“La vivienda es un derecho hipotecado en España”
Los activistas del grupo local de Amnistía Internacional han protagonizado este sábado una acción de calle frente al Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma en defensa del derecho a la vivienda. Domingo Airán Pérez Santana ha sido el encargado de leer el manifiesto.
Amnistía Internacional lanzó el pasado 23 de junio el informe ‘Derechos desalojados. El derecho a la vivienda y los desalojos hipotecarios en España’. En el documento se denuncia que entre 2008 y el primer trimestre de 2015 se han iniciado 598.747 procesos de ejecución hipotecaria en España. A nivel internacional, el Comité DESC (Derechos Económicos, Sociales y Culturales) de Naciones Unidas ha pedido a España que asegure la accesibilidad a recursos jurídicos para las personas que se enfrentan a procedimientos de ejecución hipotecaria y han recordado que el gobierno debe garantizar que su legislación y su aplicación sean conformes con las obligaciones del PIDESC (Pacto Internacional sobre Derechos Económicos Sociales y Culturales.
Así lo advirtió Amnistía Internacional en su informe ‘Derechos Desalojados’, en el que pide que se paralicen todos los desalojos hipotecarios hasta que no se adopten garantías de protección de derechos humanos. En concreto, la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para que los jueces analicen, caso por caso, la razonabilidad y proporcionalidad de un desalojo, y el establecimiento de un mecanismo obligatorio para supervisar las negociaciones entre las entidades financieras y las personas.
España es uno de los países con menor número de vivienda social en Europa, con tan sólo el 1,1% frente al 32% de Holanda, el 23% de Austria o el 18% de Reino Unido. También es el que cuenta con el mayor número de viviendas vacías: el 30% de todas las que hay en Europa se encuentran en España. Además, las autoridades españolas han tomado medidas regresivas injustificadas de reducción del gasto social en vivienda, según Amnistía Internacional.
Esta organización no gubernamental lanzó el pasado mes de junio la campaña #UnaPuertaUnaHistoria para exigir al Gobierno que proteja el derecho a la vivienda. Más de 70.000 personas han firmado la ciberacción para recordar al Gobierno que “ninguna persona debería encontrarse indefensa por no poder pagar una hipoteca”.
MANIFIESTO
La vivienda: un derecho hipotecado en España
El derecho a la vivienda es un derecho humano que está siendo vulnerado en España como consecuencia de los desalojos hipotecarios. Desde el inicio de la crisis en 2008, cientos de miles de personas han perdido su vivienda o corren el riesgo de perderla. La vivienda se ha considerado históricamente como un bien de consumo o inversión, y no como un verdadero derecho humano con obligaciones para las autoridades.
En España:
- La legislación no permite que las personas puedan reclamar la defensa del derecho a la vivienda ante los tribunales ni permite que los jueces analicen la proporcionalidad de un desalojo, caso por caso y el impacto del mismo en la vida de las personas.
- Las autoridades no han creado un mecanismo que supervise las negociaciones entre las entidades financieras y las personas afectadas. En consecuencia, las personas en riesgo de sufrir un desalojo hipotecario se encuentran desprotegidas.
El Gobierno español ha incumplido sus obligaciones internacionales en materia del derecho a la vivienda. Las medidas adoptadas han sido insuficientes. Al contrario, cuando las personas necesitan mayor protección, el Gobierno ha adoptado medidas regresivas injustificadas como la reducción del gasto público en vivienda en un 50% desde 2008, en un país que únicamente cuenta con un porcentaje de vivienda social del 1,1%.
Por todo ello, Amnistía Internacional pide al Gobierno español:
- La paralización de todos los desalojos hipotecarios hasta que no se adopten medidas de protección de derechos humanos.
- La modificación de la ley de enjuiciamiento civil para garantizar que los jueces puedan evaluar la proporcionalidad y razonabilidad de un desalojo, caso por caso.
- La creación de un mecanismo obligatorio para supervisar las negociaciones entre los bancos y las personas afectadas para asegurar que el desalojo es el último recurso posible.
- La consulta con las personas afectadas y las organizaciones, la realización de evaluaciones de impacto en los derechos humanos y de género de los desalojos, y la publicación de datos desagregados.
El Gobierno español, las comunidades autónomas y los ayuntamientos deben invertir más recursos e incrementar el parque de vivienda social, y abstenerse de tomar medidas regresivas injustificadas contrarias al derecho internacional. Detrás de cada puerta hay una historia Exige al gobierno que no acabe en desalojo.
