Qadri pide al Gobierno de Canarias mayor inversión para impulsar la creación y protección de las empresas avícolas en La Palma

El diputado del Partido Popular (PP) por La Palma, Jacob Qadri, ha pedido al Gobierno de Canarias “mayor inversión para impulsar la creación y protección de las empresas avícolas en La Palma”, se destaca en una nota de prensa del PP. También ha solicitado al Ejecutivo regional que “articule los mecanismos necesarios para que ayude a las empresas palmeras a subvencionar el traslado de aves hasta Tenerife para que sean sacrificadas, y posteriormente regresen a La Palma para su comercialización. Qadri señala que ”esta medida supondría un gran aliciente para el desarrollo de la industria, la economía y la creación de empleo relacionado con el sector avícola“. Además, recuerda que ”el Matadero Insular carece de línea de sacrificio de aves, por lo que algunas empresas del sector han tenido que cerrar sus puertas, al no poder hacer frente al gasto que supone hacer todo este proceso“. Subraya que ”una vez más queda demostrado la gran desventaja que sufrimos los palmeros frente a las islas capitalinas“.

Qadri también ha presentado varias enmiendas a la Proposición No de Ley presentada por Coalición Canaria en la que se pide una normativa que regule la instalación obligatoria de circuitos cerrados de televisión en todos los mataderos con el objetivo de garantizar que se cumplan todos los protocolos de bienestar animal.

El diputado autonómico por La Palma defiende que “se articulen las ayudas necesarias para que los costes elevados de estos sistemas de video vigilancia no los tenga que asumir íntegramente los mataderos, y que tampoco repercutan en la factura de los ganaderos cada vez que tengan que llevar a sacrificar uno de sus animales. Porque ahora más que nunca el sector primario debe contar con el apoyo del Gobierno, y es importante que las medidas que se adopten no supongan un coste más para estas empresas”. Pide asimismo al Gobierno de Canarias que inste al Gobierno de España a elaborar una normativa nacional común, “que sirva como base para la elaboración de una normativa autonómica, con el fin de unificar criterios para evitar encontrarnos en cada comunidad autónoma con una norma diferente”, concluye.