Manuel Marcos Pérez (PSOE): “No estamos de acuerdo en abrir el suelo rústico a la explotación turística”

El uso del suelo rústico ha sido  este lunes uno de los motivos de división de opiniones entre cabildos y grupos parlamentarios durante la comisión de Cabildos de la Cámara regional que trataba la reforma de la Ley de Ordenación Territorial de la Actividad Turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma (conocida como Ley de las Islas Verdes). 

El presidente del grupo Socialista en el Parlamento de Canarias y diputado por La Palma, Manuel Marcos Pérez, abogó por conseguir un desarrollo socioeconómico que reequilibre las Islas Verdes con el resto y se evite el abandono de jóvenes cualificados. 

“Apostamos por que el suelo rústico tenga un nuevo papel, pero no estamos de acuerdo en abrir el suelo rústico a la explotación turística y que las casas rurales puedan construirse ex-novo”, dijo Pérez, que explicó que esto propiciará que no se recupere el patrimonio y que inversiones privadas deriven en construcción de nuevos edificios.

En el transcurso de la reunión, la presidenta del Cabildo de El Hierro, Belén Allende, subrayó que la ley tiene ya 15 años y ha sufrido ocho modificaciones directas y cinco indirectas, así que a su juicio lo que toca es “ponderar y potenciar un modelo diferenciado”, así como la reestructuración y refundición del texto para generar seguridad entre funcionarios y operadores económicos. 

Matizó que aunque el perfil de las Islas Verdes  (La Palma, La Gomera y El Hierro) parece idílico, su realidad debe tener un “encaje normativo” porque de lo que se trata es “dar valor al suelo rústico”. 

El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, señaló que hay que tener en cuenta la pérdida de población de estas tres islas y ha pedido a los grupos una reflexión “sensata” para que La Gomera no sea un “parque” donde ven pasar la riqueza sin poder gestionarla.

“No vamos a fijar a la población del futuro una realidad agrícola porque hay que trabajar para diversificar la economía”, apuntó Curbelo, quien agregó que aunque no ve a La Gomera dentro de 30 años con más de 35.000 habitantes, no quiere decir que la gente que nazca en esa isla no pueda tener posibilidades de desarrollar su vida allí.

“Queremos un desarrollo sostenible y que el parlamento sea capaz de refundir en un texto único el conjunto de leyes que hasta ahora están dispersas”, concluyó el también diputado.

El consejero de Política Territorial del Cabildo de La Palma, Gonzalo Pascual, coincidió con el análisis socioeconómico y detalló que su isla se encuentra en una situación de dependencia del sector primario que “está como está” y al que hay que plantear una alternativa.

Pascual afirmó que hay un envejecimiento poblacional y una diáspora intelectual que hace que los jóvenes vayan a estudiar fuera y no vuelvan, por lo que la reforma de la ley podría dinamizar, ser un “acicate” para el cambio y revertir la situación. 

El dirigente insular resaltó que no necesitan “grandes y profundos cambios” que atisba en la nueva ley y que no comparte que para reformar “un pequeño pajero” sea necesario una declaración de impacto ambiental porque eso sometería a “trámites innecesarios” a pequeños inversores. 

“Estamos a favor de un texto refundido que armonice y acabe con la inseguridad jurídica”, terminó Pascual.

Por parte de los grupos parlamentarios, la diputada de la Agrupación Socialista Gomera Melody Mendoza dijo que en las últimas décadas ha habido un crecimiento y desarrollo “importante” en todas las islas menos en La Gomera, La Palma y El Hierro, que tienen un alto porcentaje de envejecimiento.

Agregó que lo que quieren es crecer “de forma controlada” y, después de tantas alteraciones, una refundición de una ley que “no es ninguna barra libre como se ha querido dar a entender”.

A esa afirmación, el portavoz de Nueva Canarias, Román Rodríguez, respondió que es cierto que no es una barra libre sino un “entre usted y sírvase lo que quiera”. 

Rodríguez indicó que no hay ninguna razón para pensar que esta modificación vaya a ser “la buena” y esgrimió que la reforma pretende “entrar a saco” sobre el suelo rústico “casi sin limitaciones” para promover actividad turística. 

El diputado del grupo Podemos Manuel Marrero defendió un turismo rural sostenible y de naturaleza, con responsabilidad y respeto al territorio y patrimonio, y señaló que están en desacuerdo con “las formas” de tramitación, es decir, por vía urgente y presentada por el partido del Gobierno y no por el propio Ejecutivo.

“Han querido utilizar una argucia parlamentaria para que no se someta a plazos tan largos, ni exposición pública o informes jurídicos y pueda aprobarse antes de marzo”, reflexionó Marrero, que añadió que tantas modificaciones ponen de manifiesto los “sucesivos fracasos” de Coalición Canaria. 

La diputada del Partido Popular Águeda Montelongo reseñó que estas islas “tienen cosas que no tiene nadie y hay que crear la demanda y ponerlas en valor”. 

Agregó que la ley no va a garantizar el inmediato desarrollo turístico, no resuelve “de inmediato” el problema y habría que evitar la grandilocuencia en este momento “electoral”. 

El diputado del grupo Nacionalista Canario Antonio Castro aseveró no compartir la “desconfianza” sobre los responsables que llevan a cabo la reforma y pidió respetar el principio jurídico de no presuponer que las cosas se van a hacer mal. 

Castro apeló a la negociación, enfatizó en la constitucionalidad de este texto y subrayó que el futuro “está en hacer las cosas en verde”. 

FE DE ERRORES. Las manifestaciones atribuidas por Efe inicialmente a Anselmo Pestana, según ha aclarado la agencia de noticias, fueron realizadas por Manuel Marcos Pérez.