’ realizados en islas turísticas desarrolladas, confundiéndolo con los mecanismos específicos de ordenación que queremos aplicar, basados en la integración paisajística y el respeto medioambiental”.
Estima que “la cota de insostenibilidad económica alcanzada en La Palma, La Gomera y El Hierro, motivada por tasas de desempleo que supera el 30%; una recesión demográfica mantenida en las últimas tres décadas, viéndose abocados a una permanente emigración de la población jovencualificada que supera el 90%; un incremento acelerado del envejecimiento de la población, con una edad media actual de 43,1 años, unido a una baja tasa de natalidad que sitúa la presencia de la población infantil por debajo del 10%; una economía agrícola subvencionada, de exportación, basada en el monocultivo del plátano, y la paulatina destrucción del ya débil tejido empresarial, convierten esta nueva iniciativa legal, en la última oportunidad para la incorporación de la economía turística a estas tres islas occidentales, para contribuir a paliar la fuga de población joven y para el establecimiento de un modelo económico en el que se implique al sector primario en las rentas del turismo”.
Por último, demanda “a los grupos parlamentarios de Nueva Canarias y Podemos a través de los diputados Román Rodríguez y de Asunción Delgado respectivamente, una dosis mínima de solidaridad para conseguir equiparar y repartir las rentas turísticas producidas en el Archipiélago entre todas las islas, así como la elemental sensibilidad que un parlamentario canario ha de tener con todo el territorio insular y con las tres islas occidentales en particular, precisamente por las dificultades que atraviesan”.
“No demandamos ni tutelas ni protección de las islas mayores, económicamente hablando, sólo pedimos que nos dejen explotar nuestros recursos turísticos de un modo sostenible y responsable, con el objetivo fundamental de conseguir que las plusvalías y rentas derivadas de la economía turística permanezcan en estas islas occidentales, alcancen el mayor grado de distribución y reparto entre la población, y que el control de dicha economía resida en un alto porcentaje en la población local y fundamentalmente en las entidades y sociedades agrarias, cuya incorporación al desarrollo turístico se entiende fundamental y necesario”, concluye.
