La Isla se incluirá dentro de la línea de Obligación de Servicio Público con Cádiz
El consejero canario de Obras Públicas, Domingo Berriel, ha asegurado que Fomento se ha comprometido a que Trasmediterránea incluya a los puertos de Lanzarote, Fuerteventura y La Palma dentro de la obligación de servicio público (OSP) en la gestión de la línea entre Cádiz y el Archipiélago.
En la sede del Gobierno canario en Madrid, Berriel ha explicado el lunes, 27 de enero, que los acuerdos alcanzados en materia de carreteras y transportes tras reunirse primero con la dirección de Acciona Transmediterránea y después con el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Rafael Catalá, para tratar distintos asuntos en materia de carreteras y transportes.
Berriel ha comentado que, tras adquirir el compromiso de Acciona para que sea una “obligación” la prestación del servicio, después el secretario de Estado ha asegurado que habrá una “cláusula” en este sentido en el contrato que firme la naviera.
Además, el Gobierno canario ha solicitado que el Real Decreto que regula esta Obligación de Servicio Público se amplíe a las tres islas mencionadas.
En cuanto al futuro del sistema aeroportuario, Berriel ha dicho que están “absolutamente en contra de que sean privatizados” los aeropuertos en Canarias.
Berriel ha comentado que, “o bien se arbitrara para Canarias un sistema de cogestión entre la comunidad y el Estado” o, si se privatiza Aena, se debe permitir que Canarias “pueda ejercer sus competencias”, de manera que “le sean transferidos los servicios”.
Mientras se determina qué hacer, Berriel ha pedido al Estado que ponga en funcionamiento la comisión de coordinación aeroportuaria con el fin de que Canarias pueda corregir “deficiencias de funcionamiento”.
Otro de los asuntos tratados en la reunión con el secretario de Estado ha sido el de extender el funcionamiento de la comisión mixta de transporte interinsular al peninsular, para tener un “observatorio común y permanente de precios y condiciones de prestación del servicio”.
Sobre el convenio de carreteras, Berriel ha dicho que no se lleva ninguna solución al “recorte drástico que ha hecho el Estado”, aunque ha encontrado “mayor compresión” sobre la necesidad de llegar a una “renegociación del convenio”, de manera que éste se pueda ampliar aunque el límite está en que se puedan “cumplir los contratos” y se puedan “terminar las obras”.
Ha añadido que se va a seguir trabajando y van a propiciar una reunión entre Fomento y Hacienda para intentar conseguir una solución económica razonable, ya que “si una obra necesita 15 ó 20 millones no podemos poner solamente 2 ó 3”, ha puesto como ejemplo.
Al respecto ha comentado que están trabajando en la “modificación de las anualidades con un escenario de 2015 y años siguientes”, y ha comentado que su Ejecutivo “se mueve en unas cifras de 150 millones al año”, una reducción “considerable” respecto a los 227 millones que planteaban para este año.
Por su parte, la directora general de Transportes, Rosa Dávila se ha referido al certificado de residentes y ha dicho que han solicitado a Fomento que “clarifique” que no va a eliminar la acreditación mediante certificado de residente del empadronamiento.
Ha explicado, que va a haber un “sistema telemático que cruce los datos” pero, si el mismo falla, la manera de acreditar la residencia será mediante el certificado.
Dávila ha comentado que se ha puesto como límite el próximo mes de noviembre para que las compañías aéreas y las agencias de viaje se incorporen al sistema SARA que está implantando Fomento.
