Timibúcar demanda un trato ''singular''
Los vecinos de Timibúcar que aún no han firmado el contrato de arrendamiento (32 de 42) continúan buscando argumentos que avalen su rechazo a algunas cláusulas del documento. En un escrito que han presentado al Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma demandan un trato “singular” puesto, dicen, no se trata de una promoción de viviendas de protección oficial sino de una reposición “de propiedad municipal” que se ha venido ocupando en régimen de arrendamiento “durante un largo periodo de tiempo” y que debido al mal estado de conservación de las casas, éstas han tenido que ser repuestas.
Esta particularidad, señalan, “conlleva que la formalización de los nuevos contratos no puede llevarse a cabo mediante documentos estándar utilizados en otras promociones sin atender a la realidad ya existente pues, de lo contrario, nos encontraríamos a una novación de las condiciones de los contratos que hasta la fecha venían rigiendo las viviendas que en su día le fueron adjudicadas y que las actuales vienen a sustituir, sin olvidar que el actual clausulado resulta en muchos aspectos abusivo”.
El primer punto de discrepancia del contrato que aprobó el Ayuntamiento el pasado 17 de diciembre es “la renta a pagar por muchos de los arrendatarios que desconocen los criterios de baremación utilizados”. Además de los estatutos, normas de convivencia o manual de uso, señalan, “tampoco se ha adjuntado al contrato la Calificación Definitiva por lo que se desconocen aspectos fundamentales de la contratación como el precio máximo de arrendamiento para estas viviendas o las obligaciones de los arrendatarios”.
Otro punto de conflicto es “la cuota de participación en los gastos comunes y que se fija inicialmente en 45 euros para las viviendas”. Consideran que este importe “resultaría algo excesivo, no pudiendo ser afrontado en muchos casos por los ocupantes de las casas, con el riesgo que ello conlleva respecto a que se produzca una alta morosidad y las consecuencias derivadas de la misma”. Además, puntualizan, “si las viviendas no tienen todas la misma superficie, su coeficiente de participación en los elementos comunes no sería igual”.
También se critica que se obligue a los arrendatarios “no sólo al pago (que suele ser lo normal) de los servicios de agua, gas o energía eléctrica, sino también a la contratación de tales servicios teniendo que asumir los gastos que ello conlleve”.
En el contrato, apuntan, “se deja bien claro que el propietario es el Ayuntamiento y que sus ocupantes lo hacen a título de arrendatario, si bien luego se les trata como tal al repercutirle todos los gastos que conlleva ser propietario de una vivienda, llegando incluso a tener que formar parte de lo que denominan junta de administración y que viene a sustituir a la verdadera junta de propietarios prevista en la legislación vigente y liberando al arrendador de toda obligación respeto de su propiedad, con unos estatutos que en muchos puntos son contradictorios con los propios contratos de arrendamiento”.
Sin embargo, una de las cláusulas que más rechazo ha generado es la referida a la duración de los contratos, que se ha establecido en cinco años. “Resultaría corta si tenemos en cuenta que la duración normal en arrendamientos de vivienda protegida oscila entre los 10 y los 25 años”, apuntan. Por otro lado, destacan “la incertidumbre y temor que crea en muchas familias el hecho o la posibilidad de que transcurrido dicho plazo tuvieran que abandonar las viviendas, máxime cuando los anteriores contratos no se encontraban limitados en el tiempo”.
También plantean la posibilidad de “incluir en el contrato, como ya existiera en los anteriores, una opción de compra de la vivienda trascurrido el tiempo mínimo que la misma ha de ser destinada al arrendamiento, fijando el precio de adquisición de conformidad con la normativa vigente y del cual formaría parte las cantidades desembolsadas durante el arrendamiento en concepto de renta”. En este sentido, el alcalde, Sergio Matos, anunció en días pasados que están realizando gestiones con el Estado y con el Gobierno de Canarias para que en un plazo aproximado de diez años las casas puedan ser adquiridas.
Los vecinos también exponen “la incertidumbre que crea las consecuencias del cambio de las circunstancias socioeconómicas de los miembros que integran la unidad familiar durante el tiempo de arrendamiento, previéndose la posibilidad no sólo de modificar la renta sino también de extinguir el contrato”. Dicen que “dicha cláusula tendría razón de ser si nos encontráramos ante un supuesto normal de VPO donde el cambio de dichas circunstancias podría llevar la pérdida del derecho a su ocupación, pero dada la singularidad ya expuesta de este tipo de viviendas no tendría virtualidad alguna pues los destinatarios son necesariamente las 42 familias que venían ocupando las viviendas que ahora se reponen”.
El Ayuntamiento ha convocado para la noche de este miércoles, a las 20.00 horas, en la sala La Recova, a todas las familias que ocuparán el edificio de Timibúcar al objeto de escuchar sus quejas y de intentar solucionar definitivamente el conflicto surgido al no aceptar la mayoría de arrendatarios las condiciones impuestas en el contrato.
