La patronal exige retirar el concurso de la ruta con Cádiz

Los presidentes de las Cámaras de Comercio canarias, junto con la directora general de Transportes del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila Mamely, instan al ministro José Manuel Soria a que lleve al Consejo de Ministros, que se celebra este viernes, 17 de enero, la paralización del concurso para la contratación de la gestión de la línea marítima entre Cádiz y el Archipiélago, informan los citados entes de la patronal en un comunicado.

El Ejecutivo autonómico y las Cámaras de Comercio exigen que se incluya a los puertos de Lanzarote, Fuerteventura y La Palma dentro de la obligación de servicio público (OSP), ya que consideran que el actual planteamiento del concurso es un ataque directo a la movilidad y competitividad de los canarios, que provocará un grave perjuicio económico y social. Hasta el próximo lunes día 20 es el plazo que tiene el Ministerio de Fomento para retirar el concurso, ya que esa es la fecha en la que se cierra la presentación de plicas.

“No es comprensible que mientras en Baleares todas las Islas estén declaradas de servicio público, en Canarias, el Ministerio de Fomento pretenda retrotraer 20 años atrás a La Palma, Fuerteventura y Lanzarote”.

En una reunión celebrada este jueves entre la directora general de Transportes del Gobierno de Canarias y los presidentes de las Cámaras de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, José Luis García Martínez; de Gran Canaria, José Sánchez Tinoco; de Lanzarote, José Torres Fuentes, y de Fuerteventura, Antonio Rodríguez Marichal, el posicionamiento del sector empresarial fue de contundente rechazo a “un concurso que degrada la prestación de servicio de una de las conexiones marítimas fundamentales entre el Archipiélago y la Península, lo que supone además de un trato discriminatorio, un paso atrás en la oportunidades de desarrollo y competitividad de la economía de estas Islas”.

“Inexplicable e inaceptable”

Para las Cámaras de Comercio resulta “inexplicable e inaceptable” que, tras las demanda del Gobierno de Canarias y el propio Parlamento regional, “la Administración central haya hecho oídos sordos al mantenimiento de una obligación de servicio público en una línea que resulta imprescindible para el sostenimiento de los sectores productivos canarios”.

“Cada día que un contenedor tiene de retraso, el coste que tiene que asumir el empresario solo en la refrigeración de la mercancía es de 500 euros, si se suma el transporte desde Los Cristianos a La Palma, la cifra asciende a 1.500 euros”

“No es comprensible que mientras en Baleares todas las Islas estén declaradas de servicio público, en Canarias, el Ministerio de Fomento pretenda retrotraer 20 años atrás a La Palma, Fuerteventura y Lanzarote”, declaró José Torres, quien, además, calificó de “pantomima” las bases del concurso, ya que Fomento “es consciente de que ninguna naviera ofertará cubrir estas Islas”.

Los representantes de las Cámaras de Comercio de Canarias y la directora general de Transportes también coincidieron en solicitar a la delegada del Gobierno, Mª del Carmen Bento, su mediación ante Fomento para que prorrogue el contrato en vigor, ya que hay un plazo de un año y medio más para hacerlo, y se promueva unas bases “justas” para la licitación de la obligación de servicio público de cabotaje marítimo Canarias-Península, además de consignarse los recursos económicos suficientes para que los operadores marítimos acudan a este concurso.

Rosa Dávila pidió a José Manuel Soria que desde su conocimiento de la realidad insular evite que queden desasistidas unas conexiones vitales para estas islas y su desarrollo social y económico.

Asimismo, las Cámaras apuntan al grave perjuicio económico, “inasumible en estos tiempos de crisis”, que supondrá que el concurso deje fuera las escalas de La Palma, Fuerteventura y Lanzarote. Tal y como explicó el presidente de la Delegación de la Cámara de Santa Cruz de Tenerife en La Palma, Mauro Fernández Felipe, “cada día que un contenedor tiene de retraso, el coste que tiene que asumir el empresario solo en la refrigeración de la mercancía es de 500 euros, si se suma el transporte desde Los Cristianos a La Palma, la cifra asciende a 1.500 euros, además de los dos días que pierde de estar en los circuitos de comercialización”.

Cesta de la compra

A juicio de Fernández Felipe, la exclusión de servicio público va a generar un notorio incremento en el precio de los fletes para las islas no capitalinas, así como una subida de los precios de la cesta de la compra, entre otros perjuicios.

Los presidentes de las Cámaras de Comercio anunciaron que remitirán una carta al Ministerio de Fomento pidiendo que se reconsidere un concurso injusto y perjudicial para Canarias y que rechaza el conjunto del empresariado canario. Asimismo, tienen previsto solicitar el próximo 28 de enero el respaldo del Pleno de las Cámaras españolas para que se posicionen a favor de asegurar la conectividad de una de las rutas marítimas más importantes entre el Archipiélago y la Península.

A la reunión de los presidentes de las Cámaras con la directora general de Transporte también asistieron el presidente de la Comisión de Transporte, Vicente Victoriano, el presidente del Consejo de Usuarios de Transporte de La Palma, Juan Manuel Guillén y el presidente de la Comisión de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Fuerteventura, Juan Jesús Rodríguez Marichal.

Durante la reunión, Rosa Dávila pidió a José Manuel Soria que desde su conocimiento de la realidad insular evite que queden desasistidas unas conexiones vitales para estas islas y su desarrollo social y económico. Añadió que esta “exclusión puede generar un notorio incremento en el precio de los fletes para las islas no capitalinas, por lo tanto, es una medida que profundizará en las desigualdades y falta de oportunidades de estas islas que van a ver mermadas su capacidad de conectividad”.

Asimismo, expresó su descontento hacia el director general de la Marina Mercante, con el que el Gobierno de Canarias ha mantenido relaciones fluidas hasta ahora, pero cuyo comportamiento en este asunto ha sido de una “insensibilidad y deslealtad institucional considerable”.

Antecedentes

El Gobierno de Canarias y el Parlamento han instado al Gobierno de España a que modifique el RD 1516/2007 para que se incluyeran definitivamente en la línea declarada de obligación de servicio público las islas de Fuerteventura, Lanzarote y La Palma, de forma que se garantizara en la licitación de los contratos la inclusión de estas islas de forma obligatoria. Sin embargo, el Ministerio de Fomento en reiteradas ocasiones se ha negado a ello aludiendo que en todos los contratos se incluían estas escalas.

El pasado mes de julio quedó desierta la convocatoria del concurso de la línea marítima Canarias-Cádiz. El Gobierno de Canarias se dirigió al Ministerio de Fomento instando a la prórroga del contrato en vigor, así como a que se consignaran los recursos económicos suficientes para que los operadores marítimos acudieran a dicha licitación. Este concurso estaba dotado con 4,7 millones de euros y se encontraban incluidas las escalas con las islas de Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma.

El Gobierno de España prorrogó su contrato con Acciona-Trasmediterránea, con el compromiso de dotar con suficiente presupuesto el nuevo concurso. “En todas las reuniones mantenidas con el Director General de Marina Mercante, éste garantizó la inclusión de las escalas en las islas no capitalinas que siempre habían sido objeto del concurso”, señala.

Sin embargo, el pasado día 8 de enero y con carácter de urgencia se publica en el BOE la convocatoria del concurso de obligación de servicio público Península-Canarias, donde la conexión con las islas de Lanzarote, Fuerteventura y la Palma no aparecen como una obligación (tal y como se ha venido convocando en anteriores concursos) sino como una mejora del concurso, dotando a la naviera que lo ofrezca de 50 puntos de los 200 de distintas mejoras.