El Gobierno de Canarias se reafirma en su acuerdo de implantar en 2020 la renta ciudadana

El Gobierno de Canarias se ha reafirmado este miércoles en su decisión de implantar a lo largo de 2020 la renta ciudadana incluida en la última reforma del Estatuto de Autonomía, para lo que va a poner en marcha todos los análisis y trabajos previos que permitan impulsarla.

En un comunicado, el Ejecutivo anuncia que el vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez (NC), y la titular de Derechos Sociales e Igualdad, Noemí Santana (Sí Podemos), se han reunido este miércoles para “coordinar los trabajos previos a la elaboración de la futura ley de renta ciudadana y avanzar tanto en su definición normativa como financiera”.

“Queremos reafirmar la voluntad de implantar el próximo año la renta ciudadana, un gran objetivo de este Gobierno para el que hemos empezado a coordinar esfuerzos de cara a preparar el proyecto de ley”, ha señalad Rodríguez al terminar la reunión.

Por su parte, Santana ha señalado que ha empezado “la cuenta atrás para implantar la renta ciudadana que tanto necesita esta tierra” y ha reiterado que “es objetivo prioritario de este Gobierno mejorar la calidad de vida de la gente de Canarias”.

En la misma reunión, las dos consejerías han acordado reprogramar, a solicitud de los cabildos, el Plan de Infraestructuras Sociosanitarias, de modo que se amplía la previsión plurianual de ejecución con garantías de la financiación acordada.

“Este deslizamiento temporal permitirá acompasar la gestión de las corporaciones insulares”, apunta el Ejecutivo.

La consejera de Derechos Sociales ha explicado que los cabildos tienen problemas para ejecutar el plan en los plazos previstos, lo que aconseja la firma de acuerdos que permitan su aplicación más allá del año 2021.

El Gobierno de Canarias aporta al Plan de Infraestructuras Sociosanitarias 161,5 millones, a los que se suman 101,8 de las corporaciones insulares hasta totalizar 263 millones de euros.

Este plan autonómico prevé la construcción de nuevos centros de atención sociosanitaria, la mejora de ya existentes y un aumento de casi 5.500 nuevas plazas para mayores y personas con discapacidad.