Avalan el 'destierro' del notario que denunció el caso Los Tarajales
La historia entorno al exnotario de Los Llanos de Aridane J.D.F. y su esposa J.T.M. se convirtió en un asunto recurrente en la prensa palmera a principios de la pasada década. Este matrimonio fue el primero en denunciar públicamente lo que estaba ocurriendo en el suelo sobre el que se levantó el edificio Los Tarajales. Años después el caso conocido con ese mismo nombre mantiene como imputados a 32 personas entre las que están anteriores técnicos de la Comisión Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac), exresponsables del Ayuntamiento de Tazacorte y exaltos cargos del ejecutivo autónomo.
En el fondo de este asunto se encuentra un súbito cambio en la calificación del suelo en la costa de Tazacorte que pasó de urbano a ser considerado dominio público en poco tiempo. El suficiente como para que se concediera la licencia de construcción de este inmueble, declarado hoy ilegal. Lo cierto es que años después el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) acaba de avalar la orden del Ministerio de Justicia que obligó al traslado forzoso del notario por la comisión de una falta tipificada como muy grave. Lo último que se supo del fedatario es que estaba ejerciendo en un pueblo de Extremadura. El TSJM considera que la sanción no se basó en su posición personal crítica contra las administraciones. En realidad el origen del expediente está en haber infringido el precepto de que un notario no puede trabajar en lugares donde esté inmerso en enfrentamientos graves y reiterados. Como ocurrió en Tazacorte.
No se sabe muy bien por qué el matrimonio decidió lanzarse de cabeza en la denuncia de este entramado urbanístico. Según el entonces alcalde, Ángel Pablo Rodríguez el matrimonio pretendió hacerse con una parcela a un precio irrisorio porque disponía de información privilegiada e incluso los acusa de haber presionado a los propietarios originales. Al no conseguirlo pero ver que el suelo era calificado como urbano impugnaron las normas subsidiarias y emprendieron una auténtica lucha sin cuartel contra las administraciones. En esta guerra también hubo capítulos pintorescos. Por ejemplo, trascendió en la prensa de la época que en el expediente abierto en Costas aparecieron unos versos en los que se caricaturizaba “a la señora notaria” y cuya autoría se atribuyó a un técnico. Cuando la aludida encontró los versos los leyó delante de todo el Departamento y luego levantó un acta notarial. Por supuesto el técnico fue expedientado. Así lo relató J.T.M durante su declaración como testigo en el Juzgado de Los Llanos a raíz de las investigaciones abiertas por el caso LosTarajales.
El entonces alcalde presentó una queja ante el colegio de notarios al acusar a J.D.F. de intentar especular con los terrenos al tener acceso a información privilegiada. A partir de aquí surgió la orden del Ministerio que acaba de ser ratificada por el TSJM y contra la que ya no cabe recurso alguno. La lucha de esta señora contra las normas subsidiarias dio sus frutos ya que fueron anuladas al ampliarse la franja de suelo público de 20 a 100 metros. Sin embargo lo cierto es que de poco ha servido ya que la orden de “destierro”que cayó sobre su marido ha sido avalada por los tribunales. Durante este último proceso judicial el notario aportó, sin éxito, la sentencia del Tribunal Supremo (TS) del año 2012 en la que se ratifica, una vez más, la delimitación de Costas que fija la anchura en 100 metros y por lo tanto deja dentro de la misma al edificio Los Tarajales.
