Aprobado el decreto urbanístico para reconstruir La Palma con la abstención de PSOE y NC

El pleno del Parlamento de Canarias ha convalidado este miércoles el decreto de medidas urbanísticas y territoriales para la reconstrucción de La Palma, apoyado por los partidos del Gobierno y Vox y que ha contado con la abstención de la oposición del PSOE y NC.

El PSOE se ha abstenido porque considera que “hay afectados de primera y de segunda” y estos últimos se les deja en un “limbo” a la espera de que se enfríe la lava, mientras que Nueva Canarias ha rechazado que se permita edificar segundas residencias y viviendas vacacionales en suelos rústicos de protección agraria y ambiental.

Aunque no ha habido unanimidad en la convalidación de este decreto, el primero de los cuatro que ha anunciado el Gobierno para la reconstrucción de La Palma, el voto del pleno del Parlamento sí ha sido unánime a la hora de decidir tramitarlo como proyecto de ley, lo que permitirá a los grupos presentar enmiendas parciales a su contenido y en su caso que queden incorporadas al texto.

El decreto permite a los afectados por la erupción volcánica reconstruir sus casas en la zona donde la altura de las coladas sea inferior a los 10 metros (zona verde), previa licencia urbanística.

También en zonas donde la colada supera los 10 metros de grosor si cuentan con un informe preceptivo favorable del Cabildo de La Palma (zona amarilla).

En la zona roja, más próxima a las zonas de emisión de lava, la posibilidad de edificar queda pendiente de la delimitación de espacios naturales protegidos.

Otra posibilidad es que los afectados puedan reconstruir sus viviendas habituales, segundas residencias y viviendas vacacionales en otros terrenos de la isla, incluidos suelos rústicos.

La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, reiteró ante el pleno que este primer decreto de medidas en materia territorial y urbanística para la recuperación económica y social de la isla de La Palma tras la erupción volcánica de Cumbre Vieja irá seguido de otros tres, sobre el régimen agrario, la vivienda y los suelos estratégicos.

También se remitirá al Parlamento en febrero un proyecto de ley de volcanes.

Barreto dijo que este primer decreto es un precedente normativo para atender futuras erupciones volcánicas en Canarias, porque “es seguro que habrá más”.

“A partir de este decreto, las personas afectadas cuentan con una norma que blinda sus derechos” cuando son afectados por una erupción volcánica, dijo Barretto, y destacó que las modificaciones que se introduzcan en el Parlamento durante su tramitación como proyecto de ley servirán para mejorar la seguridad jurídica de las personas.

Destacó que se reconoce el derecho a la propiedad privada sobre lo que la lava arrasó, el derecho a construir sobre la lava, el derecho a ser compensado por las pérdidas, el derecho de los herederos y el derecho a trasladar la propiedad a cualquier otro suelo.

“No hemos hecho un decreto para reconocer solo el derecho de algunas personas”, ya que en La Palma “es tan importante una vivienda habitual como una segunda vivienda o una vacacional”.

Alicia Vanoostende, del PSOE, consideró en cambio que el decreto es decepcionante, prueba de que el gobierno “no está cumpliendo con la isla de La Palma”.

Este decreto “empeora lo que se había dejado consensuado con los afectados” por el anterior ejecutivo y que respondía “al cien por cien de los casos” de los afectados, porque se redactó “junto a ellos”, mientras que ahora no se ha contado con su participación, dijo Vanoostende.

“Hay afectados de primera y de segunda” puesto que los que tenían sus casas en donde las coladas superan los diez metros “quedan en el limbo, sin respuesta, a la esperar de que se enfríe la lava y eso es inaceptable”.

Diana Lorenzo, de CC, destacó el trabajo que ha realizado su partido para solucionar gran parte de los problemas tras la erupción.

“Se defiende el derecho a la propiedad, a la herencia, a recuperar lo perdido, y los afectados deciden cómo y dónde, no se les aboca a la pérdida de la identidad ni al desarraigo”, afirmó.

Raquel Díaz, del PP, consideró que este decreto, aunque no da respuesta a todos los vecinos afectados, permite avanzar en un proceso de recuperación que no podía seguir eternizándose.

“Hay que buscar alternativas para los vecinos que no pueden recuperar su parcela en su ubicación natural, no se puede dejar a un solo palmero atrás”, dijo Díaz.

Luis Campos, de Nueva Canarias, defendió que todos los afectados deben recuperar sus derechos, pero añadió que el decreto genera incertidumbres porque no soluciona la situación de quienes tenían propiedades donde las coladas tienen más de diez metros.

Además, se renuncia a cualquier planificación urbanística y se permite reubicar en suelo rústico, incuso de protección agraria o ambiental, no solo las viviendas habituales, sino también segundas residencias y viviendas vacacionales.

Los derechos en estas segundas residencias y viviendas vacacionales tienen que garantizarse de otro modo, buscando bolsas de suelo y un planeamiento ordenado, defendió.

Paula Jover, de Vox, dijo que esta norma protege y salvaguarda la seguridad de los vecinos permitiendo y acción inmediata después de las “muchas promesas sin cumplir” de Pedro Sánchez.

Jesús Ramos Chinea, de ASG, destacó que ha habido participación ciudadana en la elaboración de este decreto, que es una norma muy importante para evitar el despoblamiento del valle y el desarraigo de la población.

Para Raúl Acosta, de AHI, el decreto sitúa el el reloj en la realidad urbanística y territorial anterior a la erupción y permite una recuperación rápida con seguridad jurídica.