IUC en Los Llanos propone la redacción de un reglamento sobre el uso y cesión de los locales municipales
Izquierda Unida Canaria (IUC) en Los Llanos de Aridane propone la redacción de un Reglamento sobre el uso y cesión de los locales de titularidad municipal a entidades vecinales, culturales y deportivas, según se informa en nota de prensa.
A través de una moción que se debatirá en el próximo Pleno ordinario, que tendrá lugar este jueves a partir de las 19:30 horas, “planteamos que el Ayuntamiento tiene que tener unos criterios objetivos a la hora de ceder un local a cualquier entidad”, explican. “El futuro reglamento debería contener una serie de elementos que justificaran estas cesiones (actividades realizadas, número de socios, colaboración con las actividades municipales), con el fin de evitar cualquier arbitrariedad a la hora de cualquier cesión y de primar a aquellas entidades que trabajan por el beneficio de los habitantes de nuestro municipio”, subrayan. “Consideramos que antes de proceder a cualquier desarrollo normativo, debe crearse un Registro Público, al que debería accederse a través de la web municipal, en el que se recogieran la relación de locales municipales cedidos a entidades vecinales, culturales y deportivas”, añaden. Asimismo, dicen, “deberían recogerse aquellos locales que en la actualidad no se encuentran cedidos y que fueran susceptibles de ser solicitados por otras entidades”.
IUC también defiende que “el Ayuntamiento debe regular la cesión temporal de locales de titularidad municipal para la realización de eventos deportivos o conciertos en los que se obtiene un lucro por parte de los promotores. Al existir en estas iniciativas privadas un beneficio empresarial, el Consistorio debería recibir algún tipo de compensación por la cesión”.
En este pleno “también plantearemos que el Ayuntamiento se sume a otras corporaciones locales a la hora de exigir al Gobierno de España la derogación del apartado 3 del artículo 315 del vigente Código Penal. Un apartado que ha sido profusamente utilizado en la represión de trabajadores en sus actuaciones de organización o extensión de la huelga, en especial en los supuestos de huelgas generales. En los últimos meses se ha podido constatar la incoación de numerosos procedimientos penales contra trabajadores y trabajadoras y representantes sindicales, derivados del ejercicio del derecho de huelga, para los cuales el Ministerio Fiscal solicita, como regla general, penas privativas de libertad, excesivas y desproporcionadas”.
