Breña Baja cuenta con su propio protocolo de protección para las víctimas de violencia de género
El alcalde de Breña Baja, Borja Pérez, y el director insular de la Administradión General del Estado (AGE) en La Palma, Miguel Angel Morcuende, firmaron el pasado 8 de octubre el protocolo de colaboración y coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Policía Local para la protección de las víctimas de violencia doméstica y de género. El acto se llevó a cabo en el salón de plenos del y, con la citada firma, se hizo “realidad el compromiso de las instituciones para trabajar conjuntamente contra la violencia de género”. Estuvieron presentes, además del director Insular de la AGE y el alcalde de la localidad; el teniente de la Guardia Civil, Pedro Peinado Benítez; la jefa de la Unidad Contra la Violencia sobre la Mujer, Mª Alicia Pérez Bravo, y el concejal de Asuntos Sociales, Igualdad e Infancia y Empleo, Francisco J. Martín Castañeda, señala el Consistorio en un comunicado.
El alcalde, Borja Pérez Sicilia, manifestó que “el municipio de Breña Baja es pionero en muchos aspectos de asuntos sociales y como siempre mostrando especial sensibilidad con los colectivos mas desfavorecidos”. Añadió que “decidió sumarse con prontitud a este protocolo que garantizará que las víctimas de violencia de género del municipio cuenten con servicio óptimo, eficaz y destinado exclusivamente a esas personas”. También deseó que “protocolos como éste pronto sean algo del pasado y nuestra sociedad alcance el grado de madurez necesario para que la lacra de la violencia de género desaparezca definitivamente”.
Por su parte, Fran Martín Castañeda, concejal de Asuntos Sociales, afirmó que “con este acuerdo se pretende proporcionar a las victimas una respuesta policial eficaz en las situaciones de riesgo y marcada por la sensibilidad y calidad en la atención y protección, evitando actuaciones que supongan un incremento de la victimización y la duplicidad de intervenciones”. Además, agregó, “se busca facilitar la transmisión de información relevante para la protección de las víctimas entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los órganos judiciales, así como, garantizar la coordinación y colaboración policial con los recursos públicos y no gubernamentales dedicados al apoyo jurídico y psicosocial de las víctimas”.
Cabe destacar, se añade en la nota, “que la firma de dicho protocolo atiende a la Ley Orgánica 1/2004, de 29 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género”, donde se establece la necesidad de “coordinar los recursos e instrumentos de todo tipo, de los distintos poderes públicos para asegurar la prevención de los hechos de violencia de género”. “El Gobierno, con el fin de hacer más efectiva la protección de las víctimas, promoverá las actuaciones necesarias para que las Policías Locales, en el marco de su colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cooperen en asegurar el cumplimiento de las medidas acordadas por los órganos judiciales cuando éstas sean algunas de las previstas en la presente ley”.
