Intentan regularizar los 11 vertidos al mar ilegales que existen en La Palma
La Palma cuenta en estos momentos con un censo de 11 vertidos de aguas residuales al mar sin autorización, ubicados en los municipios de Santa Cruz de La Palma (4), San Andrés y Sauces (2), Breña Baja (3) y Tazacorte (2), según datos facilitados a este digital por el vicepresidente del Cabildo, José Luis Perestelo, quien considera que “las cosas se están haciendo bien en la Isla y los vertidos que se realizan son perfectamente posibles pero la realidad objetiva es que no están legalizados, por tanto habrá que hacer el proceso administrativo de legalización”.
El próximo jueves representantes de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias y de los ayuntamiento se reunirán en la Isla para “intentar activar los mecanismos administrativos que permitan la legalización y regularización de estos vertidos”, adelantó Perestelo.
Los 11 vertidos activos actualmente “sí tienen tratamiento pero por una u otra razón carecen de autorización”, precisó. “Hasta ahora no había habido ningún tipo de problema en La Palma pero indudablemente cuando vemos que en otros territorios han surgido problemas tenemos que ser conscientes de que hay que hacer mejor las cosas”, añadió.
En Breña Baja, se encuentran en activo el tanque de tormentas de Los Cancajos, el nuevo aliviadero de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) y el emisario submarino; en San Andrés y Sauces, el Barranco del Agua y el emisario submarino Puerto Espíndola; en Santa Cruz de La Palma, dos puntos vinculados a la EDAR, el emisario submarino de Maldonado y Real Club Náutico, que vierte agua salada de las piscinas, y en Tazacorte, el nuevo aliviadero y el emisario submarino. “En todos los casos, excepto el Club Náutico, se trata de infraestructuras de la administración pública”, subrayó Perestelo.
En este sentido, la consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, ha solicitado “voluntad y compromiso a todas las administraciones en el ámbito de sus competencias para dar solución definitiva a los vertidos sin autorizar” y ha hecho un llamamiento “a los partidos políticos para abordar un problema que no es de hoy ni de hace una década, sino que arrastramos desde siempre en Canarias”.
Barreto ha recordado las competencias de cada administración en esta materia, señalando que la depuración de aguas es responsabilidad municipal, tal y como regula la normativa estatal y canaria, debiendo contar, además, con la autorización del Consejo Insular de Aguas del cabildo correspondiente.
Corresponde a la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias otorgar las autorizaciones en materia de vertidos al mar, pero si se realiza dentro del dominio público hidráulico, el órgano competente es el Consejo Insular de Aguas.
El vertido más común en La Palma es el de agua residual urbana, representando el 76%, seguido de los vertidos de agua residual industrial, que suponen un 12%.
Atendiendo a las características del efluente, los vertidos que se han detectado en la Isla han sido agua salada (piscinas), agua residual urbana, agua residual industrial y salmuera.
